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Elecciones municipales 2019 ¿Puede el voto migrante frenar a la ultraderecha?

El día 15 de enero vence el plazo para que los residentes extranjeros cuyos países de origen cuenten con acuerdo de reciprocidad con España se registren en el Censo Electoral, requisito indispensable para votar en las elecciones municipales de mayo. Los migrantes de origen europeo tienen hasta el día 30. La mayoría de la población extranjera carece de derecho al sufragio, pero los que sí lo tienen reconocido podrían ser clave en determinados municipios.

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Migrantes africanos recién llegados a España bailan durante una fiesta de bienvenida organizada por grupos vecinales. Bilbao, España, el 28 de julio de 2018. Foto: Vincent West / Reuters

Las previsiones apuntan el ascenso de la derecha de cara a las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el 26 de mayo. El último barómetro del CIS, el primero después de los comicios andaluces, observa una fuerte subida en intención directa de voto a Partido Popular (14,1%), Ciudadanos (13,2%) y Vox (2,7%).

Guiado por el resultado electoral que hizo entrar, por primera vez en democracia, a la ultraderecha en un parlamento, con doce diputados, el discurso se ha ido también endureciendo contra los tres enemigos dibujados por Vox: el interior, Catalunya y el feminismo; y el exterior, la población migrante.

Las elecciones municipales cuentan con una característica especial desde los pasados comicios de 2015: en ellas, una parte de la población migrante tiene reconocido su derecho al voto. Su participación podría, entre otras cuestiones, evitar la sobrerrepresenación de Vox en determinados municipios.

En grandes ciudades como Madrid, en donde la derecha extrema tiene parte de sus reductos históricos, se pronostica ceñido el resultado electoral. En las últimas elecciones municipales menos de 20.000 votos separaron el triunfo de la alianza de Ahora Madrid y PSOE del bloque PP y Ciudadanos.

Las personas de origen extranjero en Madrid representan más del 13% de la población total, 436.640 personas, según la última estadística municipal, con fecha 1 de julio de 2018. Supone una subida del 7% respecto al año anterior, una tendencia estable durante el último trienio. De las quince nacionalidades más numerosas en la ciudad nueve podrán participar en las elecciones municipales, porque pertenecen a la Unión Europea o porque existe un acuerdo de reciprocidad entre sus países y España. Es el caso de las ciudadanas y ciudadanos de origen rumano, ecuatoriano, colombiano, italiano, peruano, paraguayo, boliviano, portugués y francés. Solo entre ellos suman más de 180.000 personas, que podrían ser clave en el resultado final.

Pero para poder votar deberán estar empadronas en el registro de su Ayuntamiento, haber residido legalmente los últimos cinco años (tres en el caso de Noruega) y hacer una declaración motivada de su voluntad para ejercer su derecho, esto es, registrarse en el Censo Electoral de extranjeros residentes en España. El voto en el país de origen no se pierde.

El plazo finaliza el próximo martes 15 de enero para los procedentes de Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Corea, Ecuador, Nueva Zelanda, Cavo Verde, Islandia, Noruega, Paraguay y Trinidad y Tobago, que podrán votar en los comicios municipales mayo. Y tienen hasta el día 30 de enero los procedentes de la Unión Europea, que podrán participar tanto en las elecciones municipales como en las europeas. A ninguno se le reconoce el derecho al sufragio en las autonómicas o en las generales.

Aunque Reino Unido prevé dejar la Unión Europea el 30 de marzo de 2019, sus ciudadanos residentes en España no serán excluidos de la formación del censo electoral, previsión cautelar que dejará de tener efecto si se consuma la separación.

La mayoría habrá recibido por correo postal su Clave de Tramitación Telemática (CTT) para registrarse a través de Internet. No obstante, a quienes no les haya llegado esta comunicación pueden solicitar su inscripción directamente al Censo.

"Nunca he seguido mucho la política, pero en las municipales de 2015 tenía claro que no quería que continuase el modelo de Ana Botella"

Es el caso de Rafaela, de origen francés. Desde hace unos años vive en Madrid junto a su marido y sus dos hijas pequeñas, donde trabaja en el área de recursos humanos. "Nunca he seguido mucho la política, pero en las municipales de 2015 tenía claro que no quería que continuase el modelo de Ana Botella. Voté y ahora animo a todos a realizar los trámites previos. Cada voto importa. Mi vida ha mejorado en algunas cosas que tienen que ver con decisiones políticas municipales. Ha bajado el precio de la guardería pública, por ejemplo. Trabajas aquí, aportas aquí, tienes aquí tus hijos, ¿cómo no vas a contribuir con tu voto a decidir las políticas de ciudad si son las que más impactan en tu día a día?".

La participación tiende a ser escasa. Los datos de las anteriores elecciones europeas de 2014 muestran que apenas el 24% del más de medio millón de ciudadanos comunitarios que reside en territorio estatal se inscribieron como electores.

"Es parecido en las municipales, el registro previo dificulta mucho el voto", explica David Moya, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona especializado en derechos de los extranjeros. "La inscripción tiene que hacerse ahora y esto es muy distorsionador porque nadie tiene las elecciones en mente. Sería mucho más sencillo si eliminásemos el requisito del registro previo o buscásemos fórmulas para reducir su impacto con un sistema similar al de los españoles, pero a estas alturas es tarde para cambiar la normativa".

