Podemos quiere dar un peso importante a las políticas energéticas de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Así lo deja ver el programa electoral marco presentado por la formación morada en el que el partido da un peso importante al despliegue de energías renovables y la creación de comunidades energéticas que, además de reducir la factura y la huella de CO2, democraticen la producción de energía.

El partido liderado por Ione Belarra es consciente de que el despliegue de plantas fotovoltaicas y de parques eólicos está generando tensiones en las zonas rurales. Los movimientos vecinales de la llamada España vaciada consideran que se está utilizando el campo para plantar unas infraestructuras que, en determinadas ocasiones, impactan en el paisaje y que además producen una energía que mayoritariamente no se consume en el territorio, sino en las grandes ciudades. Para tratar de rebajar esa tensión, la formación morada plantea que los pueblos y territorios que cuenten con parques energéticos tengan una rebaja del 30% en sus facturas.

La rebaja sería sufragada por "un canon" que pagarían las empresas productoras de energía propietarias de las centrales. Podemos deja claro que esta medida se aplicaría a todas las plantas de energía, independientemente de si son solares, eólicas, nucleares u otras tecnologías. Además, la formación quiere que esa rebaja de factura y ese canon se aplique también a las instalaciones asentadas en el mar.

No es la única medida dirigida a rebajar la tensión generada en algunos puntos de España por el despliegue de renovables. El programa plantea que se obligue a realizar consultas ciudadanas en los municipios y núcleos urbanos cuando se quiera instalar una planta de energía situada a menos de 10 kilómetros de distancia. Se deberá, asimismo, dar la opción de que un 30% de las participaciones de cada nueva instalación puedan ser adquiridas por vecinos o entidades locales.

El partido también quiere que haya participación pública en las nuevas macroplantas renovables que se instalen para fomentar la "justicia territorial" en las zonas productoras de energía. "Para llevar a cabo la necesaria transición energética, no puede ser que se instalen grandes plantas que afectan al paisaje, al ecosistema y a la tierra fértil y vuelven a especializar al territorio en una única fuente de empleo; y menos aún si esto se hace sin contar con la voz de los vecinos y vecinas y sin que el territorio obtenga una compensación justa por ello", expone el documento presentado este sábado.

A todo ello, se suma un plan para incentivar el autoconsumo con el despliegue de techos o cubiertas solares. Se pretende que todos los edificios de titularidad pública tengan sus propias placas fotovoltaicas y se darán ayudas para que puedan colocarse en tejados privados. El partido entiende que el despliegue de renovables es la principal herramienta para reducir las emisiones de CO2 y combatir la crisis climática, y pretende fomentar, desde el ámbito municipal, la creación de comunidades energéticas en las que participen los vecinos de pueblos y ciudades para rebajar la huella de carbono asociada al consumo doméstico de energía.