MADRID.- El Partido Popular estrena Código Penal, al haberse convertido en la primera formación política imputada (ahora investigada) en un proceso penal. En concreto, en la causa abierta por la destrucción física de los discos duros de los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas.

La responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos fue introducida el año 2012 en el Código Penal, a instancia del ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón. Dos años antes se había impuesto la responsabilidad de las personas jurídicas.

La juez de instrucción 32 de Madrid, Rosa Freire, ha citado como investigado al Partido Popular para el próximo 12 de febrero, y la formación política aún no ha desvelado qué representante comparecerá para dar explicaciones sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas, cuando éste ya estaba imputado en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.

En la causa abierta por la destrucción de los discos duros han declarado esta semana como investigados la gerente del partido, Carmen Navarro, quien sustituyó a Bárcenas, así como el abogado del PP, Alberto Durán.

Ambos responden jerárquicamente ante María Dolores de Cospedal, la secretaria general de este partido que cuenta con una estructura muy piramidal. Por encima sólo queda el presidente, Mariano Rajoy.

Es posible que el PP opte por enviar a un representante procesal. La reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 establece en su artículo 119 que la comparecencia ante el juzgado "se practicará con el representante especialmente designado de la persona jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma". En caso de que no asista el representante, se interrogará al abogado de la entidad.

Otra opción es que acuda como representante el propio Alberto Durán, quien pasó esta semana de testigo a ser citado como investigado, también para el día 12, por su participación en la destrucción de los discos duros.

Las acusaciones afilan sus argumentos. Si acude un representante procesal, protestarán ante la magistrada al considerar que se trata de una persona que desconoce los hechos que se investigan. Si comparece el propio Durán como representante del PP, se podría dañar su derecho de defensa, ya que los intereses del partido como persona jurídica pueden divergir del abogado como persona física investigada.

Los ordenadores no constan en el inventario del PP

La investigación avanza a buen ritmo. El responsable informático del partido, Javier Barrero, ha dejado claro este miércoles que los ordenadores de Bárcenas no eran del Partido Popular. Lo ha asegurado de forma indirecta: "yo no los compré. Y el responsable de comprarlos soy yo", ha declarado en el juzgado.

Barrero no sólo compra los equipos informáticos, sino que es el responsable de mantener un registro anual con el inventario de los equipos. En dicho registro no constan los computadores de Bárcenas.

La destrucción se produjo el 3 de julio de 2013, pasadas las 18 horas. Barrero ha demostrado en el juzgado que él había dejado ya su puesto de trabajo al haber terminado su jornada laboral. Es más, él se hubiera negado a destruirlos, "porque es una irresponsabilidad", dado que tanto Bárcenas como su antecesor Álvaro Lapuerta estaban ya imputados por la Audiencia Nacional en el caso Gürtel.

Barrero ha declarado como investigado a petición de una de las acusaciones populares, la que ejerce el Observatori Desc de Derechos Humanos. Sin embargo, el resto de las acusaciones no han pedido nada contra él, sino que defienden que comparezca en el futuro como testigo.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el caso del borrado de los discos el pasado 15 de febrero ya que no se había practicado prueba alguna antes de archivarlo.

Con una nueva juez al frente del juzgado, la instrucción se retomó esta semana con la declaración del propio Bárcenas, del exjefe de seguridad de la formación política Antonio de la Fuente -también cuñado de Bárcenas- y, este miércoles, de la gerente, Carmen Navarro, y del exjefe de informática.