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Pleno del Congreso La derecha insiste en Venezuela y la inmigración frente a un Gobierno que se centra en la agenda social

Casado también le preguntará a Sánchez sobre el paro y Arrimadas sobre la neutralidad de las instituciones públicas en la sesión de control al Ejecutivo. El Congreso debatirá la eliminación del plazo máximo de instrucción penal, una propuesta de Podemos.

Pablo Casado Santiago Abascal Congreso
Los presidentes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, conversan en el Congreso / EFE

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar este martes las denominadas tasas Google y Tobin, dos herramientas tributarias que buscan ampliar la capacidad recaudatoria y que, junto a un plan para combatir el fraude fiscal (que también se podría aprobar en la misma reunión), conforman una batería de medidas para sostener la previsión de ingresos del proyecto presupuestario de Pedro Sánchez.

Unas horas después del Consejo, el Congreso debatirá cuestiones como las fórmulas de acatamiento de la Constitución por parte de los diputados o la reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La estrategia de los partidos conservadores para hacer oposición al Gobierno apenas variará en la segunda sesión plenaria de la legislatura. Tanto el martes como el miércoles (en la sesión de control al Ejecutivo), el PP y Vox emplearán sus recursos parlamentarios en centrar el debate en cuestiones identitarias y en mantener vigentes asuntos como Catalunya o la inmigración irregular.

El martes, el Pleno arrancará con una propuesta de los de Pablo Casado para reformar el Reglamento del Congreso. Los conservadores quieren que se introduzca en el texto legal una directriz expresa y concreta respecto a la forma en la que los parlamentarios electos deben acatar la Constitución para formalizar su cargo.

En la constitución de las Cortes, celebrada en diciembre, diputados de ERC, JxCat, Unidas Podemos o Bildu, entre otros, acataron la Carta Magna incluyendo en su promesa cuestiones como los presos catalanes, los derechos humanos o la justicia social. Estos discursos molestaron a PP, Vox y Cs, que pidieron a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no diera por válidas las fórmulas de acatamiento, algo que la tercera autoridad del Estado rechazó amparándose, incluso, en jurisprudencia existente sobre este asunto.

Ahora los de Casado van más allá pidiendo que se introduzcan en el Reglamento las fórmulas "sí, juro" y "sí, prometo" sin que pueda preceder ni proseguir "ninguna otra expresión a dicha afirmación que vacíe, limite o condicione su sentido propio". El PP pide que si no se acata la Constitución de esta manera, el diputado electo no podrá adquirir la condición plena de parlamentario.

Posteriormente, se debatirá una proposición de ley de Unidas Podemos para eliminar el plazo máximo de instrucción penal. La iniciativa se basa en la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un plazo máximo de seis meses (con posibilidad de ampliación en determinados supuestos) para la instrucción de procesos judiciales.

Este plazo posibilitó la absolución del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez por el denominado 'Caso Pasarelas', ya que el juez dejó pasar los seis meses de límite para comenzar con la instrucción del caso. El plazo límite se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de una reforma promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.

Casado recupera la economía en la sesión de control

Tras monopolizar el debate del Pleno de la pasada semana, el PP volverá a la carga el martes con la reunión entre el ministro de Transportes y la vicepresidenta de Venezuela. En esta ocasión se trata de una moción que viene de la interpelación planteada, precisamente, el pasado miércoles y defendida por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Los encargados de interpelar al presidente del Gobierno en la sesión de control del miércoles serán Pablo Casado, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas. El líder del PP se saldrá del guión seguido por los conservadores en las últimas semanas y preguntará a Sánchez por el desempleo. Abascal preguntará "quién dirige realmente la política del Gobierno", y Arrimadas cuestionará si el líder del Ejecutivo "va a velar porque las instituciones del Estado estén al servicio de todos los españoles".

Sin embargo, aunque los primeros espadas de los partidos de la oposición se centren en estas cuestiones, gran parte del resto de diputados de PP, Vox y Cs que interpelarán a los ministros preguntarán por asuntos como la inmigración o Catalunya. La diputada de la formación de ultraderecha Teresa López Álvarez preguntará al ministro del Interior si el Gobierno "va a dejar de fomentar la inmigración ilegal".

La sesión del miércoles se cerrará con una interpelación urgente de Vox sobre "las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña y en otros posibles territorios de España en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la competencia transferida, la Administración autonómica aplica fraudulentamente dicha legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir indultos encubiertos".