Cuatro años y medio de Moreno: guerra en Doñana, deterioro sanitario y un simbólico teléfono de violencia intrafamiliar

El próximo miércoles, Juan Manuel Moreno Bonilla irá al Parlamento de Andalucía, a semanas de las generales, a hacer un balance "general" de su actividad y de la de su gabinete.

Moreno Bonilla es presidente de la Junta desde enero de 2019. Lleva, por tanto, cuatro años y medio en el puesto, uno de ellos con mayoría absoluta, este último, y otros tres y medio en coalición con Ciudadanos con los apoyos parlamentarios de Vox. Fue el primero que pactó con la ultraderecha en España, después de haber quedado segundo, por detrás del PSOE, en los comicios de 2018.

Moreno Bonilla y el PP están hoy en la centralidad y dominan en términos electorales y sociológicos la comunidad más poblada.

En este tiempo, entre los aspavientos y la polarización, ha logrado construirse una imagen de moderación personal –de la mano de una prudente y controlada agenda y exposición a medios–, que ha logrado conectar con diferentes capas sociales, hasta ahora inmunes al PP, a pesar de que el horizonte de sus políticas han respondido en este tiempo a una ideología liberal y de derechas.

A esa consideración de la que hoy goza el PP en Andalucía le ha beneficiado sobremanera el hartazgo del electorado después de 37 años de gobiernos consecutivos del PSOE.

Los problemas del PSOE en Andalucía tienen que ver con el agotamiento del proyecto

Unos ejecutivos aliñados por un fuerte deterioro de la sanidad pública durante los años de Gobierno de Susana Díaz, las luchas internas y los casos de corrupción –sobre todo en torno a la Consejería de Empleo en la última etapa de Manuel Chaves como presidente–, alguno particularmente corrosivo, que han dejado dos expresidentes condenados –Chaves (prevaricación) y José Antonio Griñán (prevaricación y malversación)–.

También ha contribuido a su éxito el desencanto en la izquierda –hoy tiene siete diputados (cinco Por Andalucía y dos Adelante) cuando llegó a tener 20 en 2015 y 17 en 2018– después de la implosión de Adelante Andalucía y el fin de ciclo que se inició tras el 15M.

Existe una abstención perenne en amplias zonas de la comunidad, en las que están parte de las más desfavorecidas de todo el país, que están completamente alejadas de la política, porque, podría decirse, sienten que la política está muy lejos de ellas.

En resumen, Andalucía es hoy, después de la mayoría absoluta en las autonómicas y de la victoria con casi cinco puntos de ventaja sobre el PSOE en las municipales, un feudo del PP, lo cual podría tener serias consecuencias: los socialistas han cimentado históricamente sus victorias en las generales en una sólida base de voto en Andalucía y en Catalunya.

Sin embargo, se han ido desconectando del electorado andaluz poco a poco desde hace tres lustros. Los problemas del PSOE en Andalucía tienen que ver con el agotamiento del proyecto, la ausencia de un rumbo claro y la falta de credibilidad, lo cual es profundo y complejo.

Hacia la derecha

Las políticas de Moreno Bonilla han mirado siempre a la derecha y hacia la profundización en un proyecto liberal y extractivista. Así ha sucedido en igualdad, urbanismo, educación, sanidad y Doñana, verdadera piedra de toque de sus políticas y de su ideología.

El sindicato Ustea cifra el recorte de aulas públicas desde la llegada al poder de Bonilla en el entorno de las 2.000

Aunque es cierto que el PP andaluz no ha desmontado medidas sociales implantadas en Andalucía en los años socialistas, como, por ejemplo, el complemento de las pensiones –no es grande, pero existe–, los libros de texto gratis en la educación obligatoria, las matrículas bonificadas en la universidad para quien apruebe, el cambio ha sido (en cada ocasión que se han tomado medidas legislativas y normativas) hacia la derecha.

En educación, Moreno afrontó una huelga sectorial en cuanto tomó las primeras decisiones (su consejero Javier Imbroda, de Ciudadanos, lo hizo).

Los decretos aprobados han propiciado, según los sindicatos educativos, el cierre de aulas en la escuela pública y se hicieron con la ideología por montera: para favorecer a la escuela concertada, la que está financiada con los impuestos, pero es de propiedad privada y que en su mayoría es de la Iglesia, una de las instituciones que difunden en España el ideario que el PP considera que le viene bien.

El sindicato Ustea cifra el recorte de aulas públicas desde la llegada al poder de Moreno Bonilla en el entorno de las 2.000: "El argumento esgrimido por los responsables de la Consejería para la eliminación de clases en la red de centros públicos es el descenso de la natalidad, aunque no se explica que este mismo fenómeno no afecte a los centros privados concertados que mantienen su oferta blindada e intacta desde hace años".

El estudio de la FADSP sitúa ya a Andalucía como la comunidad con peores servicios sanitarios de todas.

