Cánticos de "El poble valencià contra la corrupció", pancartas cuyos lemas reclaman el dinero robado y una performance teatral moralizando sobre la necesidad de limpiar la justicia. De esta manera la Coordinadora Valenciana de ONGD y el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción reivindicaron hace dos semanas, a las puertas de la Ciutat de la Justícia de València, una "sentencia justa" en el segundo juicio contra el exconseller Rafael Blasco, acusado junto con otras 23 personas de desviar fondos destinados a proyectos de cooperación internacional.

Lourdes Tafaner, presidenta de la Coordinadora, expresaba creer probado el delito de asociación ilícita y mostraba su preocupación ante el posible acuerdo entre la Fiscalía y los principales acusados, pues decía no garantizaba la devolución de las cantidades implicadas.

La Coordinadora Valenciana de ONGD actúa como acusación popular en este juicio que desde el mes de abril tiene lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, un proceso que cubre las piezas II y III del conocido como caso Blasco y que fue visto para sentencia el pasado lunes. Entre los acusados, además del exconseller, se encuentran el empresario Augusto César Tauroni, su hermano Arturo Tauroni y el funcionario afín al exconseller Marc Llinares (exjefe del Área de Solidaridad de la Conselleria), así como trabajadores de las empresas de Tauroni.

La magistrada instructora Nieves Molina, ya en el auto de procesamiento, concluía evidencia en la conexión entre Blasco, Tauroni y Llinares en una supuesta trama que habría desviado casi cinco millones de euros destinados a once proyectos solidarios en países empobrecidos, entre los cuales la construcción de un hospital en Haití que nunca llegó a realizarse.

Blasco y Tauroni habrían ejercido como jefes de un entramado de veinte empresas y falsas ONGD creadas a conciencia con el fin de ser beneficiadas en varios procedimientos de concesión de subvenciones, con la inestimable ayuda de Llinares, y proceder así a repartirse ilícitamente los fondos públicos. De la instrucción de las piezas, concluida en 2017, se desprenden los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. En su último turno de palabra, Blasco negó toda implicación en cualquier trama delictiva, se declaró insolvente y tildó la causa de fake news.

A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente 16 años de cárcel para Blasco y 22 para Tauroni, la petición inicial ha acabado reduciéndose a tres años y medio en virtud del pacto alcanzado entre algunos acusados y el ministerio público. El exconseller se beneficia de ello tras haber reconocido malversación de caudales, prevaricación y falsedad, además de haber aportado dos bienes inmuebles. Como anécdota, se ha sabido recientemente que uno de los locales que habría acordado entregar en dación, sito en el Eixample de València, aloja actualmente un negocio de estética cuyo página web publicita servicios sexuales y masajes eróticos.

Rafael Blasco y Augusto Tauroni durante el juicio del 'caso Cooperación' /EFE

El dinero vuela a Miami

Roger Rabbit, tal como Blasco era conocido entre los colaboradores de la trama, fue condenado en 2014 a seis años y medio de prisión, así como a 20 años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación y falsedad documental. Fue en el marco del juicio correspondiente a la primera pieza del caso, que investigaba el desvío de fondos de cooperación a Nicaragua en 2008; unos fondos utilizados por la Fundación Cyes para invertir en la compra de inmuebles en València. Sin embargo, el exconseller, al obtener en enero de este año el tercer grado penitenciario, solo ha cumplido tres años y siete meses de condena. La sentencia de esta primera pieza del proceso también dictó prisión para Augusto César Tauroni, si bien el funcionario afín a Blasco, Llinares, consiguió eludirla. De los nueve condenados en la sentencia, seis pertenecían a la Generalitat.

Dos mujeres se encargaron de destapar el que ha sido considerado el caso de corrupción más ominoso en el País Valenciano, y ya es decir, por lo inmoral que supone pretender enriquecerse con un dinero afecto a proyectos dirigidos a los más necesitados. La diputada socialista Clara Tirado en una primera denuncia en 2010, y posteriormente la síndica de Compromís Mireia Mollà, consiguieron poner en marcha una investigación que hizo aflorar la miseria humana de sus protagonistas. Las escuchas telefónicas del sumario policial permitieron conocer que Tauroni (y también su hermano) se refería al continente africano con el nombre de "Negrolandia". Por si fuera poco, incluso su abogado, merced a un pinchazo telefónico, llega a proponer en una conversación con el empresario la violación de la diputada Mollà (actual consellera de Agricultura), sin duda azote parlamentario de Blasco. Son célebres, no en vano, los continuos encontronazos dialécticos entre este último y las entonces diputadas Mireia Mollà y Mónica Oltra, que llegaron a prorrumpir en más de una ocasión en insultos y llamativas salidas de tono.

