El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe investigar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco del caso Dina sobre el presunto robo del móvil a una exasesora del partido.

Un día después de recibir el escrito del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, donde pedía investigar a Iglesias, la Sala de lo Penal del Supremo ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia y el contenido de esta exposición razonada.

García Castellón se dirigió al Supremo dada la condición de aforado de Iglesias y pidió que se le investigase por los presuntos delitos de descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito.

Una vez que la Fiscalía emita su informe, cinco magistrados estudiarán si abren causa contra el vicepresidente, que ha descartado dimitir y ha considerado "imposible" e "inconcebible" que el Supremo acepte la petición del juez.

El magistrado del Supremo Andrés Palomo será el ponente de la resolución que establecerá si el alto tribunal investiga a Iglesias. Junto a él están en la sala de admisión el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.

El juez del caso Villarejo considera que Iglesias usó de forma fraudulenta el procedimiento judicial donde se investigaba el presunto robo de la tarjeta de móvil de Dina Bousselham, exasesora del partido, para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.

Los argumentos del juez

En su escrito, califica de "consciente y planificada" su "actuación falsaria" y le acusa de fingir "ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales".

Según su tesis, bajo las instrucciones de Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina "como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en la web OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos".

El juez indica que Iglesias recibió la tarjeta en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio, comprobó que tenía archivos de carácter muy íntimo y, "pese a ello", la guardó durante un tiempo "sin decírselo a su propietaria". Cuando se la devolvió, señaló, ésta ya estaba "inservible para su funcionamiento".

La exposición razonada también incluye a la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo; a los letrados de Podemos Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo; a Dina Bouselhan y a su pareja Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

En caso de que el Supremo decida abrir una investigación se nombraría un instructor, distinto de los magistrados de la sala de admisión. Sería entonces cuando se contemplaría la citación de Iglesias, previo suplicatorio del Congreso, si bien suele darse la opción de que pueda acudir voluntariamente a prestar declaración.