La regulación de los 'riders'La patronal reconoce que hay relación laboral entre empresas y 'riders', que dejarán de ser falsos autónomos

El Gobierno, los sindicatos y la patronal han coincido este miércoles en reconocer que existe relación laboral entre las plataformas digitales de reparto y los denominados riders, por lo que en su relación debe mediar un contrato y, por lo tanto, no podrán ser falsos autónomos.

A este consenso se ha llegado en la última reunión de la mesa de diálogo que aborda la regulación de las plataformas digitales, después de que la división en el seno de la patronal paralizase las negociaciones y de que el Ministerio de Trabajo advirtiese de que desarrollaría una regulación aunque no se cerrase un acuerdo con el empresariado.

A principios de diciembre, la patronal se encontraba radicalmente dividida entre aquellas empresas que defendían la necesidad de regular las plataformas digitales (por entender que tenían ventajas producto de operar en torno a un marco completamente desregulado y que, por lo tanto, había una situación de competencia desleal) y aquellas otras que defendían la situación actual.

En base a esa división, el empresariado anunció al resto de interlocutores del diálogo social (Gobierno y sindicatos) que no negociaría más hasta aclarar esta postura, lo que de facto paralizó los trabajos de la mesa durante varias semanas. Finalmente, el Ministerio de Trabajo optó por desbloquear la situación convocando una reunión definitiva (la de este miércoles) y avanzando que, para no otorgar derecho a veto al empresariado, aunque la patronal no se sumara al acuerdo avanzaría en la regulación de las plataformas digitales y seguiría adelante con el proyecto de ley.

En la anterior mesa, además, Trabajo había presentado una última propuesta que recogía la necesidad de incorporar a la ley la jurisprudencia del Tribunal Supremo (que había reconocido en una sentencia la relación laboral entre un rider y Glovo) y que trataba de cumplir con las exigencias de los sindicatos acerca de la creación de un registro de plataformas digitales.

No habrá más reuniones, aunque se seguirá trabajando

Desde Trabajo siempre se ha defendido que la creación de este registro podría ir en contra de varias directivas europeas (la UE no dispone aún de un marco regulatorio para las plataformas digitales), además de que sería una competencia que recaería en el Ministerio de Economía. 

La propuesta de los de Yolanda Díaz abogaba, en cambio, por reformar el Estatuto de los Trabajadores para que los representantes sindicales pudieran conocer cómo afectan los denominados algoritmos que emplean las plataformas digitales a las condiciones laborales de sus trabajadores. 

Según fuentes del diálogo social, este miércoles tanto la patronal como los sindicatos han llevado a la mesa su propia propuesta (en el caso del empresariado, después de la división que ha sufrido durante todas las negociaciones) y Trabajo se ha comprometido a sintetizar un nuevo texto en base a los dos documentos presentados.

Sin embargo, el Gobierno mantiene que esta ha sido la última reunión del diálogo social acerca de plataformas digitales y que los trabajos que se desarrollen de ahora en adelante tendrán un carácter técnico para tratar de pulir el texto que debe dar lugar al proyecto de ley. 

Los sindicatos no están conformes

Acabada la reunión, UGT y CCOO hicieron público un comunicado conjunto en el que no se muestran muy conformes con el desarrollo de la última reunión. De hecho, advierten que en este encuentro no se ha cerrado un texto definitivo.

En el comunicado se dice que ambos sindicatos confían en que el texto final que elabore el Ministerio de Trabajo se reconozca claramente la condición de trabajadores por cuenta ajena a los "riders" como establece la sentencia del Tribunal Supremo, pero lamentan que la intención expresada por el Gobierno se limite este reconocimiento a los repartidores, "y no abarque a quienes, en las mismas condiciones descritas por la sentencia del Supremo, realizan su trabajo para otras plataformas digitales que están utilizando de forma fraudulenta el trabajo autónomo", afirma la nota.