El adelanto electoral anunciando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes tras el varapalo en los comicios municipales y autonómicos ha conllevado la disolución de las Cortes y, en consecuencia, decaen todos los proyectos y proposiciones de ley que estaban pendientes de terminar su tramitación en el Congreso y de validación en el Senado.

Son decenas, algunas de ellas, de relativo peso y de aprobación cercana o incluso inminente, como la ley de familias, la ley sobre desperdicio alimentario, la ley de movilidad sostenible, la ley del defensor del cliente financiero, la de cine o la de enseñanzas artísticas.

También volverán a la casilla de salida proyectos que acumulaban grandes retrasos en la fase de enmiendas y que se veían difíciles o imposibles de tramitar durante la ajustada recta final para las elecciones generales que, hasta este lunes, se preveían para diciembre. Del mismo modo, acaban en nada compromisos y propuestas que sirvieron al PSOE para desbloquear determinadas negociaciones o capear temporales políticos momentáneos, como la ley de secretos oficiales, la de libertad de expresión o la de bebés robados durante la dictadura franquista, cuyas dilaciones siempre han generado malestar en Unidas Podemos.

En total, se quedarán sin aprobar más de 60 leyes: 25 de ellas en vigor al ser aprobadas mediante decretos ley; otras ocho impulsadas por el Gobierno; y alrededor de una treintena presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Estas son las principales leyes que el adelanto de las elecciones se lleva por delante:

Ley de Familias

Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, era una de las normas clave para la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra. Se aprobó el pasado 28 de marzo en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y debía tramitarse por la vía de urgencia en el Parlamento, pero ha sufrido diversas trabas en el camino, se ha ampliado hasta seis veces el plazo de enmiendas y el último vencía este próximo miércoles.

Contemplaba avances significativos en materia de conciliación laboral y familiar, además del "pleno reconocimiento jurídico de todo tipo de familias a través de los distintos servicios sociales". Las familias se quedarán tres permisos para cuidados, uno de ellos, de cinco días para la atención de familiares de segundo grado o dependientes hospitalizados. Otro no retribuido de hasta ocho semanas para progenitores con hijos de hasta ocho años y otro de cuatro días por ausencia para atender a un familiar que requiera atención inmediata. Decaen con la norma toda una batería de reconocimientos para las familias más vulnerables y la equiparación de los beneficios por familia numerosa a las formadas por un solo progenitor (más del 80% de las cuales tienen a una mujer al frente) con dos hijos a su cargo o cuando estuvieran encabezadas por una víctima de violencia de género.

Ley de desperdicio alimentario

Tras aprobarse en Consejo de Ministros en junio de 2022, esta norma pionera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación buscaba poner a freno a la comida que acaba en el contenedor de la basura, que se calcula en unos 1.400 millones de kilos por hogar cada año. La norma, a punto de tramitarse en el Senado tras su aprobación en el Congreso hace dos semanas, contemplaba multas de hasta 60.000 euros para las empresas que no elaboraran un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Afectaba a toda la cadena alimentaria y establecía una jerarquía para los excedentes de alimentos, priorizando el consumo humano a través de donaciones, pero también para el aprovechamiento de productos para consumo animal o producción de compost en caso de que no fueran aptos para las personas.

Ley de movilidad sostenible

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguraba que esta norma era de las que sí podían ver la luz antes de fin de legislatura. El Consejo de Ministros validó el proyecto de ley en diciembre y lo remitió a Cortes para su tramitación por la vía de urgencia, pero medio año después seguía atascado y ya no verá luz.

Entre las medidas que incluía estaban la consolidación de las llamadas zonas de bajas emisiones, que restringen el tráfico sobre todo en el centro de las ciudades. La ley sentaba las bases para que los ayuntamientos introdujeran tasas o peajes para acceder a las almendras centrales de una forma homogénea para todo el país y reducir así las emisiones de gases contaminantes. Pretendía que las empresas de más de 500 empleados tuvieran que diseñar planes de movilidad sostenible hasta los centros de trabajo o la restricción del tráfico en las inmediaciones de colegios e institutos para conseguir entornos escolares más seguros.

Ley del defensor del cliente financiero

Aprobada en el Pleno del Congreso hace poco más de una semana, estaba pendiente de validación en el Senado, pero la disolución de las Cortes ha echado por tierra una de las leyes con las que el Ministerio de Asuntos Económicos quería reducir el laberinto de los usuarios y la indefensión a la hora de litigar con las entidades financieras. La norma establecía un mecanismo de resolución de conflictos entre bancos y clientes que no implicara necesariamente la vía judicial. Se iba a crear una autoridad independiente cuyas decisiones fueran vinculantes y que se pronunciaría sobre las reclamaciones en un plazo no superior a 90 días.

