El 23F dejó muchas fotos. Tejero disparando contra el techo del Parlamento: "¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Se sienten, coño!" Los diputados del hemiciclo parapetados bajo sus escaños. A excepción de Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista, Adolfo Suárez, presidente del gobierno, y Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero. Los medios de comunicación agolpados a las puertas del Congreso. O el rey Juan Carlos dando su discurso de madrugada en RTVE. Pero no todo ocurrió en Madrid. A la caída de la noche, con los parlamentarios todavía secuestrados en la capital, los tanques recorrían las principales arterias de la ciudad fantasma de Valencia. La conocida como Operación Turia. Que tuvo un claro protagonista: el capitán general Jaime Milans del Bosch.

Ya tenía algo de experiencia en eso de los golpes de Estado. Cuando era aún benjamín de la Academia de Infantería, allá por julio de 1936, participó en el acantonamiento de las tropas sublevadas en el Alcázar de Toledo. Hasta 69 días de encierro. Un episodio que la dictadura convertiría en todo un símbolo de los éxitos militares del ejército golpista durante la Guerra Civil. Sus participantes, los "héroes del Alcázar", se ganaron un privilegio inédito. La posibilidad de ser enterrados, tras su muerte, en la fortaleza en la que habían resistido en aquellos primeros coletazos de la guerra. Un privilegio del que hizo uso ya en 1956 el general José Moscardó, mando militar que encabezó el golpe en Toledo. Pero no ha sido el único. Hace bastante menos, a finales de los años 90, Milans se sumaba a la lista de militares franquistas resguardados entre los muros del palacio renacentista.

"Un doble golpista, miembro de la División Azul del ejército nazi, recién salido de la cárcel y, sin embargo, enterrado con todos los honores en un edificio histórico", denuncia en conversación con Público Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). "Un edificio de titularidad pública, que depende directamente del Ministerio de Defensa, y declarado bien de interés cultural", añade con incredulidad el investigador. Pero ahí sigue. Milans entró en la capilla del Alcázar en plena democracia, en 1997. Con José María Aznar como presidente del Gobierno y Eduardo Serra como ministro de Defensa. "No son ni por asomo los únicos responsables", advierte Silva. 

"El mismo Gobierno que aprobó la ley la incumple con total impunidad año tras año", critica Emilio Silva

Hace casi tres años que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022. Una norma que prohíbe explícitamente la inhumación de militares ligados a la dictadura en lugares "preeminentes", distintos a un cementerio. Lugares -reza el texto- "que puedan favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración". Aún así, el actual Ejecutivo no ha hecho nada por revertir la situación del Alcázar. No ha hecho nada por sacar ni a Moscardó, ni a Milans, ni al resto de en torno a 200 militares franquistas que descansan en su interior. "El mismo Gobierno que aprobó la ley la incumple con total impunidad año tras año", sentencia el activista.

No es lo que había prometido. "A finales de 2022, la ministra Margarita Robles dijo que se iniciarían los trámites para la exhumación de los cuerpos de los dos militares. Aunque, eso sí, matizó que no corría tanta prisa", recuerda Emilio Sales, presidente del Foro por la Memoria de Toledo. Era verdad. "Después de dos años y pico, no ha habido pasos importantes. Nada que indique que los van a sacar de ahí a corto plazo", asegura Sales. "El interés por acelerarlo me parece poco o nulo". Y el tiempo sigue corriendo. "Como en las próximas elecciones haya un cambio de gobierno, ya nos podemos olvidar. Desde el principio hemos insistido en que había que dejar el tema muy atado, para que luego la derecha no lo pueda echar para atrás", continúa el activista.

No pierden de vista otros deberes pendientes, como la ilegalización de la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, que cada 27 de septiembre conmemora la “liberación” del Alcázar en la Guerra Civil. "No se pueden seguir tolerando estos homenajes. Atentan contra la democracia", valora el activista. No es el único caso de enaltecimiento de la dictadura en torno al Alcázar. "Hace un tiempo entró un grupo de neonazis y desplegó una pancarta en el patio, sin que nadie lo parara", relata Sales. "Mientras Moscardó y Milans no salgan de ahí, se facilita que estas cosas se repitan".

Ni plazos ni régimen sancionador. "Ese es el verdadero problema de la Ley de Memoria", señala Sales. "Es una ley sin desarrollo. Por eso la pueden aplazar e incumplir hasta cuando quieran, sin ninguna consecuencia". No solo afecta a los militares del Alcázar. Calles, plazas y monumentos de toda España siguen honrando a grandes capitostes del franquismo. En detrimento de los derechos de sus víctimas. De la propia democracia. "Si no lo hacen con los casos conocidos como Milans, menos lo van a hacer con los nombres de falangistas que a veces se conocen solo en los pueblos", razona el activista. "Es evidente que ni siquiera por parte del 'Gobierno más progresista de la democracia' hay suficiente voluntad política para atajar esta situación. Para hacer justicia", concluye con indignación.

"Miles de familias víctimas de la dictadura siguen sin verdad, sin justicia y sin reparación", denuncia la ARMH

Desde la ARMH, han decidido pasar a la acción. Lo han hecho registrando una protesta formal, en la que exhortan al ministerio encabezado por Robles a que deje de prevaricar con la vulneración de la ley y a que cumpla -de una vez por todas- con sus obligaciones. "En aplicación de los valores democráticos y con el respeto que merecen las víctimas de la dictadura", remarcan en un comunicado. No solo en el Alcázar, también, por ejemplo, en los panteones militares del cementerio de los ilustres marinos en San Fernando, Cádiz. 

Asimismo, han solicitado información específica sobre el avance de la exhumación de los dos generales. ¿Está verdaderamente en marcha? ¿Por qué se ha retrasado tanto? ¿Cuándo se llevará a término? Público se ha puesto en contacto con el Ministerio para conocer la respuesta a estas preguntas. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha recibido respuesta.

"Es incomprensible que continúen desaparecidos miles de hombres y mujeres que defendieron la democracia tratando de frenar un golpe de Estado en 1936 y que los golpistas y constructores de una sangrienta y terrible dictadura sigan enterrados con honores y recursos públicos", protesta Silva. "Ahora que se conmemoran cincuenta años de España en libertad, es importante recordar que hay miles de familias que no han tenido la libertad de enterrar donde decidan a sus seres queridos. Que ni siquiera han conseguido encontrarlos. Y que siguen sin verdad, sin justicia y sin reparación", sentencia el presidente de la ARMH.