"Una situación de gran excepcionalidad", una "sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía" y una protesta "pacífica"; esto es lo que percibió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la jornada del 20 de septiembre de 2017, ante la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat. Hace extensible este carácter "pacífico" al resto de movilizaciones en el marco del procés, y denuncia que las cargas policiales para impedir el referéndum del 1-0 respondían a una "instrucción política".

En su declaración como testigo ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, en el marco del juicio al procés, Colau ha respondido a las preguntas de la acusación popular, que ejerce el partido ultraderechista Vox, si bien ha aclarado que tener que responder a los ultraderechistas le generaba una "incomodidad profunda". "Quiero expresar mi incomodidad profunda por tener que responder a un grupo de extrema derecha que creo que amenaza derechos fundamentales", afirmaba Colau al arranque de su intervención.

Así, la alcaldesa de Barcelona ha defendido que el referéndum soberanista no fue "de ninguna institución ni partido", sino "de la gente", y se ha solidarizado con los 12 dirigentes independentistas procesados: "Si estamos aquí por el 1-O, deberíamos estar millones de personas", afirmaba, asegurando que se le "parte el alma" al ver a Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, en prisión preventiva. Como ocurre con Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, Cuixart lleva en prisión desde el 16 de octubre de 2017.

En esta línea, Colau ha puesto el foco en las "cargas policiales brutales" del 1-O, denunciando que estas no surgieron "por iniciativa espontánea", sino por indicaciones políticas que aún no han sido desgranadas y explicadas. "La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad", argumentaba.

De hecho, Colau ha recordado cómo llamó al entonces delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo -también citado como testigo por el Alto Tribunal para el próximo lunes-, para exigir que "lo pararan", en referencia a las "brutales" cargas policiales. La alcaldesa de Barcelona ha denunciado que sólo en esta ciudad hubo 300 personas heridas por las cargas, pese al carácter "pacífico, ciudadano y ejemplar" de esta "movilización".

Hasta la fecha, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la expresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se han desmarcado de la organización del operativo policial, defendiendo la actuación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron contra los ciudadanos que querían votar. Esta misma tarde declarará el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, máximo responsable de la Policía en el Gabinete.

De hecho, como recoge la Agencia EFE, Colau ha aprovechado su salida del Tribunal para asegurar ante los medios de comunicación que Rajoy y Santamaría "faltan a la verdad" en sus declaraciones. "La única violencia fueron las cargas terribles que sufrió la población indefensa el 1-O", zanjaba Colau.