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El futuro penal de Juan Carlos I depende de Suiza y otras siete claves del AVE a La Meca

Estas son las claves y las personas que pueden llevar al rey emérito al banquillo o a ser exonerado. Juan Carlos de Borbón se va de España pero dice que está a disposición de la Fiscalía para todo lo que disponga.

Felipe VI retira la asignación económica a su padre y renuncia a su herencia personal
El rey  Felipe VI  dejó as su padre sin la asignación a cuenta de los Presupuestos del Estado y anunció que intenció de renunciar a la herencia. Foto: Efe

julia pérez

"Todo depende de Suiza". Dos fuentes del ministerio público coinciden: se analiza documentación del fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, para determinar el alcance de una investigación penal de Juan Carlos I por supuestos delitos fiscal y de blanqueo de capitales.

De lo que haya llegado de Ginebra y las pesquisas del equipo de la Fiscalía del Supremo dependerá si el rey emérito se sienta en el banquillo acusado de corrupción o si, por el contrario, queda exonerado una vez aclarada su implicación en el manejo de 100 millones de dólares en Suiza, dinero que habría llegado allí como donación del rey de Arabia Saudita -según la versión del emérito- o por el supuesto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca.

Para Juan Carlos de Borbón estarían prescritos los delitos relacionados con ese cobro tras la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca: estos pagos habrían ocurrido en 2008 cuando aún reinaba y gozaba de la protección de la inviolabilidad del artículo 53 de la Constitución.

En cambio, no está prescrito el movimiento del dinero obtenido, ni la obligación del pago de impuestos desde su abdicación, el 19 de junio de 2014. Implican supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública que se habrían cometido con ese dinero en Suiza. Porque, a partir de esa fecha, el paraguas de inviolabilidad se cerró para el rey emérito. Y es imputable en el Tribunal Supremo, donde está aforado.

Tampoco están prescritos los supuestos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales que habrían cometido los empresarios que pagaron comisiones para lograr la adjudicación de dichas obras públicas en Arabia Saudi.

El fiscal suizo Yves Bertossa no descarta llamar a declarar a Juan Carlos I si ve que en España no se investigan los movimientos de su fortuna secreta, según fuentes jurídicas. En su visita de octubre del año pasado, Bertossa pactó con la Fiscalía española el reparto de competencias: el emérito y los empresarios españoles se investigarían en España y los gestores y testaferros -como Corinna Larsen- en Suiza, donde supuestamente se habrían cometido los delitos.

En ese caso, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, daría instrucciones para oponerse a una citación de Juan Carlos I en Suiza dada su condición de exjefe del Estado y a partir del principio de reconocimiento mutuo entre ambos países.

Estas son las claves que pueden llevar a Juan Carlos I al banquillo o exonerarlo.

1.- ¿Qué se ha remitido a la Fiscalía del Supremo?

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado indicios de delito contra el rey emérito. Dolores Delgado ordenó el pasado 5 de junio la remisión de estas pesquisas a sus colegas del Supremo: las indagaciones que hay que realizar afectan "directamente" a Juan Carlos I.

El decreto del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, concreta los hechos a investigar: la llamada 'Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad', el llamado AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca.

El fiscal Luis Pastor, que llevaba la investigación hasta ahora, estaba a la espera de recibir un informe clave de sus homólogos suizos sobre una investigación abierta en 2018 a los presuntos testaferros del emérito, el abogado Dante Canónica, el gestor Arturo Fasana y su primo Álvaro de Orleans.

El fiscal suizo Yves Bertossa viajó a Madrid en octubre y se comprometió a enviar la documentación que afecta al emérito. Se ha recibido este informe, así como los movimientos de las cuentas de las fundaciones 'off shore'.

2.- ¿Qué investiga la Fiscalía suiza?

La Fiscalía de Suiza indaga una "donación" de 100 millones de dólares a una fundación panameña que tiene como primer beneficiario a Juan Carlos I. La habría realizado el entonces rey de Arabia Saudita Abdullah bin Abdulaziz Al Saud el 8 de agosto de 2008.

El destinatario era la Fundación Lucum, después de que el consorcio español -OHL e Indra, entre otras- ganara el concurso del AVE a La Meca tras rebajar en un 30% el coste de su oferta. Esta fundación está radicada en Panamá.

El fiscal Bertossa investiga las cuentas de esta fundación en el banco suizo Mirabaud por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales.

El mismo fiscal realiza indagaciones sobre la entrega por el propio Juan Carlos I en el año 2010 de 1,9 millones de euros que había recibido como donación del rey de Bahréin a Fasana, su gestor en Mirabaud, según publicó El País. El dinero se ingresó en la cuenta de Lucum.

En septiembre de 2012 se transfirieron desde esta cuenta 65 millones de euros a Corinna Larsen, la amiga especial del rey emérito (antes Corinna zu Zayn-Wittgenstein).

Las primeras revelaciones provienen del diario ginebrino Tribune de Genève, el 3 de marzo de 2020.

3.- ¿Qué empresas están implicadas?

El 3 de julio de 2010 se presentaron las ofertas para la Fase 2 del AVE a La Meca.