Madrid y Barcelona son las provincias con más población de origen extranjero (acogen al 30,9%), que suponen el 16,6% y el 14,7% del total, seguidas por Alicante, Valencia y Málaga. Ceuta, Palencia y Soria son las que menos, con una cifra inferior a 10.000 migrantes cada una. En treinta y siete provincias españolas los ciudadanos y ciudadanas de origen extranjero suponen menos del 2%. En cuanto a los municipios, en Melilla, Baleares, Girona, Alicante y Almería, uno de cada cinco habitantes son migrantes.

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), el número de extranjeros en el Estado español con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de junio de 2018 es de 5.331.774. Buena parte están sometidos a la exclusión electoral. Solo uno de cada diez pudieron ejercer el derecho de sufragio en las pasadas elecciones municipales de 2015, unos 460.000.

"Un 10% del total de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos y pagamos impuestos cada día en España carecemos de algunos de los derechos democráticos más fundamentales, como el del voto". Margaryta Yakovenko lleva diecinueve años en territorio estatal. Sus padres migraron desde Ucrania hasta España. Llegó a los siete y ahora tiene veintiséis y vive en Barcelona. Ha estudiado periodismo y trabaja como editora en un medio de comunicación. La ucraniana es la decimocuarta nacionalidad más numerosa en España. 18.414 personas que carecen de derecho a voto al no existir un acuerdo de reciprocidad entre Estados, un requisito imprescindible que exige procesos electorales equiparables a la democracia española. Dos de las cinco nacionalidades de origen más frecuentes, marroquís y chinos, tampoco cuentan con un acuerdo de reciprocidad.

"Quiero pensar que los migrantes no votarían nunca a Vox, sería bastante incongruente, y supondrían un amortiguador"

"En mi caso", comenta Yakovenko, "escribo todos los días sobre política porque soy periodista. Escribo sobre algo en lo que yo no puedo participar porque no me dejan. Es paradójico". "Espero desde hace mucho tiempo por la nacionalidad y es un proceso burocrático que se demora porque, una vez más, estamos hablando de gente que no interesamos al no dar votos. Por eso quiero pensar que los migrantes no votarían nunca a Vox, sería bastante incongruente, y supondrían un amortiguador. Pero también es cierto que nunca se nos ha preguntado porque directamente no nos tienen en cuenta. Solo se analiza el problema de la migración desde el punto de vista de los españoles, para hablarles a ellos. Si todos los migrantes pudiesen votar se verían en la obligación de proponer, por fin, medidas para nosotros".

Según David Moya, "hay discursos sobre inmigración de extrema derecha incluso en partidos que no consideramos de extrema derecha. Creo que este voto no va a disminuir porque participen extranjeros. Pero sí que determinados partidos xenófobos dejarían de estar sobrerrepresentados en algunas localidades. Cuando la gente se queda en casa quienes abogan por polarizar y dividir movilizan su electorado". La abstención marcó, de hecho, los resultados en las últimas elecciones andaluzas, en las que más de dos millones y medio de personas no acudieron a las urnas. "Si asumimos que los migrantes no votarían por formaciones políticas contrarias a sus intereses y que fomenten el racismo, esto podría compensar al menos parte de ese efecto".

"Pasaría algo más", continúa Moya. "Si el voto extranjero es relevante, los partidos que se ven tentados a introducir discursos xenófobos pueden verse obligados a centrarlo para no perder votantes en las elecciones municipales, y quizás también en otras convocatorias, para no asustar a los españoles de origen extranjero. Es bueno para toda la sociedad".

Votar "por responsabilidad con la minoría migrante"

La visibilización del voto migrante contribuiría a desactivar la impregnación social de los discursos abiertamente xenófobos, como el de Vox, que ha roto la espiral del silencio en formaciones cercanas, como el Partido Popular y Ciudadanos. Es también una oportunidad para evidenciar las carencias en materia derechos y poner sobre la mesa la exclusión electoral.

Mónica Alzate, de origen colombiano, es profesora de Psicología Social en la Universidade de Santiago de Compostela y activista por los derechos de los migrantes. Considera que el colectivo nunca ha querido estar al margen de la participación política y ha tenido que hacerlo a través de vías no convencionales. "Desde hace muchos años hemos recurrido a formas alternativas, como la conformación de organizaciones sociales, las solicitudes a representantes políticos o las movilizaciones colectivas, aunque no cabe duda que el ejercicio democrático por excelencia es el voto directo. El voto hace que determinados grupos sociales empiecen a ser de interés para los partidos y se escuchen sus demandas".

En su caso, vota "por responsabilidad con la minoría migrante" a la que representa, "porque existen propuestas que facilitan la convivencia ciudadana y otras que van en contra despertando de forma intencionada emociones de miedo y amenaza o recurriendo a la hiper exaltación de una identidad nacional ‘pura’. Pero creo que la población española de nacimiento es en su mayoría solidaria y acogedora. La voz de quienes nos oponemos a la discriminación debe levantarse en nuestras conversaciones cotidianas. Tenemos la capacidad de romper con esos discursos y debemos votar de forma reflexiva, como responsabilidad colectiva e individual".

Para David Moya "el voto extranjero demuestra la normalidad de nuestra democracia y esta debe ser inclusiva y extenderse al máximo justamente para reforzar su calidad. La radiografía de la realidad es crecientemente diversa. Es un hecho y va a seguir siéndolo. El voto es un elemento más de normalización, que es la única alternativa realista a levantar muros, a plantear respuestas simples a problemas complejos y acabar agravándolos".

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