Ley de seguridad ciudadanaEl Congreso admite a trámite la reforma de la ley mordaza con el rechazo de PP y Vox, que ensalzan la norma

La reforma de la ley mordaza ha vuelto a ser admitida a trámite por el Congreso de los Diputados, pero en esta ocasión el PP se cae de los acuerdos para modificar la norma que sí respaldó hace dos legislaturas, a principios de 2019. La mayoría absoluta de los grupos de la Cámara Baja (203 diputados) han votado este martes a favor de la proposición de ley registrada y defendida por el PNV; la norma ha recabado 141 votos en contra (PP y Vox) y seis abstenciones.

Al final de la XII Legislatura, en febrero de 2019, los grupos habían alcanzado un amplio consenso en la Comisión de Interior para modificar hasta 36 de los artículos de la ley de seguridad ciudadana, logrando acuerdos importantes en materias como la prohibición de los registros corporales con desnudos en la calle o la despenalización de la toma de imágenes a policías durante su actuación en manifestaciones.

Una buena parte de estos acuerdos fueron respaldados por el PP, por lo que la reforma de la ley de seguridad ciudadana (que en ese momento se trabajaba sobre un texto refundido de dos proposiciones de ley, una del PNV y otra del PSOE) avanzó sobremanera, y seguramente hubiera salido adelante si no se hubiera producido el adelanto electoral de abril de 2019. Los de Pablo Casado, sin embargo, han cambiado de criterio este martes y se han declarado contrarios a reformar la ley mordaza por considerarla "necesaria" en el momento actual.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha sido el encargado de defender la proposición de ley. "Esta ley es controvertida, polémica, impopular y con una baja aceptación ciudadana; es una ley de control social, cercenadora de derechos y libertades", ha dicho el parlamentario sobre la ley de seguridad ciudadana, al tiempo que ha recordado las denuncias y quejas por parte de organizaciones internacionales y estatales defensoras de los derechos humanos.

Legarda ha contextualizado el origen de la norma, aprobada, con los únicos votos a favor del PP, en 2015: "Fue aprobada durante un tiempo de crisis y malestar social y se constituyó en una respuesta autoritaria y de control a las manifestaciones, concentraciones y, en definitiva, a la contestación social" del momento.

Para el diputado vasco, la norma actual no "relaciona debidamente la proporción entre la seguridad ciudadana y la libertad" ya que, ha defendido, la seguridad no es un fin en sí mismo, sino que debe servir para proteger la libertad. El único grupo que ha pedido el turno en contra de la proposición ha sido el PP. Su diputado Jaime Mateu Istúriz ha defendido que la ley debe seguir vigente porque "garantiza la integridad física de los policías y la seguridad de los ciudadanos".

El diputado conservador ha dicho que la ley mordaza "protege el derecho a la manifestación" porque las manifestaciones "comunicadas" a la autoridad "no son objeto de persecución penal". "Es una ley profundamente garantista y es el instrumento fundamental de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir las amenazas que pueden afectar hoy en día la seguridad ciudadana".

El PP dice que la ley "protege" el derecho de manifestación

Mateu Istúriz ha defendido los cacheos y registros en la vía pública (hace dos legislaturas los grupos trataron de evitar que se pudieran practicar desnudos en la calle, por considerarlo una forma de humillación e intimidación) como "fundamentales para luchar contra el yihadismo y el crimen organizado".

Durante su intervención, el diputado del PP ha admitido que hace dos legislaturas su grupo colaboró en el intento de reformar la ley, presentando hasta 17 enmiendas. "Pero ahora los tiempos han cambiado", ha defendido, respaldando su argumento en que la pandemia del coronavirus había dado oxígeno a la utilidad de la ley, que fue aplicada por las autoridades durante los meses de confinamiento: "No es el momento adecuado para reformar esta ley. Se han propuesto más de un millón de sanciones desde que se declaró el estado de alarma. Se han propuesto más sanciones en estos meses que en todo el periodo de vigencia de la ley (más de cinco años)", ha recordado Istúriz.

Los grupos de la izquierda han criticado al Gobierno de coalición al entender que ha tenido lugar un "uso abusivo" de la ley mordaza durante el estado de alarma: "El Gobierno la ha aplicado más en tres meses que el PP en cuatro años", ha asegurado el diputado de Bildu Jon Iñarritu. Estos grupos también le han recordado al PSOE y a Unidas Podemos que en el programa político del acuerdo de coalición no se comprometían a reformar la norma, sino a derogarla, y ERC los ha acusado de "incumplir esta promesa", ya que ha sido el PNV el que ha llevado al Congreso la reforma.

Los grupos de la izquierda han acusado al Gobierno de coalición de practirar un "uso absusivo" de la ley mordaza durante el estado de alarma

"Estamos impulsando la derogación del delito de rebelión, y nos comprometemos a derogar el delito de injurias a la Corona", ha respondido el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés. "La ley mordaza no garantiza la seguridad ciudadana, sino que penaliza la movilización activa y pacífica. La reforma de la ley mordaza es un paso hacia su derogación", ha insistido.

Desde el PSOE, el diputado David Serrada ha calificado el cambio de criterio del PP respecto a la norma como un "ejercicio de funambulismo" que ha achacado al "seguidismo de Vox". "En este país el ejercicio de libertades tiene que ser un avance más, no un retroceso, como sucede con esta ley", ha concluido.

Al final de la XII Legislatura, los grupos acordaron preservar los avances alcanzados en la Comisión de Interior para reformar la ley mordaza, y los letrados elaboraron una memoria recogiendo estos trabajos. Desde algunos grupos se había advertido de que la presencia de Vox en la Cámara podría obstaculizar el avance de algunos de estos acuerdos. Este martes, el PP se ha descolgado de los acuerdos de la Comisión de Interior, mientras que Ciudadanos ha ratificado su apoyo a los mismos, al considerar que la norma "tiene dudas constitucionales".