El abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco Mans, ha emitido un comunicado en el que aseugra que el rey emérito le ha "dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna".

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas unas diligencias informativas que afectan directamente al rey emérito. Abarcan desde el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación y cuando perdió la inmunidad y comenzó a estar aforado ante el alto tribunal. 

Las pesquisas buscan averiguar el papel del rey emérito en el cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas. En concreto, la adjudicación de la Fase II.

En concreto, se investigan los indicios de los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

El supuesto pago de la comisión por la adjudicación del AVE fue revelado en 2015 por la examiga de Juan Carlos I, Corinna Larsen (antes zu Sayn-Wittgenstein). Se produjo durante unas conversaciones que le grabó el entonces comisario en activo José Manuel Villarejo.

La empresaria reveló la existencia de una comisión de 100 millones de dólares depositados en la cuenta en el banco Mirabaud de Suiza de la Fundación Lucum, con sede en Panamá y cuyo primer beneficiario es Juan Carlos I.

Juan Carlos I siempre ha sostenido a sus gestores de esta fortuna que el dinero procede de una donación del rey de Arabia Saudita.

El traspaso del ministerio de Hacienda de Arabia Saudita a la cuenta de Lucum se se produjo en 2008, durante el reinado de Juan Carlos I, por lo que es inimputable en principio. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al ahora rey emérito por el manejo de ese dinero a partir de 2014, desde su abdicación, a través de testaferros.

Para ello, analiza la documentación enviada por el fiscal suizo dentro del pacto de distribución de competencias que se alcanzó con Bertossa en sus visitas a España durante su investigación.

El equipo está dirigido por el fiscal de Sala del Supremo Juan Ignacio Campos Campos, especialista en delitos económicos, con el apoyo de tres fiscales del alto tribunal: Paloma Iglesias Moreno, Juan Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.

Para agilizar las comisiones rogatorias, colabora con ellos Rosa Ana Moran Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional.

El equipo de los fiscales recibe el apoyo de técnicos especializados, como investigadores expertos en blanqueo de capitales, según fuentes económicas.

Más frentes judiciales

Por su parte, el fiscal suizo Yves Bertossa investiga a Larsen por haber recibido en 2012 más de 65 millones de euros de la Fundación Lucum, lo que podría constituir un delito agravado de blanqueo de capitales. Esta fortuna era la cantidad que quedaba en la cuenta del banco suizo cuando, tras el accidente de Botsuana, el rey emérito comenzó a tener miedo a ser desucibero

También son investigado en Suiza los gestores de la fortuna en Lucum y de otra sociedad, Zagatka, por el momento. En concreto son Arturo Fasana, Dante Canónica y Álvaro de Orleans, así como al propio banco Mirabaud y sus gestores.

Corinna Larsen ha anunciado por su parte la interposición en Londres de una denuncia contra el rey emérito. Sostiene que lleva sufriendo acoso, amenazas y una campaña mediática contra ella desde hace ocho años.

En el caso de que se interponga finalmente esta denuncia que prepara el abogado Robin Rathmell -del bufete Kobre & Kim-, Juan Carlos I también tendría que declarar ante la justicia británica si es por hechos ocurridos tras su abdicación, cuando dejó de ser jefe de Estado.

En España, el juez central de instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha reabierto de oficio la investigación sobre las grabaciones de Villarejo a Larsen ya que en ellas se realiza un presunto encargo para espiar a una empleada de la empresaria.

El magistrado de la Audiencia Nacional investiga los supuestos delitos de delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido Larsen, Villarejo y el empresario Juan Villalonga, que fue quien los presentó en Londres. Los tres hans ido citados como imputados los días 7 y 8 de septiembre.

El juez ha dado traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de la conexidad delictiva entre esta pieza del caso Villarejo -denominada Carol-, así como sobre la jurisdicción española ante estos delitos, sin descartarse la ampliación a más delitos.