El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de retirarle la condición de víctima de la trama del excomisario José Manuel Villarejo en la difusión de parte del contenido del teléfono móvil que fue robado a su exasesora Dina Bousselham.

El recurso de Iglesias ha sido elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En él, el líder de Podemos insiste en que se mantenga su condición de perjudicado en la investigación que se lleva a cabo sobre la "organización criminal" que dirigía Villarejo, donde presuntamente se realizaban maniobras de intoxicación informativa y de desprestigio, como la difusión de algunos mensajes de Iglesias enviados a Bousselham.

La exasesora mantiene a la abogada de Podemos

En su recurso, Pablo Iglesias opta por cambiar de abogado y nombra a Raúl Maíllo como su representante. Y en otro recurso presentado en paralelo, Bousselham mantiene a la abogada de Podemos Marta Flor Nuñez como su letrada.

Se da la circunstancia de que el juez retiró recientemente a Iglesias la condición de víctima e instó a Busselham que nombrara a otro abogado de su confianza porque existía un "insostenible" conflicto de intereses con el líder de Podemos. El magistrado considera que la defensa de Iglesias está "empeñada en limitar" el esclarecimiento del delito y advirtió a la exasesora de que, si no lo hacía, designaría uno de oficio.

Información para tratar de desacreditarle

En el recurso de apelación, el nuevo abogado de Iglesias argumenta a la Sala de lo Penal que, de las diligencias practicadas a día de hoy, "no puede descartarse la hipótesis" de que el robo del móvil de Bousselham fuera una "actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima" sobre él, por lo que "no resulta procedente" que pierda su condición de perjudicado en este proceso.

Los datos contenidos en la tarjeta SD de Bousselham y hechos públicos por medios de comunicación, en especial OK Diario, "han sido utilizados para tratar de desacreditarle siendo perjudicado de dichas actuaciones, por lo que se debe mantener su condición de perjudicado", insiste el letrado de Pablo Iglesias.

La tarjeta no estaba dañada sino que 'no funcionaba'

En otro recurso firmado por Marta Flor Núñez, la exasesora replica al juez Manuel García Castellón que, en contra de lo que él afirma en su último auto, el líder de Podemos no le devolvió la tarjeta dañada, sino que "no funcionaba".

La víctima del robo y difusión de parte del contenido de la memoria de su teléfono asegura que no tiene ningún reproche hacia Iglesias. Lo define como "un amigo" al que nunca le pidió explicaciones de la razón por la que guardó "durante un tiempo" su tarjeta robada, después de que fuera devuelta.

En el recurso, la letrada Núñez argumenta que el juez García Castellón se equivoca, porque el líder de Podemos devolvió la tarjeta a Bousselham en el verano de 2016, como ella ha afirmado en el juzgado.

Iglesias retuvo la tarjeta 'entre cinco y 36 meses'

Dina Bousselham denunció el robo de su teléfono móvil en noviembre de 2015. En enero de 2016 el editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se puso en contacto con Iglesias para entregarle la tarjeta, enseñarle parte de su contenido y explicarle que había llegado de manera anónima a la revista Interviu. 

El líder de Podemos no devolvió la tarjeta a su propietaria hasta el verano de 2016, cinco meses después, según sostiene Bousselham.

En cambio, el juez García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 e instructor de la macrocausa Tándem (o caso Villarejo), destaca que dicha tarjeta estaba dañada y quemada cuando Iglesias se la devolvió a Bousselham. También resalta que el líder de Podemos retuvo la tarjeta "entre cinco y 36 meses". E, incluso, sospecha que esta devolución pudo ser el 27 de marzo de 2019 en el mismo juzgado, cuando citó a declarar a ambos. Este extremo es desmentido por los dos implicados.

El líder de Podemos quiso 'proteger su intimidad'

"Doña Dina ha confiado siempre en que el modo de actuar del Sr. Iglesias y que, en todo momento, como no podía ser de otro modo, la actuación del Sr. Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad", sostiene la letrada Marta Núñez para explicar la razón de la retención de la tarjeta.

El contenido de la tarjeta de Bousselham apareció en un registro al excomisario Villarejo realizado a su vivienda, cuando fue detenido en noviembre de 2017. Iglesias denunció que había sido víctima de las "cloacas policiales" y pidió comparecer como perjudicado en el proceso, el caso Tándem.

El juez García Castellón accedió a esta personación, pero en un reciente auto acordó retirar a Iglesias la condición de perjudicado. El juez apunta a dos posibles delitos en esta pieza: daños informáticos y revelación de secretos.

Pulso entre el juez y los fiscales

El juez creó una pieza separada dentro de Tándem -Dina- para investigar el robo de la tarjeta, y el mantenimiento de esa pieza abierta causa fricciones entre los fiscales del caso y García Castellón.

Un perjudicado puede otorgar el perdón porque así lo contempla el Código Penal en su artículo 201.3. Y la Fiscalía sostiene que Bousselham ha otorgado el perdón, por lo que no es posible investigar a Iglesias: su exasesora no quiere proceder contra él ni tampoco el ministerio público al no existir indicios suficientes.

Por contra, el juez considera que la exasesora no ha otorgado un perdón expreso y cree perseguible el delito de daños informáticos. Así, ha encargado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que investigue la destrucción de la tarjeta de la exasesora para esclarecer quién causó este daño.

Varios diarios digitales están publicando estos días acerca de una supuesta relación cercana entre la abogada Marta Flor Núñez y uno de los fiscales. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción asegura que realizó una investigación interna y concluyó que no había motivo para apartar a este fiscal de la causa Tándem, donde se investiga a Villarejo, porque estos contactos se produjeron a raíz de la denuncia de Bousselham.

Iglesias se encuentra aforado en el Tribunal Supremo, por lo que no puede ser imputado por García Castellón. La instrucción habitual cuando hay indicios sobre aforados consiste en recabar las pruebas existentes e inhibirse después en favor del tribunal donde debe ser juzgado.