El Congreso dará carpetazo esta semana de forma definitiva a las conclusiones de la comisión de reconstrucción creada en mayo para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la covid-19, y lo hará, previsiblemente, sin el gran consenso buscado entre los grupos parlamentarios. Los dictámenes de los cuatro grupos de trabajo (políticas sociales, Sanidad, reactivación económica y Unión Europea) se debatirán y votarán en la sesión plenaria que tendrá lugar este martes y el miércoles en la Cámara Baja.

Los partidos cerraron hace casi 20 días los trabajos de la comisión con la aprobación de los dictámenes; ninguno de los textos fue apoyado por el PP, como se pretendía desde un principio, ya que el objetivo era el de lograr un acuerdo que incluyera al PSOE y a los de Pablo Casado.

Tras la última sesión de la comisión, desde ambos grupos se insistió que quedaba tiempo para alcanzar el consenso, ya que hasta el 22 de julio no se llevarían las conclusiones al Pleno. Pero las negociaciones entre socialistas y conservadores no han dado los frutos esperados y, en principio, el PP no pasará de la abstención en los documentos más "consensuados" (Sanidad y Unión Europea) y votará en contra de los textos en los que había menos acuerdo (reactivación económica y políticas sociales).

En el intento del PSOE por atraer a los de Casado, en la comisión se vivieron importantes desencuentros entre los socialistas y buena parte de las formaciones que componen el bloque de la investidura. Uno de los más relevantes se produjo, por partida doble, en el documento económico, cuando los de Pedro Sánchez votaron en contra de la derogación de la reforma laboral, pese a haber firmado hace apenas unos meses un acuerdo con la formación vasca para, precisamente, derogar la reforma del PP.

Primero votaron en contra en el grupo de reactivación económica (tras ordenar repetir la votación porque en una primera habían votado a favor "por error") y, después, volvieron a rechazar esta enmienda de Bildu en la última sesión plenaria de la comisión, donde se vio con mayor claridad el distanciamiento del PSOE con algunos de los partidos que llevaron a Sánchez a la Presidencia.

También se produjeron tensiones con Más País, después de que el PSOE sacara del dictamen una enmienda pactada con los de Íñigo Errejón para introducir una modificación acordada con Ciudadanos. La prueba que apunta a que, por lo menos en este momento, no hay acuerdos ni a la izquierda ni a la derecha del hemiciclo es que a la sesión plenaria de este martes llegan vivas un total de 686 enmiendas (217 del grupo de Sanidad, 242 del grupo de reactivación económica, 189 del grupo de políticas sociales y 38 del grupo de Unión Europea).

Además, PP, ERC y Ciudadanos han presentado posiciones particulares para defender ante el rechazo que les suscitan algunos de los contenidos de los textos. Unidas Podemos ha presentado también un voto particular, pero en su caso el objetivo es el de ratificar su apoyo (por error) a la mochila austriaca defendida por Ciudadanos en la comisión.

Sánchez se aleja del bloque de la investidura sin atraer al PP

El PP mantiene importantes diferencias con los documentos aprobados en la comisión que, tras casi 20 días de negociaciones, no se han podido solventar. En materia económica los conservadores quieren establecer una senda de consolidación fiscal y se muestran en contra de la subida de impuestos a las grandes fortunas y a los tramos más altos del IRPF anunciada por el Gobierno. Además, pese a que el PSOE parece haber dejado a un lado el pacto firmado con Bildu, advierten de que ese acuerdo sigue existiendo y de que la otra formación que constituye el Ejecutivo, Unidas Podemos, sigue apoyando la derogación de la reforma laboral.

El documento de políticas sociales contiene uno de los escollos que han impedido un acuerdo del PSOE no solo con el PP, sino también con Ciudadanos: la financiación de la educación concertada. Las formaciones de la derecha quieren que se incluya a la concertada en los compromisos de financiación que recoge el texto, pero los socialistas, y también Unidas Podemos, se niegan a modificar este apartado.

Respecto al bloque de Sanidad, los de Casado piden que se concrete la financiación comprometida, que se cree una agencia de salud pública y calidad asistencial que "coordine y pivote todas las políticas en materia de sanidad publica", así como la implantación de la historia clínica única y compartida. Sobre el documento de Unión Europea, cuyo objetivo era buscar una posición de Estado en la negociación del reparto de los denominados fondos europeos de la covid, el PP considera que el PSOE puede estar buscando una subida de impuestos "con la excusa" de la recepción de los fondos de la UE.

Tampoco en la izquierda se aprecian posibilidades de que se pueda producir un acuerdo a última hora. El distanciamiento con las formaciones del bloque de la investidura se agudizó tras la última sesión de la comisión, y las relaciones parlamentarias en este sentido no han mejorado desde entonces. Tras votar en contra de la derogación de la reforma laboral en dos ocasiones, desde Bildu acusaron a los de Sánchez de "no tener palabra" y advirtieron de que tenía 20 días para corregir su posición.

Fuentes de la formación avanzan que los socialistas no les han comunicado un cambio en su posición y que, si vuelven a votar en contra de la derogación de la reforma (una de las enmiendas que llega viva al Pleno), actuarán "en consecuencia". Bildu, ERC y Más País también llevarán a la sesión plenaria otra de las propuestas rechazas por el PSOE y apoyadas por Unidas Podemos: el impuesto a las grandes fortunas.

Los socialistas rechazaron en dos ocasiones la creación de este tributo, que estaba articulado en varias propuestas de los diferentes grupos. Más País, por ejemplo, proponía un "impuesto a los ultra ricos" mediante una reconversión del actual impuesto sobre el patrimonio con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios superiores a 1 millón de euros y del 2% para patrimonios superiores a 2 millones.

Otras formaciones, como el PNV, mostraron desde el principio su descrédito hacia la comisión, al considerar que no era el formato adecuado y que abarcaba demasiadas cuestiones complejas (sanidad, impuestos, política europea...) en un breve periodo de tiempo; los de Aitor Esteban defendían que el órgano debía de centrarse en lograr unos pactos de cara a los presupuestos de 2021.

Desde algunos grupos se defendía, precisamente, que las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social constituían la antesala o el marco para el proyecto presupuestario que el Gobierno llevará al Congreso, previsiblemente, en septiembre. Sin embargo, la falta de grandes consensos hace poco probable que desde el Ejecutivo asocien estas conclusiones con sus cuentas (denominadas por Sánchez como los "Presupuestos de la reconstrucción").

Los dictámenes de los cuatro grupos se debatirán este martes y, posteriormente, se abrirá un plazo, que finaliza a las 8.00 horas del miércoles, para votar de forma telemática las enmiendas. El miércoles se producirán siete votaciones, cuatro para los dictámenes (una por cada texto de los grupos de trabajo) y otras tres para las posiciones particulares de PP, ERC y Ciudadanos.