El excomisario José Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el comisario y exasesor de María Dolores de Cospedal Andrés Gómez Gordo son tres de los testigos citados la próxima semana en la Audiencia de Madrid en un juicio sobre un presunto caso de corrupción de traductores contratados por la Policía.

Los tres policías, vinculados a la denominada brigada política  en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz, testificarán ante la Sección Quinta de la audiencia madrileña, que acoge el juicio a dos traductores por presuntamente extorsionar a un empresario indio, también acusado.

Los traductores Ali Shan e Ijaz Ahmad y el empresario Harischandra Taranchad Varma serán juzgados entre el lunes y el viernes próximos por un presunto delito de cohecho, según detallan a Efe fuentes jurídicas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Efe, los fiscales solicitan para los dos primeros ocho años de cárcel por los delitos continuado de revelación de secretos y extorsión, además de inhabilitación para ser intérpretes durante más de ocho años.

Para el empresario piden ocho años y seis meses de cárcel por delito continuado de revelación de secretos y cohecho y una multa por simulación de delito.

La Fiscalía relata que los dos intérpretes estaban contratados por la Dirección General de la Policía a través de la empresa Seprotec para traducir conversaciones incautadas en una investigación del Juzgado de Instrucción 5 de Fuenlabrada (Madrid) sobre el empresario, iniciada en 2013.

Se trataba de una investigación del Grupo de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional.

En 2014 ambos intérpretes trataron, presuntamente, de extorsionar al investigado, exigiéndole dinero por darle información sobre esa causa. Le reclamaron 10.000 euros inicialmente y le advirtieron de que podrían "influir en su contra en la investigación en curso", según el escrito de la Fiscalía.

Varma denunció los hechos en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en abril de 2014 y luego, ya en agosto, presentó una nueva denuncia en los juzgados madrileños, "si bien en este momento ya lo hizo a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a la verdad y que no era víctima de delito alguno".

Para esa fecha el empresario había advertido a uno de los traductores para que cambiara de teléfono porque había denunciado en el juzgado, tras decidir "instarles a que le dieran continua información de la investigación judicial que ya conocía se dirigía contra él, a cambio de dinero", según el Ministerio Público.

Así constan varios pagos y Varma pudo sabe qué coches camuflados le seguían o las fechas en las que le iban a vigilar.

Por eso la Fiscalía solicita las penas citadas, mientras sobresee las actuaciones sobre otra persona inicialmente imputada, y solicita la declaración como testigos de varios policías, entre ellos Villarejo y Ándrés Gómez Gordo.

Ambos están citados el martes, mientras que el jueves declarará el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas.

Más allá de este procedimiento donde comparecerán como testigos, los tres figuran como imputados en el caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, que forma parte del caso Tándem, donde el principal investigado es Villarejo.