Un consorcio de empresas españolas competía con otro francés, donde participaban los ferrocarriles estatales franceses (SNCF) y la multinacional Alstom. Ganaron las españolas.

El consorcio ganador se llama Al Shoula Group. Está compuesto en un 88% por empresas españolas (ADIF, Renfe Operadora, INECO, Talgo, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Inabensa- Abengoa, Imathia, Indra y OHL) junto a dos saudíes (Al Shoula Group y la constructora Al Rosan Contracting).

El escrito de Anticorrupción remitido a la Fiscalía del Supremo se centra en los hechos a investigar de la Fase II. Pero no cita a personas concretas más allá del propio Juan Carlos I.

4.- ¿Quiénes son Arturo Fasana y Dante Canonica?

Ambos son abogados y gestores en Suiza. Gestionan la Fundación Lucum, la sociedad instrumental que tiene como primer beneficiario al rey emérito y que recibió los 100 millones de dólares de Arabia Saudita.

Arturo Fasana es un gestor suizo de grandes fortunas internacionales. Las españolas las gestionaba bajo el paraguas de la famosa cuenta ‘Soleado’. Este nombre saltó a la palestra con el caso Gürtel ya que dos de ellos eran Francisco Correa y Pablo Crespo, líderes de esta trama de corrupción que anidó en el PP.

Dante Canónica es un especialista en derecho bancario y financiero, experto en la creación de sociedades instrumentales. Este abogado sólo trabaja con grandes fortunas.

5.- ¿Quién investiga al rey emérito?

El fiscal que investigará directamente a Juan Carlos I está en la cúspide de la carrera fiscal. Se llama Juan Ignacio Campos Campos y es el fiscal de sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos desde el año 2012.

Campos ingresó en la carrera fiscal hace más de veinte años, es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, como Delgado.

Dependiendo de él trabajarán otros tres fiscales, ante la importancia institucional del rey emérito y la complejidad técnica que suponen las indagaciones sobre sociedades ‘off shore’: Paloma Iglesias Moreno, Juan Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.

También se ha sumado al equipo a Rosa Ana Moran Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional para colaborar con las autoridades suizas.

6.- ¿Quién defiende a Juan Carlos I?

El rey emérito ha contratado a un antiguo fiscal anticorrupción: Javier Sánchez-Junco, reputado abogado ejerciente que fundó su despacho en el año 2001.

Sánchez-Junco fue uno de los fiscales que consiguió la condena de Mario Conde por el vaciamiento del Banesto. Ejerció el ministerio público durante veinte años y llegó estar destinado en la Fiscalía General del Estado y en el propio Supremo.

Su nombre fue anunciado el 15 de marzo, al día siguiente de declararse el estado de alarma, cuando Felipe VI emitió un comunicado en el que anunciaba su intención de renunciar a la herencia tras el fallecimiento de su padre.

El rey emérito aseguraba en su comunicado que en ningún momento facilitó información a su hijo sobre las fundaciones Lucum y Zagatka, controlada por su primo Álvaro de Orleans.

Sánchez-Junco ha llevado la defensa de Javier López Madrid, consejero delegado del grupo Villar Mir, propietario de OHL, una de las empresas que forman parte del consorcio del AVE a La Meca. López Madrid es amigo personal de Felipe VI, está imputado en el caso Lezo, está a la espera de sentencia en Bankia y fue condenado por el caso de las tarjetas black de caja Madrid.

7.- ¿Quién defiende a Corinna Larsen?

El defensor de Corinna Larsen es el abogado británico Robin Rathmell. Es el mismo que ha gestionado la defensa de la empresaria danesa desde que su nombre salió a la palestra con las grabaciones del excomisario Villarejo donde ella reconoce la "donación" de 65 millones de euros de Juan Carlos I.

Este letrado trabaja en el despacho Kobre&Kim, ubicado en Londres. Fue esta misma la que emitió la carta que el 5 de marzo de 2019 recibió Felipe VI, en la que se revelaba, "sin ninguna justificación documental", la supuesta designación como beneficiario del actual monarca de la 'Fundación Lucum' al fallecimiento de su padre.

Aquello marcó la ruptura entre padre e hijo. Un año después, Felipe VI anunció que renunciaría a esta herencia cuando su padre falleciera.

8.- ¿Hay más pruebas contra Juan Carlos de Borbón?

El declive de Juan Carlos I empezó con el tropezón que lo tumbó en Botsuana en el año 2012. Estaba de cacería mientras en España arreciaba la crisis. Le acompañaba Corinna Larsen. "Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir", dijo el rey después de la operación.

Ella es la amiga especial de Juan Carlos I. Se convirtió en princesa al contraer matrimonio con un zu Sayn-Wittgenstein, del que luego se divorció.

En marzo de 2019, Corinna Larsen acudió a un notario para relatar las operaciones encubiertas del CNI para proteger a don Juan Carlos, en la figura de su exdirector Félix Sanz Roldán.

En este acta notarial, Larsen reconoce que se llevó de su residencia de Mónaco a Londres "ocho cajas negras" con documentos sobre los negocios del rey emérito. Se desconoce su contenido.

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