GRANADA.- El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha abierto una nueva investigación contra el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), que dimitió por su supuesta implicación en una trama de corrupción, y contra la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Fuentes judiciales han detallado que el juzgado instructor investigará los pormenores de la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble del Albaicín del siglo XVI sobre el que el Ayuntamiento firmó un contrato con la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) para su uso y posible compra.

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha abierto la investigación, que ha adelantado hoy el periódico Ideal de Granada, tras la denuncia "bien fundamentada" presentada por la Fiscalía de Granada por los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Esta causa se suma a la conocida como 'Operación Nazarí', aún bajo secreto de sumario, que investiga una posible trama de corrupción y que supuso el arresto de Torres Hurtado y la también investigada Isabel Nieto, junto a funcionarios de Urbanismo y empresarios del sector de la construcción.

La Fiscalía provincial ha actuado después de que la Fiscalía Superior de Andalucía ordenara la apertura de diligencias de investigación.

El juez instructor decidirá la próxima semana si ordena que se acometan las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, han apuntado fuentes judiciales.

La operación para adjudicar la Casa Ágreda a AIDE, una ONG de Marruecos, se aprobó en la junta de gobierno local del 12 de septiembre de 2014, en la que el entonces gobierno del PP certificó la operación, que se consideró una venta "en diferido" porque se pagaba el uso del terreno y se ofrecía la posibilidad de comprar el inmueble una década después.

En esta nueva causa podrían estar además implicados otros investigados por la presunta trama de corrupción que forzó la dimisión de Torres Hurtado y facilitó la investidura de Francisco Cuenca (PSOE) como nuevo alcalde de Granada.

Tras su nombramiento, Cuenca anuló el contrato con AIDE al considerar que la operación podría dañar al patrimonio de la ciudad y después de haber mostrado su oposición al acuerdo cuando estaba en la oposición.

La ONG se había comprometido a costear las obras de rehabilitación del edificio y el contrato se anuló después de que el nuevo equipo de Gobierno incluyese el pago de 260.000 euros por el derecho de uso del inmueble durante cuarenta años.