El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo alcanzado entre PP y Vox sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan".

Para el Ejecutivo, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.

Además, considera que el acuerdo adoptado supone también una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, y que se ha incurrido en desviación de poder por utilizar competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general, tal y como señala el escrito, al que ha tenido acceso EFE.

"No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa", recoge el requerimiento.

En un mensaje en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la medida tomada por el Gobierno: "Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia", ha dicho Bolaños.

Entiende el Gobierno que la corporación municipal no desea limitar el uso de las instalaciones deportivas municipales a actividades de ámbito deportivo, sino excluir la celebración de las festividades religiosas que hasta ahora allí se celebraban "y que resultaban ser las musulmanas que periódicamente se venían realizando en dichos espacios".

El Gobierno argumenta que la exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento "sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos" constituye una restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto y expone que la restricción de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada, basada en criterios objetivos y sometida a control de proporcionalidad, tal y como establece el Tribunal Constitucional.

Relacionado con este tema

Abascal carga contra la Iglesia por su postura sobre Jumilla: de la pederastia a "los ingresos públicos que obtiene"

"La motivación real del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de los criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, no responde sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores", señala el escrito firmado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, María Dolores Guevara.

La motivación del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Jumilla de 28 de julio de 2025 se observa una vulneración del principio de neutralidad religiosa de la Administración y la Administración debe garantizar el uso equitativo de espacios públicos, sin favorecer ni obstaculizar el ejercicio de derechos en función de la confesión religiosa implicada.

Por todo ello, requiere a la corporación local que revoque el acuerdo, que contemplaba la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales y que excluye actos religiosos ajenos a la corporación, por ser contrario al ordenamiento jurídico. 

La 'no declaración' del Ayuntamiento de Jumilla

El Ayuntamiento de Jumilla ha eludido pronunciarse este lunes sobre la impugnación que ha hecho el Gobierno del acuerdo adoptado el 28 de julio en pleno sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana.

"No va a haber declaración por parte del ayuntamiento", han señalado a EFE fuentes municipales después de conocerse la presentación por parte de la delegada del Gobierno en Murcia, de un requerimiento, coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, para dejar sin efecto la iniciativa que salió adelante en el último pleno de julio con los votos favorables del PP y la abstención de Vox.

Relacionado con este tema

El PP de Catalunya está a favor de "controlar celebraciones" como ha hecho el Ayuntamiento de Jumilla

Desde el Partido Popular de la Región de Murcia tampoco han querido pronunciarse hasta el momento sobre este asunto.

La respuesta de la comunidad islámica

El coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, ha celebrado este lunes en declaraciones a EFE el requerimiento presentado por el Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla para anular el acuerdo del pleno que impedía la celebración de actos religiosos en el polideportivo municipal.

"¡Qué buena noticia!", ha exclamado el presidente de la asociación Ucide en Murcia y coordinador de la Comisión Islámica, una entidad que agrupa a las 168 comunidades islámicas censadas en esta región, al conocer la impugnación del Gobierno, presentada al entender que atenta contra la libertad religiosa y vulnera también los principios constitucionales de igualdad y neutralidad confesional de la Administración.

Para el representante de los musulmanes en la Región de Murcia, de haberse aplicado el cambio en la ordenanza reguladora del uso del polideportivo "se hubiera dado un paso atrás importantísimo, se habría retrocedido al menos 40 años".

Ha añadido que la medida aprobada en el pleno de julio por el PP, como enmienda a una iniciativa de Vox que prohibía expresamente los actos de la comunidad musulmana en Jumilla, suponía un "ataque directo contra los derechos humanos y la libertad religiosa", y ha valorado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya recurrido esta medida porque la comisión islámica trabajaba ya en una acción similar ante el ayuntamiento.

Ha advertido, además, de que el Ayuntamiento de Zaragoza iba a debatir una iniciativa similar a la aprobada en Jumilla, por lo que confía en que el requerimiento del Gobierno disuada al resto de corporaciones a debatir iniciativas de este tipo.