Este mismo año, el documental “El Clan Blasco, Crónicas Subterráneas”, un trabajo de investigación emitido en À Punt y dirigido por Juan Nieto y Tomás Ocaña, resiguió en profundidad el vasto patrimonio del político valenciano. Hasta ahora se sabía que el dinero desviado en la trama había ido a parar a la adquisición de dos apartamentos de lujo en Miami, de un yate y de una avioneta. Pero el documento periodístico reveló además que durante todos estos años de carrera política ha amasado, junto a su mujer Consuelo Císcar, un total de cincuenta y una propiedades que dice haber recibido por herencia o legado.

El programa se desplazó asimismo a la República Dominicana, país que se contemplaba como receptor de las ayudas previstas desde la Conselleria. La desoladora imagen de unos invernaderos casi destruidos en una región agrícola del país, que deberían haber sido objeto de reconstrucción para mejorar las condiciones de vida de los autóctonos, deviene una metáfora de lo abominable de este caso. Un relato que invierte los valores del mítico personaje de Robin Hood, héroe popular británico que luchaba contra la tiranía robando a los ricos para proveer a los pobres.

El hombre de las mil caras

Trazar una breve biografía de Rafael Blasco nos llevará a identificar como elementos clave de su carrera el nomadismo político y su gran capacidad de adaptación al entorno en cualquier parte del espectro ideológico. La primera vez que este licenciado en Derecho pisó la cárcel fue durante su juventud, cuando formaba parte de la organización armada Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), una militancia que le obligó a vivir alguna vez en la clandestinidad y a tener que exiliarse a Francia. Incluso en alguna ocasión el camarada Víctor, su nombre de guerra en la formación marxista, ha reconocido haber sufrido torturas policiales.

Blasco decidió virar a posiciones ideológicas más moderadas ingresando en el PSPV-PSOE, quizá influido por su hermano Francisco Blasco, alcalde de Alzira de 1979 a 1992. Es entonces cuando es impulsado por el entonces president Joan Lerma a cargos de gran responsabilidad política, primero como conseller de Presidencia y posteriormente al frente de Obras Públicas y Urbanismo. En este último departamento se verá implicado en su primer caso de corrupción, al ser acusado de sobornar a funcionarios a propósito de una recalificación de terrenos, lo que provoca su destitución en el cargo. Blasco queda finalmente absuelto al ser invalidadas las pruebas durante el proceso.

Tras un breve paréntesis en altas instancias, Rafael Blasco decide incorporarse al Partido Popular de Zaplana, donde jugará un destacado papel en la misión de fagocitar el partido socio de gobierno, Unió Valenciana. Conocedor de los entresijos del poder, el de Alzira creará las condiciones para fragmentar el voto de la izquierda y catapultar a los de la gaviota a claras mayorías absolutas. Desde entonces, Blasco es recompensado con responsabilidades máximas: con Zaplana lidera Empleo y Bienestar Social, y en la era Camps se le encomienda Territorio y Vivienda, Sanidad y, finalmente, su preciada cartera de Solidaridad y Ciudadanía, entre 2007 y 2011. En total, Blasco ha sido siete veces conseller de la Generalitat. Cuando estalla la trama del desvío de fondos solidarios, Camps suprime su Conselleria y lo mantiene como portavoz, aunque finalmente Alberto Fabra se verá obligado a cesarle. Es expulsado del PPCV en 2013 pasando al grupo de diputados no adscritos, acusado por la dirección del partido de falta de lealtad y respeto con Fabra en base a unas declaraciones en televisión.

Su pareja, Consuelo Císcar, hermana de Ciprià Císcar, el que fuera conseller de Educación durante la etapa de Lerma, se ha visto involucrada en algunos casos de corrupción a lo largo de su también agitada trayectoria política, entre los que cabe destacar una acusación de blanqueo de capitales durante su gestión como directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Rafael Blasco Císcar, el hijo de la pareja, conocido en el mundo artístico con el nombre de “Rablaci”, fue asimismo vinculado a las irregularidades del IVAM al entenderse que podría haber utilizado recursos públicos para alentar su carrera profesional. Un sobrino del exconseller, el exgerente del Hospital General de València Sergio Blasco, llegó a ser detenido en el marco de la operación Osvaldo.

En enero de 2014, a la salida del Tribunal Superior de Justicia de València, donde había asistido para declarar en calidad de acusado por el caso de la cooperación, y mientras atendía a los micrófonos de la prensa, un ciudadano valenciano se le acercó profiriéndole estas palabras: “Ladrón, sinvergüenza, colgado tendríamos que verte en la plaza mayor, has robado a las ONG, ni eres hombre ni eres nada”. El exconseller interrumpe entonces su alocución ante los medios y, visiblemente asustado, requiere con la mano la presencia de un taxi, entra en él y desaparece silenciosamente de la escena. Quizá era consciente de que, a pesar de sus esfuerzos por aparentar su condición de hombre limpio, el haber jugado con el dinero de los más pobres nunca podría encontrar una justificación razonable ante la sociedad.