A través de frías cartas, la Consejería andaluza de Igualdad, que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos), anunció a las asociaciones que gestionan el programa de atención en fin de semana y festivos a personas con discapacidad en situación de dependencia que el servicio no iba a ser renovado, tal y como adelantó la periodista Eva Saiz, en el diario El País.

La decisión afecta de manera directa a 81 personas –y a sus familiares y cuidadores–, según los datos oficiales, que venían disfrutando del servicio, que se ejecutaba mediante un sistema de copago, en el que la administración ponía una parte del coste, desde el año 2009, cuando el entonces gobierno socialista puso en marcha el servicio, que sobrevivió, aunque mermado y en decadencia, a los años más duros de la crisis.

En las misivas, a una de las cuales ha tenido acceso Público, la Consejería afirma –en un estilo burocrático– que el programa desaparece porque, en el proceso de “revisión de todos los convenios suscritos por la Agencia de la Dependencia de Andalucía”, se ha detectado que estos, los que afectan a este servicio, “correspondían a un programa piloto que nunca llegó a desarrollarse y que por tanto no cuentan con ningún fundamento normativo que los sustente”.

Público contactó con la Consejería tras la publicación en el diario El País de la noticia. La respuesta que dio el Gobierno, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, a este diario sobre la liquidación del servicio fue la siguiente: “Se trata de un programa que fue piloto y que carecía de sustento legal. Es una prestación que no está recogida en la Ley de Dependencia. La demanda ha sido escasa, ha ido perdiendo solicitantes a lo largo de los años y no se adaptaba a la finalidad del centro de día”.

El programa comenzó en el año 2009, a través de un sistema de convenios, de duración anual prorrogables por años sucesivos, “salvo denuncia expresa de alguna de las partes”, lo que ahora ha sucedido.

La Junta de Andalucía ha acabado de un día para otro, de un plumazo, con esta prestación. Igualdad aseguró a Público sobre la situación en la que quedan las personas afectadas por la decisión lo siguiente: “Se está realizando un análisis del sistema de respiro familiar para hacerlo más eficiente y que cubra estas demandas”.

El problema de la derivación a los programas de respiro, tal como están hoy configurados, es que la estancia mínima es de 24 horas, lo que implica que la persona dependiente se queda a dormir en el centro. Es decir, que es un concepto diferente al de estancias de horas durante el día en festivos y en fines de semana.

Alarma, enfado, preocupación 

La decisión del Gobierno ha causado alarma, enfado y preocupación entre los familiares afectados, entre las asociaciones que gestionan los centros y que han venido trabajando en el desarrollo del programa y también ha provocado que la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, se ponga a trabajar el asunto, con la idea de defender el servicio, según las fuentes consultadas por Público.

Diferentes ayuntamientos y administraciones en España se han ocupado estos años, tras la promulgación de la Ley de Dependencia, de elaborar programas de respiro en fin de semana y festivos. Complementarios de los programas y 
talleres que se ocupan del día a día, atienden a las personas en situación de dependencia, y también sirven para descargar a las personas –en su inmensa mayoría mujeres– que se ocupan de ellas del estrés y del cansancio que les genera la atención permanente.

“La familia que se encarga de su familiar dependiente acumula cansancio físico y psicológico que tendrá que ser corregido mediante el disfrute de momentos de descanso, de ocio, de tiempo libre. El rol de cuidador debe sustituirse. Es hora de las relaciones sociales, de las relaciones de pareja, de liberarse del constante cuidado y de atender facetas de la vida que en el día a día se desplazan, se aparcan o se olvidan”, se afirma en discapnet, de la Fundación ONCE, un portal web destinado a las personas con discapacidad.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos aseguró a Público que ya en 2015 el Ejecutivo del PSOE ya dijo que iba a eliminar el programa. Sin embargo, los anteriores ejecutivos no le quitaron el servicio de un plumazo a alguien que ya lo tuviera adjudicado. En este caso, 81 personas.