El nombramiento de su hija como fiscal, otra victoria del juez Marchena

La condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Tribunal Constitucional no lo remedia antes, corrigiendo la supuesta vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia adolece de criterios sólidos, por la falta de pruebas para determinar que el diputado fue autor de una patada a un policía, según indican fuentes jurídicas a Público.

La polémica consecuencia de la sentencia: la pérdida del escaño de Rodríguez, tras un tenso pulso entre el Supremo y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet --ganado finalmente por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena--, ha abierto una crisis institucional grave, al verse menoscabada la autoridad de la máxima representante de la sede de la soberanía popular, que había decidido, en un primer momento, por votación de la Mesa del Congreso, mantener el acta de diputado a Rodríguez, en base a un sólido informe de los letrados del Congreso. 

No es la primera vez que se produce un pulso entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En el antecedente más claro que existe, el caso Atutxa, también participó el juez Marchena.

Muy distinto al de Meritxell Batet fue el proceder de Juan María Atutxa, histórico político del PNV, presidente del Parlamento vasco entre 1998 y 2005, y de otros dos miembros de la Mesa del Parlamento vasco: Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. En 2003, la Sala Especial del Tribunal Supremo ordenó la disolución de los grupos vinculados con Batasuna en las instituciones vascas. La Mesa de la Cámara vasca decidió no disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), denominación que adoptó Batasuna tras su disolución, porque la sentencia del Supremo no hacía mención a ese partido en concreto.

Además argumentó Atutxa que la disolución de un partido y de un grupo parlamentario son cosas diferentes, al estar el último amparado por el reglamento de la Cámara. La disolución de SA requeriría, dijo el presidente del Parlamento vasco, de la modificación del reglamento; no basta con una sentencia judicial. "Una decisión judicial que por sí disolviera un grupo parlamentario supondría una invasión de esa autonomía inherente al poder legislativo y contravendría el principio constitucional de la división de poderes", argumentó la Mesa vasca. 

Las consecuencias judiciales les llegaron a Atutxa, Knorr y Bilbao a través del pseudo sindicato Manos Limpias, cuyo líder, Miguel Bernard, ha sido condenado a cuatro años de prisión por extorsionar a bancos. Manos Limpias interpuso una querella por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, contemplado en el artículo 410 del Código Penal. En 2007 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco absolvió a Atutxa porque consideró que no había hallado una fórmula legal que le permitiera disolver al grupo. También quedaron absueltos los otros dos acusados. Pero Manos Limpias recurrió en casación al Supremo. 

En 2008 la Sala de lo Penal del Alto Tribunal estimó por mayoría el recurso de Manos Limpias y, en una sentencia cuyo ponente fue Manuel Marchena, condenó a Juan María Atutxa a un año y seis meses de inhabilitación para cargo público y multa de 18.000 euros, mientras que Bilbao y Knörr fueron sentenciados a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa. Los condenaron pidieron amparo al Tribunal Constitucional, que se lo denegó. 

Años después, en 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por haber vulnerado el derecho a un juicio justo y con todas las garantías de Atutxa, Knorr y Bilbao. El Tribunal de Estrasburgo consideró que el Supremo "llegó a su conclusión por deducción, sin escuchar a los interesados, que no tuvieron la oportunidad de exponerle las razones por las cuales negaban haber tenido una intención fraudulenta". Dos años después el Supremo tuvo que revocar su sentencia condenatoria. 

La hija fiscal de Marchena

En su haber, Manuel Marchena también tiene otras sombras de índole más personal. Su hija logró como fiscal la plaza número 36 de las 35 que se habían convocado en 2018. Es decir, se inventó o se reasignó una plaza para Sofía Marchena. 

Sofía Marchena aprobó en 2016 las oposiciones a la carrera judicial, decantándose a la hora de elegir plaza por una de jueza, en vez de por ser fiscal. Es esa una decisión irreversible. Pero una enfermedad la impidió continuar el curso en la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona. El reglamento indica que un alumno que no supere el primer curso tiene que repetirlo con los miembros de la siguiente promoción. 

Sin embargo, en lugar reincorporarse al año siguiente a la Escuela Judicial para ser jueza, Sofía Marchena fue incluida en la promoción de 2018 como fiscal, en una jugada inédita y muy polémica emprendida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tuvo incluso que rebajarle la nota que había obtenido en la oposición para hacerla encajar en la última plaza de nueva creación en la carrera fiscal y así "no perjudicar a nadie", se alegó entonces desde el CGPJ. 

El asunto se complicó más porque el entonces teniente fiscal del Supremo y  número dos de la Fiscalía, Luis Navajas, incumplió presuntamente su deber de abstención a sabiendas al solicitar la inadmisión e inmediato archivo de la querella interpuesta por la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ante la designación a la carrera fiscal de la hija del presidente de la Sala Segunda del Supremo. Navajas había presidido el tribunal calificador de la oposición de Sofía Marchena a la Escuela Judicial.