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El Gobierno se estanca en dos de sus retos más complejos: la reforma territorial y las relaciones con Catalunya

La Mesa de Diálogo con el Govern de la Generalitat está paralizada desde el pasado mes de septiembre. En Moncloa reiteran que su apuesta por el diálogo es clara y que la situación política no tiene nada que ver con lo que se vivió en 2017 o 2019. Desde Unidas Podemos apremian a Pedro Sánchez para que avance y "sea valiente". 

23/09/2021 mesa de diálogo
Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reúnen en el Palau de la Generalitat antes de que se celebre la segunda reunión de la mesa del diálogo entre el Gobierno central y el Govern catalán en septiembre de 2021. David Zorrakino / Europa Press

"Diálogo y negociación". Son dos de las máximas que desde Moncloa reiteran al tratar cualquier tipo de cuestión sobre posibles reformas territoriales o las relaciones con Catalunya. Ambos asuntos son dos de los grandes desafíos que todavía debe abordar el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que le resta de legislatura. Pese a evidentes avances en la interlocución con el Govern de la Generalitat catalana, la situación hoy en día denota un estancamiento. Los diferentes procesos electorales y el estallido del caso Pegasus, así como las  propias circunstancias externas (pandemia o guerra) han puesto en segundo plano esta agenda. 

El tiempo no juega a favor de Moncloa, ya que a la legislatura le queda menos de la mitad. Las advertencias le han llegado a Sánchez no solo desde ERC, socios habituales hasta las últimas semanas. De este modo, el portavoz de Unidas Podemos-En Comú, Jaume Asens, se lo recordó este jueves en el Congreso con motivo de su comparecencia para explicar el espionaje a independentistas. 

"Le pedí en la investidura que fuera valiente. Con los indultos lo fue. Pero la Mesa de Diálogo no ha conseguido avances. Le pedimos que sea valiente pero queda un año y debemos decidir si queremos ser recordados por algo más. ¿Qué legado quiere usted para este Gobierno de coalición? El diálogo no es un fin en sí mismo, es un medio para algo. ¿Quiere ser recordado por lograr algo grande en el desafío territorial? Falta avanzar en esta agenda", destacó Asens. 

En este punto aparece un mensaje desde el Ejecutivo que lidera Sánchez. "La apuesta por el diálogo desde el primer día de legislatura es clara", insisten. Moncloa recuerda que no sólo la Mesa de Diálogo, convocada en septiembre por última vez pese a las presiones de ERC, ha supuesto un avance. La nueva convocatoria está lejos de producirse en un contexto en el que antes está previsto un encuentro entre Sánchez y el president Pere Aragonès para limar asperezas por Pegasus. Las "agendas" y las elecciones en Andalucía complican el calendario. 

"Se han reactivado las Comisiones Bilaterales después de una década. Por primera vez en diez años se han hecho transferencias a la Generalitat de Catalunya y han ganado competencias que no tenía. Se han establecido comisiones para no judicializar asuntos. Han sido muchos ámbitos", argumentan fuentes de Moncloa consultadas por Público para defender la labor del actual Ejecutivo en el asunto catalán. Aparece también una palabra clave: "desjudicialización" del conflicto.

El mensaje del Gobierno es que la situación política en Catalunya "no tiene nada que ver" con la vivida en los años 2017 o 2019. Pero el espionaje a personas como el propio Aragonès ha enturbiado las relaciones y ha cambiado el foco. "No se ha roto nada y lo importante es que sigue habiendo interlocución", insisten en Moncloa. Además, esta misma semana el Ejecutivo ha vuelto a defender la legalidad y la utilidad que tuvieron los indultos concedidos el pasado año a los presos del procés tras el cambio de criterio del Tribunal Supremo. 

Descentralización y sin reformas en la Constitución

"No se puede fortalecer la democracia si no va de la mano del reconocimiento de la diversidad territorial", señaló Sánchez el pasado mes de octubre. El presidente ya había introducido este tipo de mensajes desde su discurso de investidura realizado en enero de 2020. La "descentralización" de determinadas administraciones públicas es otro de los "pasos" que recuerdan desde Moncloa para poner en valor su gestión. Ya se ha avanzado en algunos procesos que desataron fuertes críticas en figuras de la derecha como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

Lo que no parece que vaya a llegar es una reforma constitucional sobre el modelo territorial. Las posiciones alejadísimas del PP en esta cuestión lo hacen prácticamente imposible, ya que PSOE y UP necesitarían de su participación para abordar cambios en la Carta Magna. Hubo un cierto revuelo con esta posibilidad al nombrar Sánchez a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, como secretario de Reforma Constitucional dentro de la dirección socialista el pasado otoño. Pero nada más allá de la realidad. 

En Unidas Podemos se muestran preocupados con el hecho de que las relaciones entre los socialistas y los grupos independentistas que dieron la mayoría de la investidura se hayan enturbiado. Antes de estallar el caso del espionaje a dirigentes catalanes y vascos, en el espacio confederal ya apreciaban que el trato del PSOE hacia estos partidos había despertado el malestar en ERC y, también, en EH Bildu.

Yolanda Díaz trabajó en una propuesta territorial para llevar a la mesa de diálogo

En este sentido, son conscientes de que la reforma territorial en este contexto es, a día de hoy, una quimera, pero se sienten incómodos con que el socio mayoritario del Ejecutivo no haya ni siquiera apostado por un debate serio que pusiera encima de la mesa propuestas. Recuerdan que no se está pidiendo una reforma con condiciones y plazos, pero sí, al menos, que se recupere la apuesta del Gobierno de coalición por abrir el melón para modernizar el modelo territorial.

Mantener unido el bloque de la investidura pasa, a juicio de Unidas Podemos, por ofrecer una alternativa a la falta de propuestas que hay en la derecha. De hecho, en los últimos meses partidos como Vox y Ciudadanos han hablado abiertamente de eliminar el Estado de las autonomías e ir hacia una recentralización (en el caso de la ultraderecha) y de eliminar el término "nacionalidades" de la Constitución (en el caso de los de Inés Arrimadas).

Para combatir este marco, el espacio confederal considera que no vale solo con preservar el modelo actual y resguardarse en el inmovilismo que supone eludir el debate territorial. Creen que hay que iniciar un diálogo concreto y sin medias tintas sobre esta cuestión, también para que el espectro ideológico independentista se sienta interpelado a participar en la dirección del Estado.

A finales del pasado año, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trabajó de la mano de los comuns en una propuesta propia para llevar a las primeras reuniones de la mesa de diálogo una propuesta que abordaba también el modelo territorial y que le habría trasladado a Pedro Sánchez.

El tiempo apremia, la legislatura encara su recta final y las relaciones entre el Gobierno y sus socios soberanistas son, probablemente, las peores desde principios de 2020. 

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