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Presupuestos Generales del Estado El Congreso deja atrás cinco meses de pandemia para encarar los Presupuestos

El 22 de julio, la Cámara decidirá si aprueba las conclusiones elaboradas en la comisión de reconstrucción. El objetivo del Gobierno es tener aprobadas las cuentas antes de que acabe el año, mientras que su tramitación en el Congreso dura unos tres meses. Con los plazos estimados, los de Sánchez podrían llevar los Presupuestos a la Cámara en septiembre.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del  proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 en el Congreso. EFE/Emilio Naranjo
Imagen de archivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de las cuentas de 2019 / EFE

De la pandemia a la reconstrucción, y de la reconstrucción a los Presupuestos Generales del Estado. Así se podría definir, a grandes rasgos, la agenda del Congreso en 2020, un año marcado en todos los ámbitos (también en el parlamentario) por la irrupción de la covid-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Esto no significa que la Cámara no haya tratado más asuntos hasta ahora, o que no los vaya a tratar en un futuro; pero estos tres temas han marcado y marcarán la mayor parte del trabajo de los diputados.

Aunque en los meses de enero y febrero se comenzaron a tramitar iniciativas importantes (como la ley para despenalizar la eutanasia), en estos primeros meses del año el Congreso se centró en sacar adelante la investidura del Gobierno (a principios de enero) y en constituir sus principales órganos de trabajo (comisiones y Diputación Permanente).

En marzo, el coronavirus provocó una emergencia sanitaria sin precedentes en la historia reciente, lo que obligó a la Cámara a paralizar prácticamente toda su actividad. Desde el día 12 de marzo, el Congreso aplazó todos los proyectos legislativos que habían comenzado en los meses anteriores y se centró en dar paso y articular las medidas para luchar contra la pandemia (las ampliaciones del estado de alarma y la convalidación de los decretos aprobados por el Ejecutivo).

Aunque a partir de mayo fue recuperando actividad legislativa 'común', la covid-19 seguía monopolizando la agenda política y legislativa, algo que se pudo ver cuando se volvieron a celebrar sesiones de control al Gobierno en los Plenos del Congreso, unas sesiones que estuvieron totalmente marcadas por el virus.

A finales de mayo y durante el mes de junio, la Cámara Baja atendió y centró gran parte de sus esfuerzos en un nuevo objetivo: la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, llevó la mesa de negociaciones que debía servir para sentar las bases de la recuperación económica (tras la crisis provocada por la pandemia) al Congreso, y los grupos parlamentarios han estado trabajando durante dos meses en un documento de conclusiones que la comisión aprobó el viernes de la pasada semana.

Los trabajos para la reconstrucción finalizarán el 22 de julio, fecha en la que está previsto que se someta al Pleno de la Cámara el texto aprobado en el seno de la comisión. A partir de este momento, el Parlamento enfilará un nuevo objetivo que centrará la mayor parte de su actividad: la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Poco se conoce sobre las cuentas públicas más allá de la intención del Gobierno de aprobarlas antes de final de año y de que el Ejecutivo de coalición necesitará negociar de forma intensa con el arco parlamentario, a sabiendas de que parte sin ningún apoyo concreto al eventual proyecto. Lo que sí se conoce con más certeza son los plazos que se pueden manejar en el Congreso atendiendo a que Sánchez quiere tener unos Presupuestos antes del final de 2020.

Fondos europeos y techo de gasto: el preludio de los PGE

El Gobierno ya ha empezado a poner las primeras piedras de su proyecto económico, y ha pedido formalmente a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que habilite las sesiones plenarias necesarias en el mes de julio para que se puedan aprobar las denominadas tasas Google y Tobin. Julio y agosto se sitúan fuera del periodo de sesiones parlamentario, por lo que no se pueden celebrar Plenos ordinarios, y solo se pueden convocar con carácter extraordinario a petición del Gobierno, de una mayoría de los diputados o de la Diputación Permanente.

Teniendo en cuenta que en agosto no se prevé actividad plenaria, el Ejecutivo se encontraría con un calendario bastante apretado en la recta final de año. Antes de presentar los Presupuestos, es muy probable que el Gobierno quiera revisar el límite de gasto no financiero (denominado techo de gasto) y aprobar una nueva senda de déficit.

El presidente espera que en julio se pueda cerrar el reparto de fondos de la Unión Europea a los países miembros en concepto de ayudas por la emergencia del coronavirus. La posición de España en este reparto marcará sobremanera la revisión del déficit y el proyecto presupuestario en general.

Aunque el límite de gasto no financiero aprobado es de febrero, el paisaje económico ha cambiado por completo. El día en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el techo de gasto del Gobierno ante el Senado ya avanzó que si la pandemia afectaba a la economía del país, posiblemente habría que actualizar la cifra.

Solo después de negociar el déficit y el reparto de fondos con Bruselas, y de aprobar el techo de gasto, el Gobierno podrá presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La elaboración de las cuentas se suele simultanear con los otros dos trámites, pero las partidas y los contenidos que recojan tienen que atender obligatoriamente al déficit establecido.

Los Presupuestos tienen prioridad sobre el resto de iniciativas que se tramiten en el Congreso, por lo que su aprobación marcará la actividad de la Cámara hasta final de año

La tramitación de las cuentas que tiene lugar en el Congreso y en el Senado suele llevar entre dos y tres meses. Una vez que el Gobierno remita los Presupuestos a la Cámara, tienen prioridad sobre el resto de iniciativas. A partir de este momento, los grupos parlamentarios solicitarán las comparecencias en comisión de altos cargos de la Administración del Estado (gobernador del Banco de España, secretarios y subsecretarios de Estado…), a excepción de los ministros, para que expliquen las partidas destinadas a sus departamentos.

En los 15 días siguientes a la presentación de los Presupuestos los grupos pueden presentar enmiendas de totalidad. Si se presentan, tendrá lugar un debate de totalidad. Si el Pleno aprueba alguna enmienda de la oposición (con mayoría absoluta), los Presupuestos se devuelven al Gobierno; si se rechazan, el proyecto de ley continúa su tramitación y pasa a la Comisión de Presupuestos, y posteriormente al Pleno, donde precisa del apoyo de, al menos, 176 diputados para salir adelante.

Si supera los trámites en la Cámara Baja, se remiten al Senado, donde tiene lugar un procedimiento muy similar (comparecencias y debate de totalidad para presentar enmiendas). Si se presenta y se aprueba alguna enmienda por parte de la oposición, se tienen que devolver las cuentas al Congreso para que rechace o asuma las modificaciones del Senado.

Para que los Presupuestos estén listos antes de que acabe el año, como señaló Sánchez, el Gobierno podría escoger septiembre para llevar su proyecto al Parlamento. En función de los apoyos con los que cuente para iniciar su tramitación, el proceso será más rápido o más lento, y acercará o alejará al Gobierno de su objetivo.

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