La comisión de investigación sobre la Faffe, una fundación de la Junta de Andalucía que gestionó entre 2003 y 2011 más de 250 millones de euros en fondos contra el paro y en la que un juzgado de Sevilla investiga un rosario de graves irregularidades, entre las que se cuenta el gasto en prostíbulos con dinero público, se ha transformado en un esperpento.

La decisión de Vox, PP y Ciudadanos de convocar a tres días de las elecciones generales a los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán, quien liquidó la Faffe en el año 2011, Susana Díaz, quien llegó al Gobierno cuando ya no existía la Faffe, y a la ministra María Jesús Montero, que era entonces consejera de Salud, lo que significa que, a priori, nada tuvo que ver con la gestión del dinero contra el paro, derivó en un espectáculo bochornoso en el Parlamento de Andalucía.

El PSOE decidió rebelarse ante lo que considera una encerrona en toda regla que obedece a una estrategia dirigida expresamente a dañar sus expectativas electorales. La derecha no quiere que nadie olvide la corrupción a las puertas de las elecciones. Ni Griñán ni Díaz ni Montero acudieron ni acudirán en esta ocasión al Parlamento de Andalucía. Los tres enviaron sendos escritos a la comisión para explicar su ausencia. Ninguno de ellos ni tampoco Chaves está investigado por la Faffe en ningún juzgado. 

Los dos primeros, según indicaron fuentes parlamentarias, no recibieron la citación pertinente. A Griñán ni siquiera le llegó el burófax a su domicilio –algunas fuentes indicaron que se equivocaron de casa– y a Díaz sí, en dos ocasiones, pero se encontraba ausente, por lo que tampoco llegó a recibirla. La presidencia de la comisión la envió también al Grupo Parlamentario, pero tampoco fue posible entregársela por este cauce, lo que causó la mofa de Vox, PP y Ciudadanos. “[Díaz] ha hecho todo lo posible para no recibirla. Ha obstruido. Si esto fuera un tribunal de justicia, sería obstrucción”, manifestó al respecto José Antonio Nieto, portavoz parlamentario del PP.

Montero alegó lo mismo que, en su momento hizo la exministra Fátima Báñez para esquivar la comisión de los Fondos de Formación: que el Consejo de Estado y la jurisprudencia reciente avalan que las ministras del Gobierno de España no tienen por qué acudir a las Cámaras autonómicas.

A esto, Nieto opuso el siguiente argumento. Como Chaves también ha sido vicepresidente del Gobierno, podría no haber venido. El PP considera, sin embargo, que las peticiones de comparecencia se justifican por su actividad en el Ejecutivo andaluz y no en el Gobierno de España. Los conservadores aseguran que, aunque la Faffe se extinguió en 2011, su liquidación efectiva llevó años y que se tomaron decisiones hasta el año 2016. En este argumento basan las comparecencias de Díaz y Montero.

Chaves se marcha

A las 8.30 de la mañana, el expresidente Chaves, durante cuyos mandatos se desarrolló el rosario de irregularidades que hoy investiga la justicia y que causaron la apertura de la comisión de investigación, con la anuencia incluso del PSOE –forzada por las mayorías de hoy, porque nunca la ha querido–, lanzó un discurso que fue interrumpido por el presidente de la comisión, Enrique Moreno, de Ciudadanos.

”Han adoptado la decisión de convocar esta comisión en plena campaña electoral y tres expresidentes de la Junta y una ministra del Gobierno de España han sido citados 72 y 48 horas antes del día de las elecciones”, dijo Chaves. Moreno trató de cortar este alegato, pero Chaves insistió: “No valoro ni devalúo los acuerdos de la comisión, sino que narro un hecho objetivo. No coarte mi derecho a expresarme libremente”.

“¿Qué necesidad imperiosa existía para citarme 72 horas antes de la fecha electoral? ¿Qué necesidad imperiosa existía para citarme 72 horas antes de la fecha electoral?”, agregó Chaves. El expresidente, luego, nervioso –es un hombre siempre respetuoso con la institucionalidad–, decidió abandonar la comisión, lo que causó una fuerte bronca posterior entre Vox, PP y Ciudadanos y el PSOE.

