Las responsabilidades a exigir al rey emérito en caso de su posible regreso a España antes de final de año han vuelto a dividir al Gobierno de coalición, cuyos dos socios tienen posturas enfrentadas e irreconciliables en este asunto.

Ya se visualizaron el pasado 6 de diciembre durante la celebración del Día de la Constitución, donde el presidente del Gobierno instó a que la Carta Magna se defendiera de 'pé a pá' incluyendo que la forma de Estado es la monarquía parlamentaria; mientras el diputado de Unidas Podemos y secretario de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, pedía un referéndum sobre la monarquía.

El archivo de la causa en Suiza contra el rey emérito volvió a poner en evidencia que las posturas políticas de los partidos que conforman el Gobierno de coalición son muy diferentes.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se puso de lado ante este asunto. Tirando de argumentario, vino a decir que su partido respeta todas las decisiones judiciales. Y al ser preguntado si había que exigirle explicaciones al rey emérito si decidiera volver a España, indicó que esa decisión le corresponde solamente a la Casa Real y que su partido no tiene nada que decir al respecto.

Y prácticamente repitió las mismas palabras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo que al Gobierno solo le cabe aceptar las decisiones judiciales y no opinar sobre ellas. "Ni de las decisiones que tome la Justicia en España ni las de otros países", añadió.

A nivel oficial, la parte socialista del Gobierno tampoco quiere ir más allá. El mensaje es el mismo que lanzó Sicilia desde la sede socialista de Ferraz, con el añadido de que desde el Ejecutivo se defiende la figura y la actuación del actual jefe del Estado, que la quieren separar de las investigaciones que persiguen al rey emérito.

Unidas Podemos señala a la monarquía como institución

En este sentido, la parte socialista del Gobierno dice que la decisión sobre la vuelta del rey emérito corresponde exclusivamente a la Casa Real, aunque con toda seguridad será una decisión consensuada y supervisada por el Ejecutivo, una tarea en la que habitualmente está implicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El otro socio del Gobierno, Unidas Podemos, mantiene una posición distinta a la del PSOE en cada uno de los argumentos que se relacionan con una posible vuelta de Juan Carlos I a España. Para Podemos, el regreso del monarca debería responder "exclusivamente" a la obligación que a su juicio tiene el emérito de dar explicaciones tanto a los tribunales como a la ciudadanía, y su vuelta, por lo tanto, no debería ser pilotada por la Casa Real.

En la misma línea, la portavoz de Izquierda Unida, Sira Rego, manifestó que el "rey emérito debe responder ante la justicia" por los casos que aún siguen abiertos y que lo suyo es que "tuviera exactamente el mismo tratamiento que otro ciudadano".

Si el PSOE se afana por separar a la institución monárquica de Juan Carlos I, en Podemos repiten cada vez con más contundencia que el problema es, precisamente, la monarquía, y no solo la persona que está al frente de Casa Real en cada momento. 

El pasado sábado durante un acto de la formación morada, su secretaria general y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró que la monarquía se había convertido  en "el mecanismo más perfecto para la corrupción porque el problema no es quien ostente el cargo, el problema es que cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo que hizo Juan Carlos I".

Este lunes Pablo Fernández, portavoz de Podemos, fue más allá y aseguró que "la monarquía es una estructura para cometer corrupción". Hace más de un año, en agosto de 2020, la huida de Juan Carlos I a los Emiratos Árabes supuso un motivo de conflicto importante entre el PSOE y Unidas Podemos, ya que el ala socialista del Ejecutivo conocía los planes del monarca y de la Casa Real y no informó a su socio.

Si el PSOE participa o es sabedor de unos eventuales planes de Juan Carlos I para regresar a España, esto no es conocido por Unidas Podemos, que podría poner sobre la mesa un nuevo conflicto en el seno del Gobierno si el supuesto deseo del rey emérito de volver se hace realidad. En este aspecto, la parte socialista del Gobierno en la mayoría de los casos ha informado de estos asuntos a su socio de Gobierno.