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"Franco no puede salir del Valle de los Caídos para ir a otra tumba pública. Es un absurdo" 

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica advierte de que llevarán al Estado ante los tribunales si, finalmente, el dictador es enterrado en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. El Gobierno gastó 39.811,79 euros en las obras para adecentar el panteón. 

Capilla donde se encuentran los restos de Carmen Franco en el cementerio de Mingorrubio.- J. GÓMEZ

alejandro torrús

Si los planes del Gobierno de Pedro Sánchez se cumplen, la momia del dictador Francisco Franco terminará en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, en Madrid, junto a los de su esposa, Carmen Polo. Esta opción ha sido analizada por muchos, como el abogado y exasesor del Gobierno Eduardo Ranz, como "la menos mala" de todas. El resto de opciones no parecían mejores. Por un lado, estaba la Catedral de la Almudena, donde los Franco tienen una tumba en propiedad. Por otro, continuar en el Valle de los Caídos presidiendo una basílica que bien parece un mausoleo para mayor honor y gloria del dictador. 

Sin embargo, la opción del cementerio de El Pardo-Mingorrubio tampoco gusta en el movimiento memorialista. Muchas de las voces concentradas el martes frente al Tribunal Supremo se mostraban críticos con esta opción, planteada por el Ejecutivo de Sánchez. La razón: la tumba donde sería enterrada la momia del dictador es de propiedad pública. Es más, el Estado ha pagado con dinero público unas obras para "adecentar" el lugar para la posible inhumación del dictador.  

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha sido contundente en este aspecto. Su presidente, Emilio Silva, ha anunciado que si Franco acaba con sus huesos en la tumba de Mingorrubio-El Pardo acudirán a los tribunales de lo contencioso-administrativo para denunciar al Estado.

Emilio Silva, presidente y cofundador de la ARMH.- EFE

"Franco no puede salir del Valle de los Caídos para ir a otra tumba pública. Es un absurdo. Nosotros llevamos años pidiendo que el dictador salga de un lugar que es de Patrimonio Nacional, como es el Valle de los Caídos. Y la decisión de exhumarlo está bien. Pero no puede acabar en otra tumba que es propiedad del Estado y encima con un tratamiento VIP", denuncia Emilio Silva en conversación con Público

En opinión del presidente de la ARMH, los restos del dictador tienen que ir donde "su familia lo pague y no genere problemas". Ni de orden público o de otro tipo, como peregrinaciones o actos públicos para su exaltación y humillación de las víctimas de la dictadura. No obstante, si finalmente termina en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio la ARMH tiene una petición: "Esperamos que, al menos, pongan una placa explicativa diciendo que fue un dictador y los crímenes que cometió". 

Una tumba construida y "adecentada" con dinero público

El panteón donde el Gobierno quiere enterrar a Franco, y donde están los restos de su viuda desde su fallecimiento en 1988, fue ordenado construir en 1969, en plena dictadura, por orden de "la Superioridad" y costó 11,5 millones de pesetas con cargo a fondos para la "Prevención del Paro Obrero". Así consta en la documentación de la época que fue consultada por Público en el Archivo de la Villa de Madrid. De hecho, fue Patrimonio Nacional quien autorizó en 1988 el entierro de Carmen Polo "en el panteón de la cripta del cementerio del Pardo" con el socialista Felipe González en el Gobierno.

El panteón, no obstante, se encontraba en los últimos años en un estado de casi abandono. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez tomó dos medidas para continuar con su plan de enterrar en este lugar al dictador. Por un lado, en mayo de este año se produjo un cambio en la titularidad de la tumba. Hasta la citada fecha, pertenecía a Patrimonio Nacional. Desde entonces, es una propiedad más de la Administración General del Estado

Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez también acometió en el panteón una serie de obras para "adecentar" el lugar y prepararlo para su posible destino: ser la nueva tumba del dictador Franco. La Dirección General del Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, informó a Público a través del Portal de Transparencia, que los gastos relacionados con estas obras ascendían a 39.811,79 euros, IVA incluido, más del doble de lo que insinuó el Gobierno al inicio del proceso. A este gasto hay que sumar los gastos de exhumación y traslado, cifrado por el Gobierno, en más de 11.000 euros. En total, unos 50.000 euros

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