EUSKADIEl portavoz del PP de Bizkaia se escuda en ETA para justificar que no presenta las cuentas de su empresa desde 2014

Primero fue en una barra de bar, con pintxos a la vista. Luego a pie de calle, en plan campaña electoral. Durante los últimos días, el portavoz del PP de Bizkaia y número siete en la lista conservadora para las elecciones vascas del cinco de abril, Eduardo Andrade, ha dejado claro en las redes sociales que está muy cerca de Carlos Iturgaiz, el candidato a lehendakari que impuso Madrid. De lo que no está tan cerca, documentalmente hablando, es del Registro Mercantil.

Andrade es uno de los dirigentes fieles a Pablo Casado en el PP vasco, un partido que acaba de sufrir un fuerte terremoto interno tras la decisión de Génova de apartar al hasta ahora presidente regional Alfonso Alonso e imponer a Iturgaiz por encima de la dirección autonómica. Además de pertenecer al sector duro del PP vasco, Andrade se desempeña como coordinador general de la formación conservadora en Bizkaia y tiene dos cargos públicos: es concejal en el ayuntamiento de Getxo y juntero en las Juntas Generales de este territorio.

Según consta en las declaraciones de bienes que formuló en junio pasado en ambas instituciones, este dirigente popular –abogado de profesión– cuenta con el 33% de Yangtse Abogados, un despacho afincado en Getxo. Su participación está valorada en apenas mil euros. Allí figura como socio Andoni Regidor, quien ejerció como responsable de seguridad del PP vasco en los años duros.

De acuerdo a datos del Registro Mercantil, Andrade lleva desde 2014 sin presentar las cuentas anuales de Yangtse. De hecho, el Registro Mercantil señala que se ha producido el "cierre de hoja por falta de depósito de cuentas".

"Se encuentran sin depositar, dentro del plazo establecido, cuentas anuales de la sociedad de esta hoja. En consecuencia, de conformidad con el artículo 282 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de la sociedad de esta hoja mientras el incumplimiento persista", explica el Registro en un documento al que ha tenido acceso este periódico. Quedan exentos de esa medida "los títulos relativos al cese o dimisión" de distintos cargos, así como "la revocación o renuncia de poderes", la disolución de la sociedad o el nombramiento de liquidadores.

"Eso lo lleva mi asesor", respondió Andrade a Público al ser consultado sobre este tema. Tras indicar que continúa empleando Yangtse Abogados para su trabajo como profesional, señaló que no presentaba las cuentas "por motivos terroristas". "No interesaba que la gente supiera de mis problemas, porque el tema aquí en el País Vasco es complicado. He estado escoltado hasta 2013 o 2014. En el País Vasco muchas cosas no se hacían públicas. Pero todos los impuestos están declarados y pagados", afirmó en una conversación telefónica con este periódico.

Lo cierto es que ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011. El 17 de marzo de 2017 anunció su desarme unilateral, y el 3 de mayo de 2018 dio a conocer el comunicado en el que hizo pública su disolución. "Ahora que estamos en una situación más normal, igual le digo al asesor que lo ponga al día. No tengo ni idea. Lo pensaré con calma", afirmó Andrade.

En su declaración de actividades ante las Juntas Generales de Bizkaia, el dirigente del PP declaró además que tiene el 50% de Arau Consulting, una sociedad creada legalmente en junio de 2016. Como objeto social principal figuraba "turismo, hostelería y restauración", mientras que como "objeto social secundario" abarcaba un amplio número de actividades que van desde los servicios educativos hasta la agricultura, ganadería y pesca. La participación del dirigente del PP en esta empresa está valorada, según su propia declaración, en 1.500 euros. Su socio allí también era el ex encargado de seguridad de los populares vascos.

En el caso de Arau Consulting no consta la presentación de cuentas ante el Registro Mercantil. Sobre este asunto, el portavoz del PP de Bizkaia indicó a Público que la empresa no llegó a funcionar. "Se creó porque había unos negocios en mente", afirmó. "Está parada. Si hace falta para algo, la daré de alta", añadió.

Andrade también estuvo vinculado a Galea Asesores, otra sociedad que llegó a ser "provisionalmente cerrada por incumplimiento de obligación fiscales". El dirigente conservador asegura que vendió esa empresa en 2001, cuando entró en política. El motivo, en esa ocasión, también fue ETA. "Por motivos de seguridad me hicieron vender todo, porque en aquella época nos mataban y no interesaba. En aquella época tener una sociedad significaba que te la volasen", relató.

Posibles sanciones

La no aportación de las cuentas ante el Registro "es de obligación legal", señalan fuentes del Registro Mercantil de Madrid. No obstante, aclaran que el registro carece de capacidad sancionadora. Esa cuestión recae en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del ministerio de Economía y encargado de ejercer "la potestad sancionadora por el incumplimiento por parte de las sociedades mercantiles de la obligación del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil".

El ICAC se ampara en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010. Allí se señala que el incumplimiento en la entrega de las cuentas dará lugar a "la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros".

"La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor por la sociedad; su incumplimiento se considerará a los efectos de la determinación de la sanción", establece.

En el supuesto de no disponer de dichos datos, "la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efecto se solicitará del Registro Mercantil correspondiente". Se destaca además que "las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán a los tres años".