La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este miércoles a la citación como testigos en el juicio al comisario José Manuel Villarejo por tres piezas separadas de la macrocausa 'Tándem' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y del expresidente Mariano Rajoy. También rechaza la testifical de los jueces Fernando Andreu [conocido de Villarejo y citado en sus agendas] y Alejandro Abascal [fue juez de refuerzo en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó las piezas que se juzgan], tal y como había pedido la defensa del policía jubilado. 

Respecto a los cargos políticos, el fiscal Miguel Serrano ha argumentado para rechazar su testifical que "los pronunciamientos públicos que hayan podido hacer sobre Villarejo son absolutamente ajenos al proceso". También ha descartado la presencia en el juicio del expresidente Felipe González, así como los exministros de Interior Jorge Fernández Díaz y José Luis Corcuera y el ex secretario de Estado Rafael Vera, y de los fiscales Eduardo Torres Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix, "porque no pueden acreditar a qué estaba acreditado el señor Villarejo".

Serrano ha anunciado, en su respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, que acepta las testificales del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en la pieza 7 ('Kitchen') de la misma macrocausa. También admite que declare en el juicio la periodista Ana Rosa Quintana, esposa de uno de los acusados.

Sin embargo, la Fiscalía se opone a que acudan como testigos el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, y el inspector Rubén López  "porque no se puede incardinar este procedimiento en la llamada 'guerra de comisarios'", ha dicho el fiscal, que ha admitido la testifical de algunos miembros de la cúpula o excúpula policial, como Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; y exresponsables de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Eugenio Pino y Florentino Villabona. También admite la testifical de los policías Francisco Migueláñez, José Luis Olivera y Miguel Ángel Bayo, "por ejercer sus respectivos cargos cuando se habrían producido los hechos investigados".

La Fiscalía no niega los vínculos con el CNI

Miguel Serrano ha reprochado a Villarejo "no saber de qué le acusa el fiscal": "El papel de Villarejo como policía de inteligencia en ejercicio no lo podemos en duda, como colaborador del CNI no lo podemos en duda, y que estuviera autorizado para la gestión de sus empresas privadas no lo ponemos en duda", ha indicado el representante del Ministerio Público, que ha recordado que la acusación de la Fiscalía se centra en el lucro que Villarejo ha podido obtener de esa "actividad lícita. Eso es cohecho", ha dicho Miguel Serrano. "Son sus negocios privados en paralelo a sus actividades policiales" lo que enjuicia, ha recalcado.

El fiscal se ha referido al cruce de correos electrónicos que ha presentado la defensa del comisario con el CNI para demostrar que sus empresas estaban al servicio del Estado. "Es que ese rol no lo negamos. No negamos que sea espía o exespía --ha dicho Serrano-- sino que aprovechaba esa condición para lucrarse, eso es lo que es reprochable".

Documentos llenos de minas

La Fiscalía se ha referido a la legalidad de los registros o la cadena de custodia de material intervenido en la causa, como los audios del comisario Villarejo, cuya validez como prueba ha sido puesta en tela de juicio, y ha adelantado que se va a oponer a todas las cuestiones de nulidad que han aducido las defensas. "No se dan ninguna de las disfunciones que pudieran conducir a que este juicio no sea un juicio justo para los acusados", ha sostenido Serrano. A la vez ha indicado que los documentos incautados a Villarejo "estaban repletos de minas para buscar su impunidad" y se ha referido a que los fiscales en esta causa "han tenido que bajar a la mina".

El fiscal también ha dado luz verde para escuchar el testimonio del denunciante de 'Tándem', el empresario Francisco Menéndez Rubio, para "acreditar que no hay ningún pacto espurio" para condonarle delitos fiscales, como ha denunciado Villarejo respecto al denunciante que dio pie a la apertura de la causa. "El procedimiento no se inicia por una denuncia aparentemente anónima sino por la investigación previa de la Fiscalía Anticorrupción y se acude a la autoridad judicial cuando es preciso", en referencia a la necesidad de efectuar registros. Ha insistido el fiscal en que no existe "pacto espurio" con Menéndez Rubio, aunque ha explicado que "en la pieza principal se le ha aplicado el atenuante" por colaborar con la Justicia. 

Francisco Menéndez trabajaba en Gepetrol, la empresa de hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, y fue quien remitió, a través de un tercero, la documentación sobre los 4,5 millones que pagó al comisario y a su socio por el 'Proyecto King'. El intermediario fue el excomisario de Barajas, Carlos Salamanca, como informó Público al hacerse eco en exclusiva de la declaración judicial de Menéndez.

El fiscal ha explicado que Francisco Menéndez Rubio fue citado por la Fiscalía al descubrir que estaba detrás de la denuncia anónima y "pone en manifiesto que los documentos del 'Proyecto King' son de él porque es su legítimo tenedor, es el cliente del señor Villarejo. Es que el circuito del dinero son las cuentas de Suiza que son suyas", ha incidido Serrano. 

Las grabaciones de Villarejo valen como prueba

Respecto a las grabaciones, el fiscal ha explicado que no pueden excluirse como prueba en la causa porque hayan sido efectuadas por un policía y las ha calificado como "un material absolutamente legítimo". "Aquí lo que hay es un policía que está grabando a sus clientes con los que hace negocios en paralelo a su ejercicio como policía", ha dicho Serrano, que también se ha referido a otro de los razonamientos esgrimidos por alguna defensa para rechazarlas como prueba: "Se dice también que son grabaciones entre abogado y cliente, pero no se están contratando servicios jurídicos, sino de consultoría, pero, en todo caso, si actuara en condición de letrado no podría grabar", razona el fiscal en referencia a la necesidad de consentimiento de los clientes para que un abogado les grabe en una conversación. "¿Vamos a proteger las grabaciones de las contrataciones ilícitas?", ha concluido.