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Pacto Gobierno-Podemos Sánchez e Iglesias pactan cambiar los delitos de injurias al rey y de ofensas religiosas

Plantean reformas en el Código Penal para impedir que se prohíban manifestaciones sin comunicación previa,  para limitar las identificaciones policiales y para evitar las condenas a piquetes en las huelgas

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Varias personas, reunidas en Girona, queman fotos del rey Felipe VI, tras el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. EFE

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y Podemos para presentar las cuentas públicas de 2019 incluye compromisos extrapresupuestarios, como la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona.

Podemos reivindicaba eliminar lo que considera unos "delitos medievales", pero en el pacto se apuesta por una reforma para "restringir al máximo" la posibilidad de que la discusión libre de diferentes ideas y opiniones sea perseguida penalmente.

En el texto del acuerdo se destaca que España es una democracia madura "que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del derecho internacional".

Se considera así "imprescindible" un debate público en el que se expresen libremente ideas y opiniones, "sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentes ideologías y concepciones sobre la vida" y se coincide en que una persecución penal "desincentiva claramente" ese debate libre e informado.

El delito contra los sentimientos religiosos está tipificado en el artículo 525 del Código Penal y ha provocado procesos judiciales como el de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el del actor Willy Toledo.

Ese artículo castiga con multa de ocho a doce meses a quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

Las injurias a la Corona, por su parte, están recogidas en los artículos 490 y 491, con penas que van desde multas a condenas de entre seis meses y dos años de prisión.

Reforma de la ley mordaza

El Gobierno y Podemos también han consensuado propuestas para la ponencia que se constituirá el próximo jueves en el Congreso para reformar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

Sobre la proposición inicial presentada por el PNV, apuestan por revisar "en profundidad" las garantías del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, así como del derecho de reunión, para que "en ningún caso" la ausencia de comunicación previa impida su ejercicio, siempre que sea de forma pacífica.

No más de dos horas retenidos en comisaría

Respecto a la actuación policial, el texto del acuerdo subraya que deberá tener como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos", que los agentes deberán llevar siempre una la identificación una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.

El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan".

Pero, asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran "hiperregulacion" de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.

En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una "cadena perpetua", y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.

Delitos sexuales

El Gobierno y Podemos han acordado tambien impulsar una reforma del Código Penal que introduzca el consentimiento expreso de la víctima en la tipificación de los delitos sexuales. El objetivo es que la falta de consentimiento se convierta "en clave nuclear" en este tipo de delitos.  "Si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no", se argumenta en el pacto.

El pacto pretende "blindar que solo es sí es sí" por ley. Según argumenta el texto, para erradicar la violencia sexual "se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación".

Asimismo, la norma implicará "la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de 'agresiones sexuales'". Es decir, eliminar la diferenciación entre delito de abuso sexual y el de agresión, una propuesta formulada por Unidos Podemos es la ley de Libertad Sexual registrada el mes de julio en el Congreso.