Este artículo se publicó hace 3 años.
El PSOE se enfada por el uso que Vox, PP y Cs hacen de una comisión de investigación en Andalucía
"Es una de las vergüenzas más importantes a la que la derecha ha sometido al Parlamento en muchos años, ya que la está utilizando de una manera miserable simple y llanamente para agredir al PSOE", afirma el portavoz parlamentario
Sevilla-
La comisión de investigación parlamentaria de la Faffe, una fundación pública que se extinguió en el año 2011, cuya actividad está siendo investigada en un juzgado de lo penal, se ha situado de nuevo como uno de los ejes de la política andaluza.
Vox, PP y Ciudadanos han llamado de nuevo a declarar, después de un intento fallido, entre otros, a la expresidenta y secretaria general del PSOE, Susana Díaz, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a María del Carmen Ibanco, ex trabajadora de la Fundación, y esposa del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, lo que ha causado un tremendo enfado en el PSOE, que tachó de "cacería" la actitud de la derecha. Unidas Podemos lamentó que Vox, PP y Ciudadanos hayan tratado de convertir la comisión en un "circo".
La comisión de investigación está hecha a la medida de PP, Ciudadanos y Vox, que suman mayoría y, por tanto, tienen la capacidad de decidir quiénes comparecen y quiénes no, cuándo lo harán y –en el momento en que decidan clausurar la comisión– aprobar las conclusiones.
Para el PSOE, la comisión de la Faffe es "una de las vergüenzas más importantes a la que la derecha ha sometido al Parlamento en muchos años", ya que la "está utilizando de una manera miserable simple y llanamente para agredir al PSOE". El portavoz parlamentario, José Fiscal, añadió: "La derecha no tiene ningún empacho en utilizar las instituciones. No les importa la verdad en absoluto".
Las razones de fondo, más allá de las políticas, de la voluntad de erosionar al adversario, por las que ahora, en pleno juicio por la caja B del PP, llaman a la expresidenta de la Junta y a la hoy ministra, exconsejera de Salud y Hacienda en Andalucía no están claras. Montero no tuvo relación jerárquica con esa fundación, que estaba adscrita a la Consejería de Empleo, y cuando Díaz entró en la Junta de Andalucía, la Faffe estaba extinguida y sus trabajadores formaban parte ya del Servicio Andaluz de Empleo.
Espadas reclamó a Vox, PP y Ciudadanos que reflexionasen si su esposa, que trabajó en la Faffe desde el año 2007, podía aportar algo importante para "la investigación que dicen que está haciendo esa comisión". "Es inaceptable. Cuando en política se superan determinadas líneas rojas, creo que se pierde la ética, que es un elemento fundamental para moverse en sociedad y que desde luego debería ser una pauta fundamental en política", añadió.
Díaz ya ha anunciado que irá a las primarias para liderar el PSOE; Montero ha sonado como la favorita del sanchismo durante mucho tiempo, y Espadas podría dar el paso para competir en esa elección con la expresidenta. Así, por lo que pueda pasar en el PSOE, la estrategia de la derecha es clara: igualar a todos los nombres que suenan. "Lo importante no es el rival en el PSOE. El futuro candidato "tendrá sobre su espalda los 37 años que han lastrado a esta tierra y esta tierra ha cogido el tren del futuro", resumió hace unos días el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), preguntado sobre su opinión de Espadas.
Corrupción
La comisión de la Faffe –Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, abierta en el Parlamento de Andalucía a principios de la legislatura, ha servido hasta ahora, fundamentalmente, para que PP, Ciudadanos y Vox agiten el recuerdo de la corrupción en los años de Gobierno de Manuel Chaves, que heredó el presidente José Antonio Griñán.
El conocido como escándalo Faffe está siendo investigado por la vía penal en un juzgado sevillano e incluye injustificables, grotescos y sórdidos episodios, como el gasto prolongado en el tiempo con cargo al erario público -mediante una tarjeta de crédito que cubría la Junta de Andalucía- de más de 30.000 euros en burdeles. El director de la Faffe, Fernando Villén, que hoy no milita en el PSOE, según el partido, fue el presunto responsable de tales hechos.
La investigación policial y judicial ha revelado además un rosario de presuntas irregularidades, que tienen que ver con la gestión de los fondos contra el paro: concesión de millonarias subvenciones sin los requisitos ni la justificación pertinentes y con numerosas contrataciones presuntamente fraudulentas, en otras palabras, enchufes.
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