El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de la magistrada Pilar de Lara contra la sanción de siete meses y un día de suspensión que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2019, por dilaciones indebidas en las macrocausas que instruía en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, lo que significó la pérdida de destino y el final de sus investigaciones sobre varias tramas de corrupción en Galicia, como la operación Carioca, sobre una trama de trata en la que estuvieron implicados de lleno miembros de la Guardia Civil.

En una providencia de dos líneas, ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, el Tribunal Constitucional inadmite el recurso de la magistrada, que ahora presta servicios en los juzgados de Ponferrada (León), con la mera indicación de que el recurso no tiene trascendencia constitucional. 

El abogado de Pilar de Lara, Agustín Azparren, exmagistrado y exvocal del CGPJ, confirma a Público, que va a presentar demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "donde la mentalidad de los jueces es diferente en algunos asuntos", dice Azparren, que también destaca la dificultad de que prospere la nueva denuncia. 

El letrado de Pilar de Lara lamenta que los magistrados del TC no tengan que dar explicaciones cuando no admiten un recurso de amparo. "Me hubiera gustado saber por qué dicen que no tiene relevancia constitucional la posible vulneración del principio de imparcialidad por el hecho de que los miembros de la comisión disciplinaria del CGPJ formen parte del Pleno que ha de resolver los recursos de alzada contra sus propias resoluciones. "Esto era uno de los pilares de nuestro recurso y creo que tiene suficiente trascendencia como para que el TC lo hubiera estudiado", se queja Azparren. 

Este abogado indica que con la decisión del TC, Pilar de Lara se ha llevado "un disgusto, que no le ha durado mucho tiempo" y considera que este caso es "extraordinario". "No es baladí que Pilar investigara lo que estaba investigando, con alcaldes imputados y tramas de prostitución impunes -- dice el letrado--. Era una jueza incómoda para los poderes establecidos". Asegura que "he llevado una veintena de expedientes sancionadores y como este, ninguno", en referencia a la "indefensión" de la que ha sido objeto su clienta. 

El recurso inadmitido se refería también a una cuestión de actualidad: "la falta de legitimidad de los vocales judiciales a la hora de sancionar a miembros de la carrera judicial ante su aparente carencia de independencia por ser nombrados por el Parlamento", señala Azparren, que indica además que "me gustaría saber por qué esto no tiene especial trascendencia". 

Otro de los pilares de su recurso se refería a la presunta indefensión padecida por Pilar de Lara. Hay que recordar que el CGPJ castigó a la magistrada por dilaciones en su juzgado en el trascurso de macrocausas de corrupción política como Pokémon y Garañón. La jueza considera que la sanción fue "desproporcionada" y que sólo tuvo por objeto apartarla de su juzgado "debido a su actuación dirigida a investigar actividades de corrupción que involucraban a políticos y ayuntamientos".

Su letrado destaca como ejemplo de la indefensión que sufrió su cliente que no se admitiera como prueba la declaración de los inspectores del CGPJ, que primero avalaron la actividad profesional de Pilar de Lara, "destacaban su gran dedicación", dice Azparren, y después, "sin saber por qué", cambiaron de opinión y la culparon de desatención generalizada y dilaciones indebidas. "Yo pedí la declaración de estos inspectores pero no lo admitieron. Me hubiera gustado que me dijeran el motivo", clama el abogado. 

Si por algo se ha destacado esta jueza de Cartagena destinada en 2007 en Lugo es por su empeño investigador, lo que le ha costado amenazas, presiones, campañas en su contra, además de un alto precio personal. Ha destapado la corrupción más enraizada en Galicia, por ejemplo, la que compraba voluntades políticas a cambio de la explotación sexual de mujeres vulnerables.