La condena como responsable civil subsidiario para el PP por la reforma en 'negro' de su sede se sumará a otras sentencias en poco tiempo. El juicio por la segunda época de la trama Gürtel (2006-2009), conocida como 'pieza de Boadilla del Monte', arranca el próximo 10 de noviembre. Es la continuación de la primera época (1999-2006), ya juzgada y sentenciada, con la condena del PP por enriquecimiento ilícito, que le costó el gobierno a Mariano Rajoy. El partido fue condenado a pagar 245.000 euros.

En esta causa por la segunda etapa de 'Gürtel' se investigan los presuntos sobornos que las empresas de Francisco Correa, líder de la trama, entregaron a autoridades del municipio madrileño de Boadilla del Monte para obtener licitaciones. La Audiencia Nacional ya consideró probado, en mayo de 2018, en el juicio por la primera época de Gürtel, que el partido de Pablo Casado tenía una caja b desde al menos 1989, una estructura "financiera y contable paralela a la oficial" que se nutrió de aportaciones de la trama corrupta. Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en octubre de 2020. 

Francisco Correa ha confesado y quiere colaborar con la Justicia. Ha presentado un escrito de confesión en la Fiscalía Anticorrupción en el que asegura que hizo de intermediario para facilitar adjudicaciones a determinadas empresas a cambio de que responsables políticos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda se llevaran comisiones. 

El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198 euros, según el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Correa 76 años y medio de prisión, mientras que el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero se enfrenta a 49 años de cárcel y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, podría acabar condenado a otros 64 años y siete meses de prisión. Estos tres acusados ya fueron condenados, junto a otras 26 personas por la Audiencia Nacional a un total de 351 años de cárcel en el primer juicio por Gürtel. 

Los papeles de Bárcenas

La Audiencia Nacional investiga también la correlación entre el dinero negro que ingresó el PP en sus arcas extraoficiales y las adjudicaciones de obra pública concretas. Se trata de una pieza separada del caso Gürtel, conocida como los 'Papeles de Bárcenas', que lleva abierta desde marzo de 2013. El Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga 23 contratos públicos durante el gobierno de Aznar. Tras una prórroga, la instrucción seguirá hasta 2022. 

La macrocausa Púnica por corrupción municipal y autonómica relacionada con el PP de Madrid, València, Murcia y León acumula 16 piezas separadas e imputaciones de peso, como Esperanza Aguirre, expresidenta madrileña, y su consejero, Francisco Granados. La instrucción por la pieza separada que afecta a Aguirre se ha prorrogado este jueves, tres meses más, sin visos de que el juez García-Castellón admita la imputación del PP en la pieza. 

Caso 'Lezo'

Otra figura relevante del pasado del PP se sentará muy pronto en el banquillo: Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y vicepresidente entre 2003 y 2012. En 2017 fue detenido y pasó seis meses en prisión provisional por el caso Lezo, que investiga la supuesta trama de corrupción en torno al Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en Madrid, presidida por González entre 2003 y 2012. A Ignacio González se le incautó una fortuna en Colombia de 5,4 millones de euros presuntamente fruto de comisiones ilegales. 

González se sentará en el baquillo por la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. La Fiscalía Anticorrupción pide para él ocho años de prisión por haber cobrado presuntamente 1,6 millones de euros en comisiones por esta adquisición con fondos públicos. El juez instructor considera que los 21,4 millones de euros que desembolsó el Canal en 2013 fueron un precio "inflado", ya que al año siguiente la entidad brasileña se devaluó en un 50 por ciento. 

La pieza derivada del caso 'Lezo' por la adjudicación a la constructora OHL de parte del trazado ferroviario entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero en 2007 le puede acarrear a González otros cuatro años de prisión, según le pide la Fiscalía; además de una multa de dos millones de euros.