"Mientras en 2019 el 81% de las plazas de infantil ofertadas eran de centros públicos, frente al 19% de plazas concertadas, este año la oferta de plazas públicas representa el 79 ,29% del total, mientras que los centros concertadas acaparan el 20 ,70% de la oferta. Así, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, la Educación Pública ha perdido casi dos puntos, frente al avance de la enseñanza concertada", asegura Ustea.

La sanidad pública, lejos de mejorar en estos cuatro años y medio, ha proseguido su deterioro iniciado en los años de Gobierno del PSOE, con el PP en Moncloa.

El Gobierno de Moreno Bonilla no ha conseguido frenar la decadencia del sistema: el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), hecho público hace dos semanas, que permite la comparación entre CCAA, sitúa ya a Andalucía como la comunidad con peores servicios sanitarios de todas.

Según la FADSP, el Servicio Andaluz de Salud estaba en el sexto puesto por la cola cuando el PP llegó al Ejecutivo. Cuatro años después, a pesar de los multimillonarios presupuestos, ha caído al último puesto.

En estos años, Moreno Bonilla, ya sin el apoyo de Vox, es decir, ya bajo su exclusiva responsabilidad, mantiene en marcha un teléfono contra la violencia intrafamiliar, el término que usa a la ultraderecha para negar la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, que costó un cuarto de millón de euros poner en marcha.

Además, ha consolidado en estos años, un tejido asociativo antifeminista que ha recibido casi tres millones de euros en subvenciones públicas. 

Andrea Barbotta, del Consejo Andaluz de Participación de la Mujeres, analiza que en estos años Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer ha tenido dos consejeras y tres directoras y, aunque el trato ha mejorado, "ningún informe se ha enviado".

Andrea Barbotta: "Ya no podemos echarle la culpa a Vox. Ahora son ellos"

"No hemos tenido ninguna reunión con las unidades de género de las consejerías, a pesar de haberlas solicitado más de seis veces. En definitiva, no hemos podido hacer nuestro trabajo, que es asesorar y colaborar y representar los intereses de las mujeres, viendo que se cumplan las políticas de igualdad", dice.

"Sí se invierte –añade Barbotta– en planes de igualdad, proyectos, programas y subvenciones, pero ese dinero viene del pacto de Estado. Hemos pedido un informe sobre cuánto se ha incrementado con el presupuesto andaluz".

"El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación finalizó en 2021. Desde diciembre de ese año estoy pidiendo la evaluación del plan y todavía no me lo han enviado o no se ha hecho. ¿Qué pasa con el III Plan? Porque si se ha empezado a trabajar en él, con nosotras no se ha contado", agrega.

"En definitiva, –remacha– no veo que se haya avanzado. En esta legislatura de mayoría absoluta del PP, ya sin Vox, se siguen manteniendo los compromisos adquiridos entonces, como el teléfono de violencia intrafamiliar, que cuesta mucho dinero y que apenas tiene llamadas y las que tiene se derivan a otros servicios ya existentes. Ya no podemos echarle la culpa a Vox. Ahora son ellos".

"Y se sigue, además, invirtiendo mucho dinero en subvenciones destinadas a asociaciones que tengan como objeto la protección y defensa de la vida, pero en realidad su objetivo es ponerse delante de las clínicas donde las mujeres ejercen su derecho a interrumpir un embarazo y acosarlas", añade.

Moreno abre la mano en urbanismo

Moreno Bonilla se dispone a sacar una ley que amplía las zonas regables en la comarca en un contexto de crisis climática

En urbanismo, Moreno Bonilla ha modificado la ley del suelo y ha abierto la mano y relajado controles ambientales. Los ecologistas consideran que la normativa permite construir, prácticamente, cualquier cosa en cualquier parte y Podemos e IU la llevaron a los tribunales.

"La aplicación de esta ley no nos llevaría precisamente a una situación de sostenibilidad, sino más bien tiende a lo contrario, a posibilitar actuaciones insostenibles e irreversibles que generarán pérdida de recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad...), y de calidad de vida para los ciudadanos", argumenta la asociación ecologista.

"Facilitar la promoción y la aprobación indiscriminada de proyectos –sostiene Ecologistas en Acción– ya ha demostrado que no supone una mejora en la economía productiva, la que crea riqueza y empleo estable, muy al contrario, favorece la especulación y las burbujas financieras que ya hemos sufrido varias veces en nuestro país, y que nos llevó a la ruina".

"También favorece la corrupción que sufrimos con carácter endémico ligada a la facilidad de revalorizar suelos de forma ficticia mediante recalificaciones y proyectos urbanísticos que, ahora, se pretenden agilizar", señala.

En Doñana, el PP, de la mano de Vox, ha hecho caso omiso de las advertencias de la Comisión Europea y de la Unesco y Moreno Bonilla se dispone a sacar una ley que amplía las zonas regables en la comarca en un contexto de crisis climática.

Esta norma llega después de que una sentencia condenara a España por no cuidar los acuíferos y podría acarrear sanciones. Sin embargo, las expectativas y las presiones de un grupo de propietarios, de momento, prevalecen. Es la ideología.