El referéndum sobre la independencia de Catalunya anunciado para el 1 de octubre será vinculante, y en caso de que el resultado sea afirmativo, el Parlament proclamará la "república catalana" de forma inmediata. Así lo han explicado este martes los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, que han hecho público, en un acto en la cámara, los detalles de la ley que regulará el referéndum. Una ley que apela al derecho a la autodeterminación y los tratados internacionales para establecer un "régimen jurídico excepcional" que prevalezca sobre la ley española. Y que, a diferencia de la consulta del 9N, contempla que el referéndum sea formalmente como cualquier otra cita electoral: con el mismo censo, a los mismos locales, y con los integrantes de las mesas designados por sorteo.

El proyecto de ley deja inequívocamente claro, en su artículo cuarto, que "el resultado del referéndum tendrá carácter vinculante", sin ningún porcentaje mínimo de votos ni de participación para dar validez a este resultado. "Si el recuento de los votos válidamente emitidos da como resultado que hay más de afirmativos que negativos, implica la independencia de Catalunya", establece el texto. E incluso detalla que, en este supuesto, el Parlament proclamará la independencia "dentro de los dos días siguientes" al recuento de los votos. En caso de resultado contrario a la independencia, se convocarán elecciones autonómicas, también de forma "inmediata".

Un proyecto aún no tramitado

El proyecto de ley -que aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria, para esquivar previsibles impugnaciones por parte del gobierno central-, pretende también blindar jurídicamente tanto la convocatoria y celebración del referéndum como las personas que participen. Y siempre desde la legalidad catalana. El articulado proclama que el Parlament, actuando como "representante del pueblo de Catalunya", y amparándose en los tratados internacionales que recogen el derecho a la autodeterminación, establece un "régimen jurídico excepcional", que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto ", y que regulará la convocatoria y la celebración efectiva del referéndum. Asimismo, se especifica que "todas aquellas autoridades, personas físicas y jurídicas que participen" en la "preparación, celebración y / o implementación del resultado del referéndum", tanto de forma directa como indirecta, "quedan amparadas" por esta misma ley .

"Esta ley debe interpretarse de acuerdo con lo derechos humanos y el derecho internacional", ha explicado la diputada de Junts pel Sí y número dos de ERC, Marta Rovira, en su intervención en el acto. "Es un derecho irrevocable. Este derecho ya lo tenemos, y lo que hacemos es ejercerlo", añadió.

Los ayuntamientos, obligados a colaborar

La ley también pretende descargar las administraciones locales de la decisión de participar o no en el referéndum, por la vía de requerir directamente que participen. Así, se establece que los ayuntamientos deberán ofrecer "los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación". Aunque se contempla que, "en caso de que no sea así", la Generalitat "podrá habilitar locales alternativos para garantizar la emisión del voto".

Los ayuntamientos deberán ofrecer "los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación"

Del mismo modo, el proyecto de ley también quiere evitar el recurso a los voluntarios para formar las mesas electorales. Estas se compondrán de un presidente y dos vocales, además de dos suplentes, que serán designados "por sorteo público" entre los electores menores de 70 años. Y se deja claro que "los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios", como en cualquier convocatoria electoral, y se regula el procedimiento para alegar la imposibilidad de acudir a las mesas. Igualmente se regula el procedimiento para que los partidos puedan designar interventores en los colegios electorales.

La ley incluso regula la cesión de espacios de propaganda electoral gratuita a los partidos en los medios de comunicación públicos, en proporción a su representación en el Parlament. Los partidos tendrán derecho a un 70% de estos espacios. El 30% restante se reserva para "las organizaciones interesadas, acreditadas de acuerdo con el número de firmas presentadas", en una formulación que abre a entidades como la Asamblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural. También se explicita que se fomentará "la presencia de observadores electorales internacionales".

La Sindicatura Electoral de Catalunya

Para fiscalizar todo el proceso, la ley contempla la creación de un nuevo órgano "permanente", la Sindicatura Electoral de Catalunya, que estará integrada por "cinco vocales, juristas o politólogos de prestigio expertos en procesos electorales" designados por el Parlament a propuesta de los partidos.

Así como el proyecto de ley todavía no se ha empezado a tramitar, el acto de este martes, aunque solemne y formal tampoco tiene ninguna validez legal, y ha tenido lugar fuera del pleno, con un formato más parecido al de una rueda de prensa, y convocado por los grupos de Junts pel Sí y la CUP. Con una coreografía bien estudiada: ocho oradores, cuatro de cada uno de los grupos convocantes, con un reparto del tiempo similar.

“Nos habría gustado hacerlo de otra manera”

De hecho, el diputado de Junts pel Sí y dirigente del PDeCAT, Jordi Turull, se ha excusado en parte por el formato del acto, atribuyéndolo al papel de los partidos no soberanistas. "Nos hubiera gustado hacerlo de otra manera", ha dicho, y ha recordado que la idea primigenia era "una ponencia conjunta" de todos los partidos del Parlament. Pero que "aquellos que ahora nos dicen que huimos adelante fueron al Tribunal Constitucional para hacer que esta ponencia conjunta no fuera posible".

"Nos acogemos al derecho internacional de la autodeterminación" declara Salellas 

"No es un trabajo de trazo grueso", añadió Turull, aludiendo al nivel de detalle del articulado. Una opinión que ha compartido Salellas, que ha asegurado que este está "construido de una manera extraordinariamente técnica". Sobre el amparo legal de la convocatoria, el mismo Salellas ha insistido en que "nos acogemos al derecho internacional de la autodeterminación". Sin embargo, su correligionaria Gabriela Serra ha reconocido -y ha exhibido- que se trata de un "acto de desobediencia". "Nos han dicho por activa y por pasiva que esto no se puede hacer, y que si lo hacíamos nos castigarían", recordó. Para proclamar que tanto el referéndum como el proyecto de ley anunciado este martes son un "acto de coherencia" para "obedecer el mandato" de los ciudadanos en las últimas elecciones al Parlamento.

Ausencias y presencias

Al acto estaban invitados "los 135 diputados del Parlamento", según han recordado los convocantes. No han acudido, -como era previsible- los representantes de los partidos que se oponen al referéndum, Ciutadans, PSC y PP. Sí han estado presentes otros invitados que "han contribuido" al proceso hacia el referéndum, como los diputados de ERC en el Congreso Gabriel Rufián y Joan Tardà y expertos y juristas. También estaban -en primera fila- algunos de los parlamentarios de Catalunya Sí Que Es Pot, concretamente tres: Joan Giné, el líder de Podemos Cataluña, Albano-Dante hecha -que se ha sentado junto a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal-, y el dirigente de EUiA -y secretario tercero de la mesa del Parlamento- Joan Josep Nuet.

También han asistido algunos de los miembros del Gobierno: el vicepresidente Oriol Junqueras y los consejeros Raül Romeva y Toni Comín. No ha participado el presidente Carles Puigdemont, que se reserva para otro acto similar esta tarde, en el Teatre Nacional de Catalunya. Un acto abierto al público, en el que se explicarán los pasos concretos que dará el Gobierno para convocar y celebrar el referéndum. Pero que -también para esquivar posibles impugnaciones desde el estado-, ha sido convocado formalmente por JxSí y la CUP, y no por el Ejecutivo.