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Frente Polisario El Ejército avisó de la llegada de un avión argelino con personalidades VIP para evitar la identificación formal de Grahim Ghali

El abogado de la acusación popular asegura que "no se comprende" que los oficiales de guardia no cumplieran ni el protocolo de la base ni el Reglamento de Schengen, dejando cruzar la frontera a ese "presunto diplomático" argelino sin identificar.

Brahim Gali, líder del pueblo saharaui, durante la rueda de prensa exclusiva con medios españoles. JOSE CARMONA
Brahim Gali, líder del pueblo saharaui, durante la rueda de prensa exclusiva con medios españoles. JOSE CARMONA.

Brahim Ghali fue identificado a su entrada en España a través de la base aérea de Zaragoza como diplomático. Viajaba en un avión argelino para personalidades VIP y disponía de todas las autorizaciones necesarias para el aterrizaje. No obstante, según informa la Agencia Efe, avisó únicamente de la llegada de la aeronave para evitar el proceso de identificación formal del líder del Frente Polisario.

Sucedió el 18 de abril de 2021. Su llegada se documentó tras un aviso a través de una llamada telefónica del Estado Mayor del Ejército del Aire en la que advirtieron que el vuelo venía garantizado por el Ministerio de Exteriores.

Ese mismo día se hizo una declaración como testigo ante agentes policiales por el oficial de servicio en la base, por orden del titular del Juzgado de Instrucción de Zaragoza número 7, quien investiga la presunta entrada ilegal del líder polisario en el país.

Los mismos testigos aseguran, según la mencionada agencia, que una ambulancia recogió al diplomático, enfermo grave de covid. El vehículo sanitario fue escoltado por la policía aérea de la base. En la misma declaración, aseguran que un civil se montó en el asiento del copiloto de la ambulancia, quien luego fue identificado como el hijo de Ghali.

Las fuentes sitúan en este mismo momento en el recinto aéreo al coronel del ejército del aire que ostenta el cargo de segundo jefe de la base aérea de Zaragoza.

Por otra parte, en un informe remitido al juez por el comisario jefe de la Comisaría Especial de Policía Nacional se indica que el director adjunto operativo del Cuerpo, que declaró en pasadas fechas ante el instructor, no fue informado de la entrada de Ghali. 

El representante de la acusación popular, el letrado malagueño Antonio Urdiales, ha destacado en declaraciones a la Agencia Efe que "no se comprende" que los oficiales de guardia no cumplieran ni el protocolo de la base ni el Reglamento de Schengen, dejando cruzar la frontera a ese "presunto diplomático" argelino sin identificar y a sus acompañantes.

Por esta razón, Urdiales pedirá al instructor del caso que estos dos oficiales declaren en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación, al autorizar la entrada de personas "violando la normativa de Schengen y el propio protocolo de la base aérea de Zaragoza".

En su opinión, "si el juez Lasala no entiende que esto es delito, será la Audiencia de Zaragoza quien tendrá que dar la respuesta final, y si finalmente no se aprecia delito alguno, pues que sean bienvenidos los contrabandistas a los aeropuertos militares invitados por funcionarios ministeriales".

La presencia de Gali en España

Apenas cuatro días antes, Brahim Ghali recibió un oficio del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de requerimiento para prestar declaración como investigado en una causa por terrorismo. Esta declaración finalmente se produjo por videoconferencia desde el hospital riojano donde fue ingresado el cinco de mayo, después de hacerse pública a través de los medios de comunicación la presencia de Ghali en España. 

La causa judicial, en la que permanece como investigada la exministra de Exteriores Arancha González Laya tras el sobreseimiento del procedimiento en relación a su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, permanece en suspenso a la espera de que la Audiencia de Zaragoza resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del instructor.

Esta decisión ha sido recurrida por el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado, que reclaman el sobreseimiento de la causa también respecto a González Laya, así como por el letrado de una de las acusaciones populares, el abogado malagueño Antonio Urdiales, que solicita el mantenimiento de Villarino como investigado por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento.

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