El plan de choque contra la crisis vuelve a poner a prueba el bloque de la investidura tras el estallido del 'caso Pegasus'

Parecía que todo estaba hecho. El foco estaba en paliar las consecuencias de la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, para ello, los aliados del Gobierno no se opondrían al plan de choque contra los efectos económicos, que este jueves se somete a debate y votación en el Congreso después de ser aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros.

A escasos días de que el decreto ley se enfrente a este examen, esa mayoría del bloque de la investidura no está del todo clara tras el estallido del caso Pegasus, el espionaje masivo a dirigentes y activistas independentistas a través del software israelí que solo pueden adquirir los gobiernos. Y, precisamente, de las explicaciones y responsabilidades que se puedan depurar dependerá la estabilidad de la legislatura, según han reconocido los aliados parlamentarios del Ejecutivo.

Con el precedente de la votación del decreto ley de la reforma laboral de fondo, la medida estrella del Gobierno de coalición que contó con el rechazo de ERC, PNV y EH Bildu, los republicanos han dejado en el aire su apoyo al plan de respuesta al impacto de la guerra. Y es que, para ERC no ha sido suficiente la propuesta del Ejecutivo español para hacer frente a la brecha abierta por el Catalangate.

Después de la reunión del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el Govern este domingo, tras la que anunció la apertura de un control interno en el CNI, la creación de la comisión de Secretos Oficiales en el Congreso y facilitar toda la información que solicite el Defensor del Pueblo en la investigación que ha abierto, el partido presido por Oriol Junqueras exige urgencia en las respuestas y dimisiones con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el centro de la diana.

En este sentido, preguntada este lunes si su formación baraja votar en contra del decreto este jueves, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC Marta Vilalta ha respondido: "¿Es una posibilidad? Sí". No obstante, ha aclarado que aún faltan días y el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene tiempo de estar a la altura" y asumir "responsabilidades".

"Veremos en próximas horas cómo evolucionan los hechos y cómo son las actuaciones. Y en base a eso, acabaremos de decidir nuestra posición sobre próximas votaciones en el Congreso. Estamos ante una vulneración de derechos y eso lo condiciona todo. Ha roto confianzas, ha afectado relaciones y será importantísimo ver cuál será la reacción del Gobierno, que hasta ahora es absolutamente insuficiente", ha apostillado la dirigente catalana, cuya formación es una de los principales pilares del Ejecutivo en la Cámara Baja.

Estas afirmaciones han llegado a su vez entre presiones de Junts, los socios de los republicanos en el Govern, para romper todas las relaciones con el Gobierno hasta que se abra una comisión de investigación en el Congreso, una propuesta planteada por diez formaciones políticas (Unidas Podemos entre ellas), a fin de esclarecer el Catalangate, que este martes se enfrentará a su primero filtro, el de la Mesa de la Cámara Baja.

El posible rechazo de los 13 diputados de ERC al decreto ley obligaría a los socialistas a buscar el respaldo del PP, dispuesto a negociar si Sánchez acepta alguno de los puntos del plan económico que Alberto Núñez Feijóo remitió el pasado viernes a Moncloa. En todo caso, EH Bildu y PDeCAT, los otros dos partidos aliados del Gobierno con diputados afectados por el espionaje en sus filas, Jon Iñarritu y Ferran Bel, han señalado que no votarán en contra del plan contra la crisis.

No obstante, también han advertido de que la situación en términos de confianza es "delicada", por lo que está en manos del Gobierno que la brecha abierta no desemboque en consecuencias mayores para la estabilidad de la legislatura.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado este lunes que no entendería que ningún partido votara en contra del decreto de las medidas para paliar los efectos de la guerra, desvinculando la norma del caso Pegasus, en alusión a las palabras de los republicanos. En esta línea, ha recalcado la intención del Gobierno de ser transparente y ha urgido al PP a desbloquear la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, una respuesta que para ERC no atajaría a priori su desconfianza hacia el Ejecutivo de coalición.