Una vez aprobada la prórroga del decreto anticrisis tras un acuerdo sobre la bocina entre los partidos que sostienen el Gobierno, el nuevo plan para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania tendrá que someterse a su examen definitivo en el Congreso. Aunque la Cámara Baja dispone de un plazo de 30 días para convalidar o derogar un decreto-ley, esta prueba de fuego será previsiblemente la segunda semana de julio, según han avanzado fuentes parlamentarias socialistas.

Con la votación ajustada del primer decreto de fondo, la nueva norma impulsada por Moncloa, que prorroga todas las medidas que se habían incluido en el anterior plan anticrisis e incorpora nuevas ayudas (la reducción del abono de transporte público o un cheque directo de 200 euros), encara su paso por el Congreso con el reto de sumar nuevos apoyos.

Esto es, está por dirimirse si, además de contar con el sí de las formaciones que avalaron el anterior decreto-ley, que se salvó gracias al voto favorable de los cinco diputados de EH Bildu, se consigue ampliar esta mayoría ajustada con formaciones como ERC y PP, ya que votaron en contra de las medidas, aunque por diferentes motivos.

A la espera de las conversaciones lideradas por los socialistas con el resto de grupos prosperen en los próximos días (no se descarta que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reúna con las formaciones o mantenga contactos telefónicos, según trasladan desde su equipo), algunos responsables de estos partidos ya han realizado comentarios al respecto, aunque sin desvelar el sentido del voto.

En este sentido, las fuerzas que sostienen al Gobierno en el Parlamento, como ERC, EH Bildu, Más País o Compromís no ven con buenos ojos la rebaja del IVA de la factura de la luz del 10% al 5% contemplada en la prórroga del plan anticrisis, ya que esta medida "pega más en boca de Feijóo", como señaló el pasado jueves el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.

De hecho, los populares, que han tildado el nuevo decreto de "parche" e "insuficiente", han reclamado esta medida en varias ocasiones y se han jactado de que el Gobierno haya aceptado "su propuesta" a pesar de que "llega tarde".

Asimismo, las fuerzas progresistas del Congreso han pedido de forma reiterada al Ejecutivo celeridad a la hora de crear un impuesto a las eléctricas, una iniciativa que se vuelve a posponer en dicho decreto aunque bajo la promesa de que se abordará en una proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos llevarán "en las próximas semanas" al Congreso para que entre en vigor el 1 de enero de 2023, tal como avanzó Pedro Sánchez el pasado sábado.

Con todo, desde ERC reconocen que, dada la necesidad y la urgencia de las medidas, es "muy difícil votar en contra". No obstante, insisten en que el decreto no ayuda a bajar sustancialmente la inflación (situada en más del 8%) al no recoger "medidas estructurales" que alivien los problemas de los ciudadanos para pagar el alquiler, la luz, el gas o la cesta de la compra.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha pronunciado también en esta línea, además de criticar una vez más la "dinámica" del Gobierno de no consultar con los grupos antes de aprobar las medidas en el Consejo de Ministros: "Van por libre", aseveró este domingo en una entrevista a Deia. Asimismo, señaló que la rebaja del IVA de la luz "está bien, a algunas familias puede que les alivie un poquito". Si bien, entiende que esta no es la solución. "Hay que contemplar el problema de manera más estructural. Para mí, la solución es la reforma integral del mercado eléctrico", añadió.

Fuentes parlamentarias de EH Bildu aseguran que todavía están estudiando el decreto-ley. No obstante, entre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno se encuentra la pactada con la coalición abertzale en el marco de la ley de los planes de pensiones, que consiste en el aumento de de las pensiones de viudedad e invalidez no contributivas en un 15%. "Con EH Bildu ganan los sectores más frágiles de las clases populares", aseveró el coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, el pasado sábado, por lo que complica el rechazo de sus cinco diputados a la norma.