Mientras los socialistas denunciaban el “uso torticero” de la Cámara por parte de Vox, PP y Ciudadanos, estos les acusaban de lo contrario, de no respetar el Parlamento de Andalucía y tacharon la actitud de Chaves de “huida”. “Sobre la fecha, dígame cuándo la hacemos. Ha habido elecciones en diciembre, abril, mayo, noviembre… A ver si no hay en marzo, ¿Cuándo lo hacemos?”, se preguntó el portavoz del PP. Nieto llegó a recordar ante los medios cómo les habían tratado los socialistas en sus años de oposición –“nos trataron con la punta del pie”– y que el PSOE había optado por reventar la comisión por temor.

“Lo que quieren es que no se hable de lo importante, sino de lo anecdótico”. El portavoz del PP recordó algunas de las irregularidades cometidas en la Faffe y documentadas por la Guardia Civil y el juzgado. Entre ellas, el gasto de hasta 3,2 millones de euros en actividades que nada tenían que ver con el objeto de la Faffe, entre ellas, gasto en prostíbulos y en autobuses”.

Vox, PP y Ciudadanos prosiguen este viernes con su estrategia. Comparecen tres exconsejeros de Susana Díaz, en turno de mañana y de tarde, quienes, según indicó el PSOE, sí han recibido la notificación. Y a las 18.30 el colofón, el cierre espectacular: comparece José Ruiz, el dueño del burdel Don Angelo, uno en los que el exdirector de la Faffe, Fernando Villén, se gastó durante seis años, entre 2004 y 2010, al menos 31.969 euros en 43 pagos con tarjetas de crédito pagadas con dinero público. En la Faffe, los directivos tenían acceso a trece cuentas corrientes y ocho tarjetas de crédito: dos Visa, cinco American Express y una Mastercard.  

Es decir, que lo que diga Ruiz, si acude, estará en todos los medios de comunicación el mismo día de la jornada de reflexión.

Denuncia de Vox

Este asunto, el conflicto entre la derecha y el PSOE, ha dejado a Adelante Andalucía, que hubiera preferido que las comparecencias se celebrasen en otro momento, en un segundo plano. Teresa Rodríguez manifestó que la comisión estudia el destino de los fondos para empleo, lo que “pone de manifiesto una historia triste que sigue en la agenda política ahora que manejamos menos fondos. Me lamento de la década que el dinero que a raudales se recibía para fondos de formación. Eso es lo que más lamento. Me duele y me genera rabia a dónde han ido esos fondos”.

Esta es la tercera comisión de investigación que se crea en el Parlamento de Andalucía que analiza las andanzas en la Consejería de Empleo y en sus entes dependientes en la primera década del siglo, durante los últimos años de Chaves como presidente. 

Sobre el esperpento en que se ha convertido la comisión, Rodríguez analizó que iba a servir para que unos dijeran una cosa y otros, la contraria y que, al final el día “y la comisión en general” se convirtieran en “una perdida de tiempo”. Rodríguez añadió que habría que evitar que esto pudiera pasar y que la comisión pudiera servir para ejecutar medidas concretas que eviten que el dinero público acabe en prostíbulos.

PP y Ciudadanos dijeron que estudiarán las consecuencias jurídicas de la decisión de Chaves y de las incomparecencias de Griñán, Díaz y Montero. Vox sí anunció que iría a la Fiscalía contra Chaves por desobediencia. “La comparecencia no es sólo llegar e irse, sino que es llegar, asistir y atender a las preguntas de los grupos, que era para lo que había sido citado. De alguna manera ha impedido la celebración de la comparecencia estando requerido formalmente”, interpreta Vox.

El articulo 502 del Código Penal recoge lo siguiente: “Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Y el reglamento de la Cámara Autonómica en su artículo 52.2 regula las notificaciones y la forma que estas deben tener. Así, “los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con quince días de antelación, salvo cuando, por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días”. Y añade: “En la notificación, dicha persona será informada de sus derechos y obligaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento, y podrá comparecer acompañada de quien designe para asistirla”.

Por tanto, si no se ha recibido el apercibimiento, “esto es, la advertencia en la convocatoria de la posible responsabilidad penal a que dará lugar la incomparecencia”, no puede haber condena, según recoge la profesora de la Universidad de Alicante, María del Mar Carrasco en el estudio Tutela penal de las comisiones parlamentarias de investigación y de la actividad de otros órganos constitucionalmente reconocidos.