La emergencia sanitaria del virus del covid-19 lo ha cambiado todo, también el Congreso. La Cámara Baja decidió suspender toda su actividad durante 15 días tras los primeros positivos de diputados, antes incluso de que el Gobierno decretase el estado de alarma.

Esa parálisis solo se ha visto interrumpida por dos plenos excepcionales, uno para que Pedro Sánchez explicase los motivos que justificaban el decreto de la alarma, y otro para aprobar las medidas que buscan paliar las consecuencias de la pandemia, así como para prorrogar el confinamiento hasta el 11 de abril.

El PP se opuso desde el principio a la parálisis de la actividad parlamentaria y su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, advirtió de que "la democracia no puede estar en cuarentena". Tras el 'cierre' de la Cámara, el Ejecutivo decretó el estado de alarma y partidos como el PP y Vox entendieron que, dado que la situación otorgaba poderes excepcionales al presidente del Gobierno, era más necesario que nunca reforzar el control parlamentario.

La complejidad de la situación radica en que, con la actividad parlamentaria prácticamente parada (sus órganos de gobierno y coordinación, Mesa y Junta de Portavoces, se han reunido para permitir y facilitar la tramitación de las medidas necesarias en la lucha contra el coronavirus), las posibilidades de ejercer un control ordinario al Ejecutivo son más que reducidas.

Fuentes jurídicas del Congreso explican que el estado de alarma no es, en este caso, lo que complica el ejercicio del control parlamentario. "Esta situación no le quita poderes a la Cámara y la ley orgánica que lo regula no recoge nada sobre que se deba paralizar o alterar su actividad. Si solo tuviéramos en cuenta el decreto a la hora de analizar la situación, el Congreso seguiría trabajando con normalidad".

La clave es, apuntan estas mismas fuentes, la pandemia. La decisión del Congreso de paralizar su actividad y de establecer servicios mínimos responde a los esfuerzos por paliar el número de contagios, sobre todo después de los positivos de algunos diputados en las primeras semanas.

Antes de la publicación de las primeras medidas de confinamiento, el Comité de Seguridad y Salud de la Cámara ya había elaborado un protocolo (aprobado por la Mesa) para tratar de proteger a los trabajadores de posibles contagios. Finalmente, con el incremento del número de positivos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, propuso suspender todas las sesiones parlamentarias.

Suspendidos los plazos para tramitar iniciativas

Desde la oposición se insistió en que la situación no debía forzar la parálisis del control al Gobierno; mientras PP y Vox denunciaron que el Ejecutivo buscaba eludir el control, Ciudadanos propuso que la vigilancia parlamentaria se mantuviera a través de vías telemáticas para prevenir los contagios; el Reglamento del Congreso, sin embargo, permite cuestiones como el voto telemático (que la gran mayoría de diputados ya utilizó en el Pleno para aprobar los decretos de la covid-19 y la prórroga del Estado de alarma), pero no permite participar en el debate de forma no presencial.

La polémica aumentó después de que la Mesa del Congreso acordara suspender los plazos de registro, presentación y tramitación de las iniciativas. La decisión se motivó en que, con el Parlamento parado, las leyes que habían comenzado su tramitación, y aquellas registradas, vencían sus plazos y podrían ver comprometido su futuro legislativo.

Sin embargo, el PP y Vox pidieron que los plazos se mantuvieran para las preguntas escritas dirigidas al Gobierno, algo que el órgano de gobierno de la Cámara rechazó. El departamento del Ejecutivo al que se le haya enviado la cuestión dispone de 20 días desde su publicación en los boletines oficiales para responderla, aunque este plazo puede ampliarse otros 20 días más por petición motivada del Gobierno y si así lo acuerda la Mesa del Congreso.

En este tiempo desde la publicación del decreto del estado de alarma (dos semanas), Sánchez ha comparecido en dos ocasiones ante el Pleno del Congreso, donde ha debatido con los portavoces parlamentarios. Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá todas las semanas en la Comisión que controla su cartera en la Cámara (el pasado jueves lo hizo por vez primera).

El debate sobre el adecuado control al Ejecutivo por parte del Poder Legislativo no es nuevo ni exclusivo de la situación que padece el país. En 2018 el Tribunal Constitucional publicó una sentencia en la que se acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de menoscabar la "atribución constitucional del Congreso" tras haber eludido el control parlamentario durante 10 meses.

En la legislatura fallida de 2016, el entonces presidente del Gobierno rechazó someterse al control de la Cámara bajo el pretexto de estar en funciones. A su juicio, el hecho de no haberse producido una investidura significaba de facto que el Congreso no le había otorgado su confianza al Ejecutivo y que, por lo tanto, este no debía someterse a la vigilancia parlamentaria a la que sí se deben someter los Gobiernos con plenas facultades.

La Mesa presentó entonces un conflicto de atribuciones ante el Constitucional, que bastante tiempo después falló en contra del Ejecutivo del PP, al entender que el hecho de que un Gobierno esté en funciones no inhabilitaba al Congreso para ejercer su función de control. 

De momento, la Comisión de Sanidad, reconvertida en una suerte de comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus, es el único órgano que sigue activo cada semana en la Cámara, aunque no se descarta que Sánchez tenga que volver a acudir a otra sesión plenaria para dar explicaciones sobre nuevas medidas o para soicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma.