El inspector de Asuntos Internos de la Policía, Ruben López, ha presentado una querella contra la antigua cúpula policial del PP por haber encubierto los negocios privados y supuestamente ilícitos del comisario Villarejo, informa El País.

En 2015 el por entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino —íntimo amigo de Villarejo—, elaboró un informe en el que se echaba por tierra las acusaciones de negocios ilícitos del excomisario. Dos años después, la Fiscalía Anticorrupción recibió un escrito anónimo en el que se detallaban algunos de esos trabajos que el comisario Villarejo realizó al margen de sus funciones, lo cual desencadenó su detención en noviembre de 2017, acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Villarejo dedicó buena parte de su tiempo en resolver problemas a empresarios millonarios que le contrataban. Para ello, utilizó métodos ilegales contra los enemigos de sus clientes, haciendo grabaciones y seguimientos ilegales.

La Dirección General de la Policía, con Ignacio Cosidó al frente, además de archivar la querella del inspector de Asuntos Internos, puso grandes empeños en obstaculizar las investigaciones judiciales que se abrieron a raíz del 'caso Nicolás' en el que ya apareció el nombre de Villarejo. Tanto es así, que los responsables de Asuntos Internos se quejaron al instructor judicial de las limitaciones que la dirección General de la Policía estaba poniendo para con las investigaciones.

Por otro lado, Interior aceptó el informe del jefe de gabinete del DAO, José Ángel Fuentes Gago, en el que se apoyaba que Villarejo pudiera seguir compatibilizando su trabajo policial con las empresas privadas. Por entonces el excomisario estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa "en comisión de servicio" —departamento que dirigía su amigo Eugenio Pino—.

El inspector de la policía que investigó al excomisario dentro del caso del 'pequeño Nicolás' — tras concluir que Villarejo estaba al frente de un grupo de sociedades que ofrecían "servicios jurídicos, de comunicaciones y mediáticos, orientadas todas ellas a la gestión de crisis en asuntos mercantiles, policiales, judiciales en la que además vinculaban estos servicios con fuerzas de seguridad”— denunció a sus superiores y trasladó sus informes al juzgado en el que hoy se sigue tramitando la causa.

Por el momento, la investigación judicial ya ha acreditado que villarejo se dedicó a cobrar "dádivas ilícitas" y cometer delitos a cuenta de sus clientes. No obstante, el policía de Asuntos Internos que destapó los hechos terminó degradado y apartado.