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Castelló abre el debate sobre la municipalización del agua, en manos de la misma empresa desde 1873

Podemos presentará una moción jueves para finalizar la concesión y "estudiar la gestión". Si el proceso se inicia, será la primera ciudad del País Valencià al seguir el camino abierto por Valladolid y Terrassa.

Imagen de un grifo.
Imagen de un grifo. Pixabay

Castelló paga una de las facturas del agua más bajas de toda España. Esto anunciaba en toda página la prensa local el pasado jueves 18. La fecha no era casual. El mismo día, el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Transición Ecológica y Ciclo Integral del agua, había programado un foro de debate sobre la gestión pública del agua. Y los nervios afloraron inmediatamente. Y no es para menos.

Castelló también tiene una de las concesiones del agua más antigua de todo el Estado. El primer contrato con la empresa Facsa fecha de 1873, cuando se estableció el servicio de agua corriente en la ciudad, y desde entonces se ha ido renovando de forma más o menos automática y sin demasiadas garantías de transparencia ni rendición de cuentas. La actual concesión se firmó el 1983, con la constitución de los ayuntamientos democráticos, pero entonces tampoco nadie se planteó poner en duda la continuidad de una empresa muy arraigada a la oligarquía local y estrechamente vinculada con el franquismo. El contrato tiene una validez de veinte años, renovable cada cinco hasta un máximo de cincuenta.

La única contraprestación que tiene en cuenta el contrato es que los edificios municipales no pagan el agua

"La empresa no nos informa de la recaudación que tiene, ni tampoco paga ningún canon por la concesión, la única contraprestación que tiene en cuenta el contrato es que los edificios municipales no pagan el agua", explica Fernando Navarro, regidor de Transición Ecológica e impulsor de la propuesta de municipalización. Navarro asegura que, según sus cálculos, la empresa factura entre "diez y quince millones el año, lo que supone la segunda recaudación en importancia de la ciudad después del IBI". A esto habría que sumar las cuotas por la depuración y gestión de las aguas residuales: "En total estamos hablando de unos veinte o veinticinco millones, prácticamente un 10% del presupuesto municipal, que el Ayuntamiento se desentiende, le da las llaves a una empresa privada y que haga lo que quiera", continúa Navarro.

Por eso, su grupo municipal –Podem – Esquerra Unida- ha planteado una moción para denunciar la actual concesión y crear una comisión que estudio otras fórmulas de gestión. Su formación opta por una gestión pública directa, pero Navarro también recuerda que "el actual contrato es totalmente obsoleto y no se adecua a la normativa actual ni a los requerimientos medioambientales". La denuncia de la concesión es un paso previo indispensable para poder abrir cualquier debate, puesto que según el que estipula el contrato hay que hacerla "dos años antes del fin del periodo de cinco años". En caso contrario, la prórroga es automática.

Con todo, no tiene prácticamente opciones de prosperar. Al voto contrario previsible de los grupos de derechas se sumará, con toda probabilidad, el PSPV. Fuentes próximas a los socialistas argumentan que "no es un tema que toque ahora ni hay ninguna demanda social para hacerlo". Además, si al final se optara para licitar un nuevo contrato, Facsa tendría que competir con las grandes multinacionales del sector, que controlan hasta el 95% del servicio privatizado en toda España. Una opción que se ve "peor" que una empresa que, al fin y al cabo, son de "Castelló de toda la vida".

La opción de la gestión pública

En el País Valencià todavía no ha habido ninguna ciudad que haya conseguido recuperar la gestión de su agua, como sí que han hecho otras, como Terrassa o Valladolid. Luis Babión, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y participante al Foro de debate, defiende precisamente este modelo de gestión, al ser el agua un "monopolio natural", puesto que por el tipo de servicio e infraestructura no es viable que existan diferentes operadores compitiendo simultáneamente. "La gestión privada no deja de ser una transferencia de beneficios, sin que ni la eficiencia ni las inversiones lo justifiquen –continúa Babión- y lo que pagan los ciudadanos no revierte en el servicio". Además, también apunta que los contratos de larga duración "no se justifican y acaban provocando que se funcione a partir de hechos consumados", mientras que "los cánones acostumbran a gastarse en temas que no tienen nada que ver con el servicio del agua".

Maria Sánchez, concejal de Valladolid, explica que, al iniciar el proceso de municipalización, llegó a pensar que "la empresa concesionaria era una especie de ONG, porque aseguraban que prácticamente no sacaban ningún beneficio pero al mismo tiempo se negaba a ceder la gestión por todos los medios". Una vez recuperada la gestión, pero, "vi los beneficios que consiguen y lo entendí todo".

El poder de Facsa

Facsa no es una empresa independiente, sino que se encuentra integrada en el Grupo Gimeno, uno de los principales grupos empresariales de Castelló, tanto por volumen de negocio –con intereses en el turismo, el comercio o la construcción- como en historia. Fundado por Enrique Gimeno Tomás, quién a finales del siglo XIX hizo fortuna con la exportación de naranjas, para después ampliar su imperio a todo tipo de negocios, como el comercio, los seguros, la banca o los suministros básicos, como el agua. Con la canalización de Castelló el 1873 se crearía Facsa para gestionar el servicio, hasta hoy.

Hoy en día lo Grupo Gimeno está dirigido por Enrique Gimeno Escrig, y tiene diferentes intereses, desde la gestión de residencias y comedores escolares, hasta la construcción, la hostelería y la actividad portuaria. Gimeno Escrig es autor confeso de dos delitos electorales –llegó a un pacto con la Fiscalía- relacionados con la financiación ilegal del PP destapada con la Gürtel y, más recientemente, ha vuelto a ser investigado en relación con presuntos créditos ficticios al expresidente de la diputación, Carlos Fabra.

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