Un juez de Barcelona investiga a Pablo Casado por sus declaraciones contra la comunidad educativa catalana

Un juez de Barcelona investiga al expresidente del Partido Popular Pablo Casado por las declaraciones contra el catalán en la escuela que hizo el pasado diciembre, según ha adelantado el diario Ara y ha confirmado la ACN. Casado, que entonces dirigía el partido, afirmó en un acto en Galicia que había maestros con instrucciones de no dejar ir al baño a niños porque hablan castellano. También aseguró que "a los hijos de los policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase y se dice que no pueden estar integrados" y que hay niños a los que se les ponen "piedras en la mochila" por hablar en castellano en el recreo.

El juez investiga al exdirigente del PP por un posible delito de injurias, sin descartar uno de calumnias y otro de odio o discriminación, y lo ha citado a declarar el 30 de enero a través de videoconferencia. La Generalitat presentó en diciembre una querella contra Casado por estas declaraciones, que finalmente ha sido admitida a trámite.

En ese momento, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró que "las declaraciones que hizo Casado las hizo sabiendo que son falsas y atacan al conjunto del profesorado y del sistema educativo", y añadió que el entonces presidente del PP "acusaba de delincuentes al profesorado y a la comunidad educativa".

Batalla del PP contra la inmersión en catalán

Casado hizo estas declaraciones en un acto en Galicia en medio de la polémica política por la decisión judicial que obligó a un grupo de una escuela de Canet de Mar (Barcelona) a impartir el 25% de las clases en castellano. Esta decisión acabaría provocando la aprobación de una nueva ley y un decreto por parte de la Generalitat para intentar blindar el modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela. Un modelo contra el que el PP carga constantemente, también bajo el liderazgo de Feijóo.

La Generalitat presentó primero la querella en el Tribunal Supremo porque entonces Casado tenía condición de aforado, pero poco después la perdió al dejar de ser diputado. El Supremo archivó la querella y el ejecutivo catalán interpuso otra en un juzgado ordinario de Barcelona, que se inhibió a favor de uno de A Coruña porque las declaraciones se habían hecho allí, pero la Generalitat presentó recurso contra el traslado. Y, finalmente, se ha admitido a trámite.

El juez también ha pedido al PP la grabación completa de la rueda de prensa donde hizo las declaraciones. El ex líder popular puede presentar recurso en contra de la decisión judicial.