Ley de función pública

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros este proyecto de ley que se contemplaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenía el visto bueno de CCOO y UGT, aunque fue criticado por CSIF, el mayoritario entre los trabajadores públicos. También seguía la vía de urgencia parlamentaria. Entre otras medidas, contemplaba incentivos salariales a la productividad, elevaba al 30% las plazas de promoción interna, recogía nuevas exigencias para personal directivo y regulaba el desarrollo de las carreras profesionales dentro de las Administración General del Estado.

Ley de bebés robados

La primera vez que se llevó al Congreso la ley de bebés robados durante la dictadura franquista fue en 2018, impulsada por las asociaciones de afectados. En 2020 tuvo el respaldo de once partidos, pero desde entonces la proposición de ley lleva encerrada en el cajón del periodo de enmiendas, cuyo plazo se ha prorrogado alrededor de cien veces.

PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para desbloquear su tramitación el pasado marzo y saldar una histórica deuda con los al menos 30.960 recién nacidos que les fueron arrebatados a sus madres entre 1944 y 1954, según la Audiencia Nacional. Además de financiar exhumaciones a cargo del Estado y de proporcionar atención legal y psicológica a los afectados, la medida impulsaría un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" sobre los casos, la conservación de restos óseos que pudieran guardar relación con los casos y el acceso a archivos del Estado y de la Iglesia para las investigaciones.

Ley sobre la ELA

La Proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y de sus familias fue presentada por Ciudadanos y debatida en el congreso en marzo de 2022. Se aprobó su toma en consideración por unanimidad, pero más de un año después, la medida sigue bloqueada en el parlamento y tendrá que comenzar de cero su tramitación en la próxima legislatura.

Ley de Salud Mental

Aunque ha sido Íñigo Errejón el diputado que más ha destacado por poner la salud mental y el drama de los suicidios en el centro del debate político, fue Unidas Podemos la que impulsó una proposición de ley en materia que se admitió a trámite en el Congreso en septiembre de 2021. Desde entonces se han prorrogado sus periodos de enmiendas y el PSOE zanja la cuestión con la actualización de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, que introdujo un presupuesto de 100 millones euros y un teléfono de atención al suicidio activo 24 horas al día. Sin embargo, no resulta suficiente para un país en el que se suicidaron once personas al día en 2021.

Ley de secretos oficiales

Quizás sea una de las proposiciones de ley que más tiempo lleva aguardando su momento, pero tampoco será esta legislatura. El PNV presentó en 2020 su propuesta de reforma de esta norma franquista que sigue prohibiendo el acceso a información clasificada de momentos fundamentales del pasado reciente. La intención era reducir a 25 años el plazo de ocultación de la información clasificada y a diez años el de la información reservada. Pero solo llegó a ser un anteproyecto de ley que el Gobierno usó para calmar los ánimos con ERC y otros socios parlamentarios cuando explotó el caso Pegasus.

Ley de libertad de expresión

Acabar con los delitos de injurias a la Corona, a las Instituciones del Estado, contra los sentimientos religiosos o la interpretación del enaltecimiento del terrorismo fue un debate que se abrió desde la izquierda con el impulso de numerosos colectivos sociales después de una larga sucesión de condenas a tuiteros, artistas y raperos. Unidas Podemos llevó al Congreso la ley de libertad de expresión en 2021 y desde entonces no ha habido avances en su tramitación por las reticencias del PSOE a eliminar del Código Penal estos supuestos que han recibido duras críticas también desde el plano internacional.

Otras proposiciones de ley decaídas

Además se quedarán si tramitar otros proyectos del Gobierno como la ley de trata, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros en noviembre; la prohibición de la prostitución, impulsada por el PSOE tras los desencuentros con Unidas Podemos durante la aprobación de la ley del solo sí es sí; o la Ley de Representación Paritaria, aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros, y que obligaba a que hubiese una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales, los órganos constitucionales y órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También las religiones minoritarias en España no se beneficiarán, finalmente, en esta legislatura, de la equiparación fiscal acordada con el Gobierno, ya que al disolverse las Cortes Generales, todas las leyes en tramitación decaen, entre ellas, la Ley de mecenazgo, a través de la cual se quería articular esta reforma.