El Congreso aprobó este martes, con los votos a favor de 342 diputados y ninguno en contra, tramitar la ley que, a propuesta del Parlamento de Andalucía, pretende que las gafas y lentillas formen parte de la cartera de servicios del sistema nacional de salud y por tanto, las financie, en todo o en parte, el Estado. La norma persigue que la sanidad pública financie las gafas al 100% a los menores de edad que las necesiten, y para mayores de edad, que se sufraguen en función del nivel de renta.

La idea partió de un pequeño grupo, Adelante Andalucía, de dos diputados, el más pequeño de la Cámara autonómica, que logró convencer a todos los demás grupos, sobre todo al PP, por cuyas manos, debido a su mayoría absoluta, pasa ahora todo en la comunidad autónoma. Con esto, la formación de izquierdas y soberanista, se apunta un relevante tanto político.

La Constitución permite que las asambleas y parlamentos autonómicos presenten legislación a debate en Madrid. La norma, de obtener el visto bueno final, tras su paso por la cámara baja, acabaría por modificar la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para que cada comunidad autónoma obtenga los recursos necesarios para financiar las gafas y lentillas.

Este martes, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, y las parlamentarias de PP, Beatriz Jurado, y PSOE, Pilar Navarro, acudieron al Congreso a defender la norma. Jurado y Navarro permitieron que fuera García el primero en hablar.

"Hay millones de personas en todo el Estado que no pueden pagar las gafas. Se han convertido en un producto más de moda que de salud, lo que ha provocado que sean costosas. Podemos hablar de pobreza visual. El 31% de los menores tiene problemas de salud visual no resueltos", dijo García. 

"La gente con más dinero usa más las gafas que la gente de menor renta. Y existe una discriminación territorial. Y si se mira el mapa de uso de distribución de renta y de gafas y lentillas son parecidos. Lo que queremos es que ver bien no sea nunca más un privilegio de clase", agregó el portavoz.

En su exposición de motivos, la propuesta expone algunos datos, basados en la Encuesta Europea de Salud del año 2020. Entre ellos, destacan los "hasta 12 puntos de diferencia entre el porcentaje de uso de gafas y lentillas entre las categorías profesionales de trabajadores no cualificados y directores y gerentes en favor de los segundos". 

"Esto indica un claro sesgo de clase en el uso de gafas y lentillas, que estaría relacionado con el precio de los productos ópticos y de salud visual, además de otros condicionantes sociales".

En Andalucía, el porcentaje de personas que usan gafas o lentillas es de un 54,89%, seis puntos por debajo de la media estatal. Es la comunidad autónoma con menor índice.

Ahora, una vez que se ha tomado en consideración, la norma inicia su tramitación en el Congreso y recibe el mismo tratamiento que cualquier otra ley. Pasará por comisiones y en su caso volverá a pleno.