La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, sigue siendo todavía una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes en la negociación por las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial, según han informado a este medio varias fuentes de la negociación, lo que podría retrasar la previsión de que el texto definitivo reciba luz verde en la Comisión de Interior antes de que finalice este periodo de sesiones, en junio.

La norma, aprobada con el único apoyo del PP en marzo de 2015 y duramente criticada por organizaciones sociales y organismos internacionales, está pendiente de enmendarse (incluso derogarse) desde hace cuatro años a propuesta del PNV, que lo ha intentado hasta en tres ocasiones, pero las sucesivas repeticiones electorales han retrasado esta meta.

En esta legislatura, los trabajos en esta dirección han funcionado al ralentí a lo largo de los últimos 17 meses después de que una amplia mayoría diera luz verde a finales de septiembre de 2020 a tramitar nuevamente la iniciativa del grupo jeltzale. Y es que, tras dormir en el sueño de los justos durante poco más de un año ante la continua ampliación del plazo de enmiendas parciales, la norma se encuentra de nuevo encallada en el seno de la ponencia (encargada de elaborar un dictamen).

Los dos primeros encuentros celebrados en enero y febrero entre los ponentes designados por los grupos finalizaron con la revisión de una treintena de artículos, esto es, gran parte de la reforma, dejando para una sesión definitiva la discusión de los puntos donde existe mayor fricción entre la propuesta de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios.

No obstante, las formaciones favorables a la reforma de la ley (PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts) —las derechas se oponen frontalmente a modificarla— decidieron posponer esa última reunión prevista el pasado 1 de marzo para precisamente encontrar un mayor consenso antes de retomar este debate definitivo, que después tendrá que ser ratificado en la comisión y más tarde en el Pleno.

Los principales escollos

Tras varias reuniones, fuentes de la negociación señalan que se han constatado "avances en artículos salteados" relacionados con la organización de las manifestaciones, el derecho de manifestación y la responsabilidad de los convocantes en caso de que haya altercados, aunque sigue habiendo discrepancias en la redacción de estos preceptos, tal como añaden fuentes de ERC, EH Bildu y Junts.

En este sentido, y especialmente en lo relativo a las repercusiones que puedan recaer sobre los organizadores de manifestaciones cuyos eventos se vean alterados, estas fuerzas critican que los socialistas rechazan incluir en la reforma un "cambio conceptual" con respecto al texto vigente impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

A pesar de que se habían acercado posturas en la línea de lo propuesto conjuntamente por los partidos del Gobierno, esto es, exonerar de responsabilidad a los organizadores en los casos en los que no se produzcan hechos violentos, "hay tendencia a mantener una objetivación de la responsabilidad, es decir, atribuirla de forma automática a los responsables de manifestaciones", señalan estas fuentes.

Asimismo, desde estos grupos cuestionan las reticencias del PSOE a derogar las disposiciones que regulan las sanciones por desobediencia o negativa a identificarse (Artículo 36.6), además del precepto que recoge multas por faltas de respeto a los policías (Artículo 37.4), dos de los motivos principales que se esconden detrás del elevado número de sanciones interpuestas desde la aprobación de la ley hace siete años, muchas de ellas en el contexto de manifestaciones y concentraciones pacíficas.

A estos últimos tres apartados, entre otros, hizo referencia la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en una misiva enviada a primeros de febrero al Congreso y al Senado. En dicha carta lamentaba la actual tramitación de la reforma en la Cámara Baja porque "no aborda plenamente las preocupaciones" expresadas en 2018 sobre "la amplia e imprecisa redacción de la ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria".

También, estos grupos insisten en la prohibición del material antidisturbios, más concretamente el uso de las pelotas de goma (en Catalunya fueron sustituidas por proyectiles de foam), mientras que el PSOE aboga por su utilización bajo un protocolo que lo regule. Y algo similar ocurre con la presunción de veracidad de los agentes en los procedimientos sancionadores (no penales), ya que los socialistas solo se abren a matizarlo "siempre que resulte coherente, lógica y razonable".

Estas reticencias a acometer dichos cambios chocan con las aspiraciones de estas formaciones, que ya tildaron de "insuficiente" y "maquillaje" las propuestas planteadas por el Gobierno a esta reforma a través de las enmiendas presentadas por los grupos de la coalición, y complican su aprobación toda vez que los de Pedro Sánchez insisten en la "necesidad de tramitar ya" la reforma, según fuentes de este grupo.

Desde el PNV reconocen que la andadura de la norma en la Cámara Baja "no está siendo sencilla". Por su parte, Unidas Podemos sigue confiando en que en las próximas reuniones (la siguiente está prevista para este martes 7 de junio) "se pueda alcanzar un grado de acuerdo suficiente para que se logren solventar los escollos que han surgido y los puntos que queden por tratar".

La propuesta del Gobierno no gusta ni a unos ni a otros

Esta propuesta de reforma, en los términos en los que está planteada por los partidos que sostienen el Gobierno, ha sido objeto de controversia también fuera del Congreso. Primero fueron los sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles que, aupadas por los partidos de la derecha y ultraderecha mentiras y medias verdades mediante, salieron a la calle para protestar contra las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos por "imponer" una "reforma grillete".

Por otro lado, coincidiendo con los trabajos de la ponencia, el pasado 13 de febrero, más de cien colectivos sociales reclamaron en una veintena de ciudades del Estado español la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada", ya que "el acuerdo de Gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la ley mordaza", tal como aseguró la plataforma que aglutina estas entidades en un comunicado.

Asimismo, cabe destacar que el estallido del caso Pegasus tampoco ha pasado desapercibido en lo relativo a las negociaciones sobre esta norma, pues ERC motivó la suspensión de una de las reuniones convocadas en el seno del grupo de trabajo, según avanzó El País y reconocen a Público fuentes cercanas al diálogo emprendido entre los partidos favorables a la aprobación de la reforma.

Transcurridas varias semanas, y toda vez que los republicanos bajaron el diapasón (aunque las relaciones con el Gobierno siguen estando en la cuerda floja), la responsable de ERC en esta materia, Maria Carvalho Dantas, volvió a asistir al siguiente encuentro convocado el pasado 12 de mayo, "lo que refleja que la situación no era irresoluble", afirman esta fuentes, que acusan a los republicanos de "no ceder" en las negociaciones sobre la ley mordaza por cuestiones "ajenas al contenido", en referencia al caso Pegasus. Por su parte, desde ERC alegan que, a la espera de que se solucione esta crisis abierta con el Ejecutivo, "seguirán sentados en la mesa" para tratar de avanzar en dicha norma, así como en otras iniciativas legislativas para las que sus votos serán relevantes.