El Tribunal de Cuentas ha alertado de la gestión de la dependencia está fuera de control al encontrar deficiencias, duplicados y errores en las bases de datos del Imserso y las comunidades.

El informe, al que ha podido acceder El País y que se encuentra en fase de alegaciones sobre la gestión de la dependencia del Tribunal de Cuentas, confirma que esta está llena de irregularidades.

Según el informe, entre la implantación de la ley de dependencia en 2007 y el final de 2018 el Gobierno transfirió a las comunidades más de 284 millones de forma indebida, en concepto del nivel mínimo de protección (por el que se abona a las autonomías una cantidad en función del número de beneficiarios, su grado de dependencia y los servicios que reciben).

El tribunal fiscaliza la gestión de marzo de 2013 a diciembre de 2018, periodo en el que César Antón y Carmen Balfagón, bajo el Gobiernos del PP, y Carmen Orte, bajo el Ejecutivo socialista, estuvieron al frente del Imserso, el organismo que gestiona el sistema de información de la dependencia que ahora depende del Ministerio de Derechos Sociales.

Los graves errores en las bases de datos que provocaron errores en los pagos

Los errores en las bases de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y en las de las comunidades, en las que se encontraban algunas duplicidades y expedientes de personas ya fallecidas provocaron que los pagos fueran indebidos. 

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama de contratación irregular que afecta a las aplicaciones informáticas del Imserso y que pudo deberse a la migración del primer sistema de información del Imserso al nuevo, pues este último solo lo usaban dos comunidades a final de 2018, frente a las ocho que utilizaban el anterior (el resto emplea sus propias aplicaciones y envía su información). Al cruzar las bases de datos del Imserso y las autonomías, coinciden 877.117 beneficiarios, pero la información sobre 199.956 de ellos no es totalmente igual, algo que puede afectar al cálculo del nivel mínimo.

Por ello, en el Imserso constan 76.072 beneficiarios que no aparecen en las bases de datos autonómicas y en diciembre de 2018, se produjo un "abono indebido" a las comunidades estimado en 8,86 millones de euros.

Por otra parte, el tribunal calcula que había 54.847 reconocidos por las autonomías que no figuran en la aplicación del Imserso, con lo cual las comunidades "podrían haber dejado de percibir 5,3 millones" ese mes. 

Personas ya fallecidas constaban como beneficiarias

El informe, con más de 200 páginas reitera las deficiencias en la gestión. Por un lado, el tribunal analizó la base de datos de solicitantes y beneficiarios del Imserso desde su implantación al 31 de diciembre de 2018, periodo en que se han registrado 6,87 millones de solicitudes y 3,84 millones de personas han sido beneficiarias. Pero también estudió las bases de datos autonómicas. El tribunal constata "numerosas incoherencias y falta de información verificada", lo cual compromete "su calidad y fiabilidad".

En el mismo, constan 87 personas que fallecieron antes de que la ley entrara en vigor y que estaban dadas de alta como beneficiarias, generando cerca de un millón de euros en pagos del Imserso a las comunidades en concepto de nivel mínimo.

El 31 de diciembre de 2018 el sistema tenía 2.106 expedientes cuyos titulares habían muerto y por los que las autonomías recibían financiación estatal (cerca de 12 millones de euros).

De 2013 a 2018 se reducen los casos con incidencias o incoherencias pero el tribunal manifiesta la "falta de control por parte del Imserso", pues "la tipología de anomalías y deficiencias se han visto incrementadas tras la implantación" de la nueva aplicación informática, presentado numerosas incongruencias que el tribunal llama a revisar: de 2007 a 2018, el Imserso abonó a las comunidades cerca de 107 millones de euros por importes excesivos en más de 125.000 expedientes y hubo pagos por duplicado, además de otras incidencias.

520 días de espera para recibir la prestación

En 2010 el tribunal señalaba que 14 comunidades incumplían el plazo de seis meses que establecía la normativa para resolver todo el trámite administrativo, en diciembre de 2018 ninguna autonomía resolvía en ese tiempo.

Si de 2007 a 2010 la espera media era de 262 días entre el momento de presentar su solicitud y el reconocimiento de una prestación o servicio, de 2007 a 2018 el tiempo se eleva a 520 días.