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La investidura fallida El desgobierno lastra a un Congreso listo para impulsar medidas sociales

Con la constitución de las comisiones parlamentarias, la Cámara ya dispone de todos los órganos para empezar su actividad legislativa. Las fuerzas progresistas controlan los órganos más importantes y tienen mayoría para tramitar las iniciativas.

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Representes del colectivo LGTIB en las escalinatas del parlamento, tras una votación de la ley LGTBI

El Congreso ya tiene constituidos todos los órganos necesarios para comenzar con su actividad, tanto para legislar como para ejercer su función de control al Gobierno. Con la conformación de las comisiones parlamentarias este martes, la Cámara queda habilitada para desarrollar sus trabajos; además, el reparto que ha habido dentro de estos órganos da una mayoría clara a los grupos más progresistas, en detrimento de los partidos más conservadores.

Este reparto favorece a la izquierda tanto en el número de representantes como en los órganos de dirección que componen el Congreso. Antes de las comisiones, en la sesión constitutiva de la Cámara, los grupos progresistas se hicieron con una mayoría en la Mesa del Congreso, que tiene en la actualidad como presidenta a Meritxell Batet, del PSOE.

Entre los socialistas y Unidas Podemos copan cinco de los nueve puestos del órgano, entre los que se incluyen la Presidencia y la Vicepresidencia Primera (cargo desempeñado por la diputada de Podemos Gloria Elizo). La Mesa fue objeto de polémica durante la pasada legislatura y fue considerada por la mayoría de los grupos parlamentarios como el principal instrumento de bloqueo legislativo de muchas de las medidas sociales que vieron truncada su aprobación.

Desde el 2016 y hasta las pasadas elecciones, la Mesa contaba con una mayoría de PP y Ciudadanos, y sus miembros fueron criticados por el resto de partidos por "instrumentalizar" un órgano que no debería tener un carácter político, sino jurídico, y que debería estar centrado en facilitar los trabajos parlamentarios.

La Mesa no solo se encarga de admitir o rechazar los escritos de índole parlamentaria y de calificar las iniciativas, sino que, como órgano de gobierno de la Cámara, organiza la mayoría de los aspectos relativos a los trabajos que tienen lugar dentro del Congreso. Establece el calendario de los Plenos y de las comisiones, coordina la actividad de los distintos organismos y actúa como garante del cumplimiento del Reglamento.

En resumidas cuentas, la Mesa tiene la facultad de agilizar o entorpecer la actividad legislativa del Congreso, y eso en un contexto donde los plazos de aprobación de las normas y la valoración subjetiva sobre la urgencia de cada iniciativa son cruciales para la aprobación o rechazo de las proposiciones, otorga una gran capacidad de actuación a los miembros de la Mesa.

La amenaza de elecciones frena las iniciativas

Pero la mayoría de las fuerzas progresistas no se reduce a este instrumento; también en las comisiones se da esta situación. De las 34 comisiones a constituir (28 ya están constituidas), PSOE, Unidas Podemos y ERC presiden 22, entre las que se encuentran las más importantes (Presupuestos, Constitucional, Igualdad, Pacto de Toledo, Interior, Exteriores, Pacto de Estado contra la Violencia de Género o Justicia, entre otras).

Además, de los 43 miembros que componen cada comisión, 22 son de PSOE, Unidas Podemos y ERC, frente a 21 del resto de grupos (entre los que se encuentran miembros de partidos como Compromís o Bildu, proclives al impulso de reformas sociales). Las fuerzas progresistas extienden esta mayoría hasta los periodos fuera de sesiones, cuando los órganos de trabajo del Congreso en periodo ordinario son inhábiles, ya que controlan la Diputación Permanente.

PSOE, Unidas Podemos y ERC tienen mayoría absoluta en este órgano (35 diputados de 68), y los de Pedro Sánchez y los de Pablo Iglesias también controlan la Mesa. En este sentido, si los partidos progresistas se lo propusieran, se podrían empezar a tramitar medidas de corte social, que sortean asuntos más proclives al desacuerdo entre estas formaciones, como la política territorial. Iniciativas como la ley de igualdad LGTBI, la derogación de la denominada ley mordaza o las propuestas para dotar de fondos y contenido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género vieron truncada su tramitación en la pasada legislatura debido al bloqueo parlamentario que sufrieron y al adelanto electoral.

La situación en el Legislativo contrasta con la del Ejecutivo, donde todavía no se ha logrado un acuerdo para formar Gobierno. La investidura fallida de Pedro Sánchez la pasada semana acerca la amenaza de una repetición electoral que podría truncar cualquier trabajo legislativo que se comenzara a realizar en el Congreso. Sin Ejecutivo, es probable que los grupos no opten por empezar a tramitar proposiciones, y unas elecciones alejan todavía más si cabe el inicio de la actividad en la Cámara.

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