MADRID
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, ha firmado finalmente el acuerdo entre el Gobierno saudí y el español para la construcción por parte de Navantia de cinco corbetas tipo Avante 2200 que se construirán en el astillero público Navantia y cuyo coste asciende a casi 2.000 millones de euros.
Una vez que el astillero reciba la copia del contrato comenzará un periodo de tres meses para su entrada en vigor. La materialización de la venta se ha prologando durante casi tres años, ha sufrido numerosos retrasos y en las negociaciones ha puesto especial empeño la Casa Real española.
La firma del contrato se aceleró el pasado 12 de abril cuando el príncipe saudí realizó una visita a Madrid, ciudad en la que firmó con la entonces ministra de Defensa española, María Dolores de Cospedal, el acuerdo de intenciones entre ambos gobiernos.
De la firma del contrato se hizo eco este martes la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en su cuenta de Facebook: "Me informan que ha sido firmado el contrato de Navantia con Arabia. Es sin duda la mejor de las noticias para San Fernando; muy esperada esta carga de trabajo para nuestros astilleros, que lleva consigo la generación de empleo para nuestra ciudad".
La venta reportará grandes beneficios para Navantia, ya que se trata de la mayor exportación de su historia. Además, según el presidente del comité de empresa de Navantia, además de los 1.100 empleados de plantilla en la factoría, en algunos momentos de la construcción entrarán a trabajar en el dique hasta 3.000 empleados de industria auxiliar.
En este acuerdo Navantia y Arabia Saudí crean una empresa mixta que será pública conjunta, y se encargará de gestionar el contrato de construcción de las corbetas, así como su desarrollo. Las corbetas se construirán en España pero las dos últimas se entregarán en Arabia, donde se terminarán de instalar los últimos remates.
Un régimen involucrado en la guerra de Yemen
La operación siempre ha estado rodeada de polémica y protestas por lo que supone vender armas a la dictadura de Salmán bin Abdulaziz, que viola los derechos humanos con ejecuciones de presos y torturas y participa en la guerra civil de Yemen con una intensa campaña de bombardeos.
Este conflicto, denominado "la guerra olvidada" por Amnistía Internacional, ha provocado más de 3.000 muertos civiles (entre ellos 700 niños), 2,4 millones de desplazados por los combates y ha dejado al 83% de los 25 millones de yemenís necesitados de ayuda humanitaria.
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