"En Catalunya está sobre la mesa la posibilidad de una ruptura jurídica" si se aprobase la ley de consultas impulsada por CiU, ERC, ICV y la CUP, asegura Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. La Constitución española es, según el Gobierno y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la voz que el president de la Generalitat, Artur Mas, tendrá que desobedecer si quiere realizar la consulta soberanista. Una desobediencia, si se da, que puede derivar en el tema central del último libro de este jurista: Procesos Constituyentes. Caminos para la ruptura democrática (Trotta), que presentó el miércoles en la librería La Marabunta de Madrid junto a Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, y Carolina Bescansa, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense.

Un libro que, en sus escasas 200 páginas, aborda procesos constituyentes y destituyentes desde la Revolución Francesa hasta las primaveras árabes, pasando por América Latina y que finaliza con la crisis del régimen español de 1978. En ese sentido, el caso catalán supone para Pisarello una "ventana de oportunidad", no sólo para que Catalunya encare su propio proceso, sino para avanzar en el proceso deconstituyente en el Estado español.

"En Catalunya se ha generado un movimiento popular, transversal, plural, en el que participa un espectro muy amplio de sociedad, que pide una consulta. Y eso podría ser oportunidad para otras consultas en otros sitios de España", afirma el profesor, sin referirse estrictamente a consultas soberanistas, sino al empoderamiento ciudadano, a consultas sobre si continuar aplicando la austeridad impuesta por Bruselas, sobre los recortes, sobre los servicios públicos, etc. "Eso puede ocurrir o no. Pero también puede haber una involución, un proceso contrario", advierte. En cualquier caso, "si hay una derrota del proceso en Catalunya, será una derrota para los movimientos de todo el Estado, por eso habría que apoyarlo", explica Pisarello en un claro mensaje a la izquierda política.

Pero ¿tiene claro la sociedad el significado de un proceso constituyente y sus implicaciones? Para Rafael Escudero, una idea fundamental del texto de Pisarello es el riesgo de involución que implica cualquier camino hacia una nueva carta magna. "No debemos idealizar en sí la idea del proceso constituyente", enfatiza, si no hay "una hegemonía suficiente para que el nuevo texto sea garantista y no derive en otro de tipo liberal oligárquico como el actual" o, incluso, "autoritario". Una caso que Jaime Pastor ilustra claramente con los casos de Túnez y Egipto.

El "gatopardismo constitucional" es otro concepto de Pisarello que Escudero pone de relieve para dejar claro que un proceso constituyente conlleva implícita la ruptura y no puede ser una reforma en la que, como decía la película de Luchino Visconti, se cambia todo para que nada cambie. La ruptura, explica Pisarello, puede servir "para democratizar relaciones de poder o para reconcentrarlo por otras vías". Pero este riesgo no es razón, afirma, para no explorar esa vía de transformación social, ya que "es un proceso que permite redefinir las reglas y que puede ser instrumento de acumulación de fuerza que permita la transformación de esas relaciones de poder" que no podrían modificarse de otra forma.

¿Está España preparada para un proceso constituyente?

Para Pastor, en la actualidad asistimos a una "involución democratizadora que genera un déficit creciente de legitimidad [constitucional] porque se rompe el contrato social implícito" en el texto del 78. Para Escudero, el problema es que las garantías de la Constitución nunca se llevaron del texto a la práctica, como el derecho al trabajo o a la vivienda, reconocidos pero sin obligación de garantizarlos. Algo agravado con la reforma pactada entre PP y PSOE del artículo 135 en 2010 para anteponer el pago de la deuda pública a la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía.

Desde que el PP llegó al Gobierno, "ha habido un incremento de la confrontación, un crecimiento de la fuerza destituyente al intensificarse la desposesión de capacidad de la gente para decidir democráticamente sus opciones. Eso nos lleva a un desbordamiento constitucional y también general de los marcos que hemos usado hasta ahora", opina Carolina Bescansa.

Sin embargo, pese al creciente descontento social, la desigualdad en aumento, la pobreza alarmante y la desconfianza de la ciudadanía en las Instituciones que revela el CIS, la acumulación de fuerzas sociales para encarar el cambio de régimen sigue siendo pequeña. "Comparto [con Pisarello] que la crisis de régimen se encuentra en un estadio muy débil, casi incipiente, y añadiría que con carácter contradictorio", expone la profesora, que ve en "la acumulación de esa fuerza destituyente que lleva años circulando" la clave que "permita actuar como palanca".

La rémora del bipartidismo

El plano electoral es para Pisarello fundamental en tanto que la Constitución establece la ley electoral que favorece al bipartidismo. Sin embargo, los procesos constituyentes pueden "neutralizar las fuerzas del régimen que se quiere superar". Y hay pruebas de que el bipartidismo se está resintiendo: según Bescansa, la concentración del voto en dos partidos se situó en las elecciones de 2011 en el 73% (PP-PSOE), un punto por debajo respecto a las primeras elecciones de la democracia, en el año 77. Mientras que el 2008 llegó a su máximo (84%), las estimaciones para las europeas del 25 de mayo lo sitúan en el 69%, lo que para Bescansa es una clara señal de que "el bipartidismo está notando el golpe y se va a seguir resintiendo".

"Si en las europeas hubiera un gran debilitamiento de los dos grandes partidos habría que plantearse un pacto contra ellos. Habría que ver posible una mayoría absoluta al margen de los dos grandes partidos", opina Pastor. Algo en lo que Pisarello ve la clave, poniendo como ejemplo el caso catalán: "Una coalición de partidos con mayoría absoluta podría convocar la consulta, pese a que se impugnara ante el Tribunal Constitucional", porque esa mayoría absoluta ofrece la posibilidad de modificar incluso el propio tribunal.