'Seguimientos e intimidaciones'. Eso es lo que la exconcejala del distrito barcelonés de Ciutat Vella Iztiar González ha denunciado haber sufrido en las últimas semanas, las previas a que tuviera que declarar en el juicio del caso Hotel Palau en el que el expresidente del Palau de la Música de Barcelona Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, están imputados. Entre esas presiones se incluye, según han asegurado a Público el abogado de la acusación, Jaume Asens, una 'amenazante' carta del presidente del Gremio de Hoteleros de Barcelona, Jordi Clos.

González, que dimitió en 2010 tras haber denunciado el soborno a funcionarios a cambio de la concesión de licencias para construir apartamentos de lujo, volvió a denunciar este viernes ante el juez la 'insistencia' con la que los dos acusados presionaban al Ayuntamiento para acelerar el trámite de las obras. 

A la salida del juzgado, la exconcejal —que estuvo arropada por un centenar de vecinos que han abarrotado la sala multiusos de la Audiencia de Barcelona— ha explicado a la prensa que había denunciado ante la magistrada y ante los Mossos d'Esquadra las presiones a las que ha estado sometida en los últimos días. 'Me parecía honesto decir que en esta ciudad un testigo procesal puede estar sometido a seguimientos e intimidaciones', ha concretado a los medios.

No obstante, González —que poco después de dimitir recibió amenazas de muerte, sufrió robos en su casa y hasta la manipulación de los frenos de su moto, según ha declarado Asens a Público— ha dicho hoy que no quiere relacionar los supuestos seguimientos a su declaración como testigo en el caso: 'Fui al juzgado de guardia y ahora los Mossos ya harán lo que tengan que hacer'.

La exconcejal —que fue elegida como independiente dentro del equipo de Gobierno socialista de Jordi Hereu— ve esta supuesta presencia intimidatoria durante los últimos veinte días como una forma de 'marcar territorio', por lo que lo ha puesto en conocimiento de la juez antes de empezar su declaración, asegurando que este hecho le ha afectado pero no lo suficiente como para condicionar su testifical.

'Cualquier persona que quiera cambiar la manera de hacer las cosas, lamentablemente, en Barcelona está sometida a violencia' En la atención posterior a los medios al insistírsele sobre esta denuncia, ha valorado que 'cualquier persona que quiera cambiar la manera de hacer las cosas, lamentablemente en Barcelona está sometida a violencia'. 'No quiero victimizar con esto, pero tengo la obligación de denunciarlo', ha afirmado la exconcejal socialista, que ha dicho que lo que más le importa de este juicio es que contribuya a cambiar la manera de hacer las cosas. Ha añadido que 'ha habido mucho mobbing en Ciutat Vella, y habrá mucho mobbing en esta ciudad si la gente ve en una casa la oportunidad de hacer un negocio', y ha recordado que cuando era concejal tenía en el distrito a funcionarios corruptos que cobraban comisiones por tramitar licencias de apartamentos turísticos, en referencia a la trama de licencias irregulares, que también contribuyó a su dimisión.

En el juicio, González ha explicado a preguntas del fiscal la 'insistencia' del expresidente del Palau de la música, Fèlix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull, imputados en la causa, para acelerar los trámites del proyecto del hotel de lujo, que nunca llegó a ver la luz.

'Itziar defendía un modelo de ciudad que respetaba el patrimonio histórico y no el especulativo 'marca Barcelona''

Fue la propia Itziar quien en aquel entonces actuó de voz de los vecinos de Ciutat Vella hasta que logró paralizar el proyecto. 'Más allá de la trama corrupta que se destapó anexa a la causa principal del caso Palau,  ella defendía un modelo de ciudad en el que se respetaba el patrimonio histórico y no el modelo especulativo marca Barcelona', ha explicado el abogado de la acusación a este diario.  

Según Asens, González llegó a reconocer hoy ante la magistrada que incluso intentó 'boicotear', de alguna manera ('intentando que, con pegas urbanísticas, la construcción fuese prácticamente inviable económicamente'), el proyecto del Hotel Palau que, tal y como han informado algunos medios, llegó a defender en el pleno del Ayuntamiento. 'Ella lo ha explicado muy bien: 'Yo no estaba de acuerdo en que se hiciera el hotel, pero si esa decisión fue acordada por el equipo de Gobierno, yo me debo al equipo de Gobierno'', relatan las citadas fuentes.

Por otro lado, al preguntarle una de las defensas si esta insistencia no era del mismo tipo pero en sentido contrario a la que ejercían los vecinos para paralizar el proyecto, González ha explicado que las de Millet y Montull también serían legítimas 'si no pasasen por encima de los procesos reglados'.

La exconcejal ha explicado que desde que accedió al cargo, en junio de 2007, mantuvo una posición contraria a la construcción del hotel de lujo porque 'los ciudadanos de Ciutat Vella no querían más hoteles', y que eso discrepaba con el equipo de Gobierno, especialmente con el exteniente de alcalde imputado en al causa, Ramon García-Bragado.

El llamado caso Hotel Palau es el primero de los juicios previstos tras el estallido del escándalo del saqueo del Palau de la Música. La causa principal está aún en la recta final de la instrucción. Millet y Montull afrontan más de diez años de prisión por el supuesto tráfico de influencias en el caso, una operación urbanística para construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música.

Ambos firmaron una escritura de compraventa en 2003 con el Institut Germans de les Escoles Cristianes a cambio de hacer obras en uno de los colegios por valor de casi 4,5 millones de euros, de la que además recibirían una comisión y podrían ceder libremente la propiedad a terceros. En el año 2004 los acusados consiguieron cambiar la calificación urbanística de las fincas. Pero el proyecto hotelero no se acabó de construir, al conocerse el escándalo del Palau.

La acusación que ejerce el Palau dela Música sólo se personó contra sus dos ex dirigentes. Mientras, la acusación que ejercen los vecinos de Ciutat Vella han incluido, al igual que el fiscal, a otras cuatro personas más. Se trata de la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona entre los años 2003 y 2009, entonces gobernado por el socialista Jordi Hereu. Fiscal y acusación popular los acusan de haber sucumbido a la influencia de Millet y Montull para facilitar que el proyecto hotelero saliera adelante, ocultando presuntamente que beneficiaba a un promotor particular, el dueño de Olivia Hotels, Manuel Valderrama, que presuntamente llegó a pagar una comisión de 900.000 euros a los dos principales imputados en el caso.

Entre ellos está Ramon García-Bragado, que fue gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente Secretari dela Presidència dela Generalitat de Catalunya. También, Ramon Massaguer, ex gerente de urbanismo del consistorio barcelonés. El fiscal y acusación popular piden cuatro años y siete meses para García Bragado y Massagué, así como para su ex director jurídico Enric Lambies y el arquitecto Carles Díaz.