Jueces y funcionarios de Madrid y Andalucía tendrán test de anticuerpos

Los jueces, y todos los funcionarios de Justicia de Andalucía y Madrid podrán someterse a un test serológico para comprobar si tienen anticuerpos frente al coronavirus, pero no el resto de las personas que trabajan en los juzgados y tribunales.

Es el resultado de una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes y de los gobiernos autónomos de Madrid y Andalucía, ambos en manos del PP. Los demás funcionarios no serán analizados, dado que los gobiernos central y el resto de autonómicos han optado por seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad que no ha incluido a estos profesionales como esenciales a no ser que presenten sintomatología.

La medida ha causado un profundo malestar en el ministerio de Justicia y en el resto de las comunidades autónomas con competencias en los recursos humanos y materiales de los juzgados y tribunales.

Algunos responsables de Justicia sostienen que estos test de anticuerpos son "simbólicos y tienen un efecto placebo, pero no son una medida real frente a la covid-19". El motivo: Las pruebas de anticuerpos permiten conocer si la persona está contagiada o ha pasado la enfermedad, pero no sirven para prevenir, a no ser que estos análisis se realicen con frecuencia.

"Nuestra obligación es la prevención de riesgos laborales de los jueces y magistrados. Pero quieren que no hagamos los test para no quedar ellos en evidencia porque no pueden o consideran que no deben hacerlo. Todos deberíamos de hacerlo", explican una fuente interna del CGPJ en relación a las competencias que tiene este órgano constitucional.

El CGPJ fue el primero en dar el paso. El pasado jueves anunció que el test de anticuerpos había sido incluido dentro del reconocimiento anual de los 5.400 jueces en activo que realiza Quironprevención. Será ofrecido a los jueces y magistrados ahora que comienza la desescalada en Justicia, con la incorporación presencial en los despachos.

Bronca y anuncio sorpresa

La bronca llegó al día siguiente. Ocurrió durante en la reunión telemática de la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia que dirige el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.Todas a una, las autonomías arremetieron contra los tres vocales del CGPJ que asistían por considerar los test una "actuación unilateral".

Las críticas fueron "muy duras", reconoce uno de los asistentes. "¿Desde cuándo la vida de un juez vale más que la de un funcionario?", preguntaba otro asistente. "Es una medida claramente desigualitaria", sostuvo un tercero.

La sorpresa no quedó ahí. El representante de la Junta de Andalucía anunció entonces que ellos realizarían también los test a todos los funcionarios de Justicia, incluidos los letrados de la administración de Justicia y los fiscales -competencia del Ministerio-, así como los jueces si así accedía el CGPJ. Las pruebas se realizarán a medida que se se vayan incorporando a los juzgados y tribunales durante la desescalada.

Relación enrarecida con los sindicatos

Ambos anuncios han enrarecido la relación de los gobiernos central y autonómicos con los sindicatos de Justicia, que reclaman las pruebas desde el inicio de la pandemia. Mientras, las tres asociaciones de fiscales han pedido para los suyos los mismos análisis que los jueces.

Este lunes, 11 de mayo, la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, anunció que los 9.300 funcionarios y trabajadores de Justicia, junto con los letrados de la administración de Justicia y los Fiscales en este territorio serán sometidos a los test de anticuerpos de coronavirus.

Se da la circunstancia que en la reunión del viernes Ibarrola fue una de las voces críticas: sostenía que los test del CGPJ no eran una medida de prevención de riesgos laborales.

El lunes, Ibarrola aseguró que los test formarán parte del estudio de seroprevalencia en grupos profesionales que realiza la autonomía con los Ministerios Sanidad y de Ciencia e Innovación para  "conocer las verdaderas dimensiones de la epidemia" de la covid-19, explicó a los representantes de los cuatro sindicatos: CSIF, CCOO, UGT, STAJ y Sindicato de Interinos.

"Es un buen sistema para hacer triaje del personal de Justicia", expone una fuente sindical en relación a la necesidad de conocer el impacto del coronavirus en los juzgados y de tomar decisiones de relevos y turnos presenciales. "Las grandes empresas analizan a sus empleados, y no entendemos que no se haga con los funcionarios públicos cuyo trabajo conlleva riesgos". 

Más del 30% de la plantilla de los juzgados y tribunales se han incorporado al trabajo presencial en los edificios. Las plantillas al completo que se incorporará antes del 22 de junio.