La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunciará al Estado si el Tribunal Supremo falla en contra de la exhumación del dictador Francisco Franco o si, en caso de autorizarla, el Gobierno entierra los restos en el cementerio de Mingorrubio, en el distrito madrileño de El Pardo, propiedad de Patrimonio Nacional.

En un comunicado, la ARMH reclama que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos, pero exige igualmente que no se inhumen en suelo público.

El colectivo ha expresado esta postura en víspera de que el Supremo resuelva el litigio sobre la exhumación del dictador tras el recurso de sus nietos contra el acuerdo del Gobierno que fijaba para el pasado 10 de junio la exhumación, paralizada por el tribunal hasta que hubiera sentencia.

El Gobierno quiere trasladar los restos al cementerio de Mingorrubio, mientras que la familia defiende que, en caso de que salgan del Valle de los Caídos, vayan a la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid, a lo que se opone el Ejecutivo.

Patología democrática

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sostiene que "obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador", en caso de que vaya al cementerio de Mingorrubio, es una forma de maltrato y una patología democrática.

"A nadie se le ocurriría que una víctima de un atentado terrorista pagase la tumba del responsable o la víctima de cualquier otro crimen", asegura el presidente de la ARMH, Emilio Silva. A su juicio, "es el momento de que la democracia española demuestre que ha madurado y deje de financiar con fondos públicos monumentos que rinden homenaje a un dictador".

Silva sostiene que exhumar a Franco de la basílica del Valle de los Caídos "no debe ser el único objetivo del Estado por respeto a las víctimas" de la represión franquista y sus allegados.

Señalan al magistrado del Supremo

Este colectivo, que lleva diecinueve años exhumando fosas comunes de personas asesinadas en el postfranquismo, lamenta que hasta el momento ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo no hayan tomado ninguna medida para apartar de la decisión sobre la exhumación al magistrado José Luis Requero, uno de los seis que mañana deliberarán sobre este asunto. Le señalan por tener "una estrecha relación con uno de los bufetes de abogados que defiende los intereses de la familia Franco". Concretamente, Requero –con un perfil ultraconservador– tiene una estrecha relación con el abogado Santiago Milans del Bosch, colaborador de la Fundación Franco.

"Hay que terminar con los privilegios de la familia del dictador y el Estado debería investigar el origen de su fortuna y luchar para recuperar todo aquello que sea de propiedad pública; ya haya sido expoliado, malversado o indebidamente apropiado", explica Silva en el comunicado.