Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, afirmaron este martes en el Parlamento de Andalucía, en el trámite de audiencia a los agentes sociales, que la nueva Ley del Suelo que impulsa el Gobierno de Juanma Moreno (PP), en coalición con Ciudadanos, podría dar lugar a un fomento de la "especulación", según UGT, y abrir la puerta a un "urbanismo a la carta", para CCOO.

Ecologistas en Acción, fue aún más contundente: habló de puntos inconstitucionales y afirmó con claridad que la norma supone una "involución" y una "desregulación" al "eliminar la prohibición de vivienda en suelo rústico", al liquidar "los límites al crecimiento" y también algunos informes y porque, a su juicio, la ley "privatiza la tramitación de los expedientes urbanísticos".

Tanto Ecologistas como CCOO reivindicaron la función social del urbanismo que consideraron ausente de la norma. 

El objetivo declarado del Gobierno andaluz con esta norma es recuperar la construcción como un motor económico. Para Moreno ("es un texto clave para ordenar nuestro territorio y un revulsivo económico para muchísimos municipios" considera el presidente), esta ley es estratégica. Y ha logrado tramitarla, después de que Vox y el PSOE (tras el relevo de Susana Díaz por Juan Espadas) cambiaran de su postura inicial. 

La ley favorece a quienes más tienen, a los que se permite construir, con escasas limitaciones, en suelos rústicos hoy vetados. "No queda claro dónde está el suelo urbanizable. Estamos ante la posibilidad de especulación en suelo rústico", afirmó Clara de la Colina, de UGT.

"Sorprende la celeridad con que se queden resolver los trámites, en particular los del agua. Hay desregulación y nos suena un runrún, el de la burbuja especulativa, a la par que se reduce el papel de la administración. Puede generar graves daños ambientales, territoriales, y fomentar la especulación", afirmó Yolanda Carrasco, de CCOO.

Para la sindicalista, la norma persigue "atraer inversión, otorgando fuerte protagonismo a los actores empresariales", algo que a CCOO le causa dudas: "Reclamamos un modelo urbanístico responsable con la ciudadanía. Hay retroceso en las garantías ambientales. [Una legislación] para el acceso de todas las personas a vivienda y la mejora de los barrios marginales brilla por su ausencia. El urbanismo, como función pública debe dar un servicio a la ciudadanía", afirmó Yolanda Carrasco.

Intereses privados

La dirigente sindical fue muy clara en su análisis de la ley: "Se apuesta sin reservas por lo privado para los planes urbanos: hace dejación de funciones el Gobierno andaluz. Los legítimos intereses particulares y económicos de lo privado no pueden condicionar el urbanismo sostenible. Se insiste mucho en la figura del project manager, con el objetivo de convertir Andalucía en un territorio atractivo para la inversión extranjera, eliminando de paso los informes ambientales y los controles administrativos. [La norma] propugna un modelo de administración con comportamientos y reglas propios de la iniciativa privada. Manifestamos nuestra preocupación porque [provoque] un urbanismo a la carta para satisfacer a las demandas e intereses de las empresas eliminando la función social y de interés general de carácter publico".

Juan Antonio Morales, de Ecologistas en Acción, manifestó un "profundo desacuerdo con el proyecto: es una ley social, ambiental y económicamente retrógada que tergiversa el significado del principio de sostenibilidad". Morales hizo un análisis somero de la especulación con los precios del suelo ("el mercado del suelo no cumple la ley de la oferta y la demanda: el exceso de suelo tiene un efecto inflacionario sobre el precio") ya alumbró la manera de atajar el problema: darle la vuelta como un calcetín a la filosofía subyacente a la norma y, en lugar de favorecer intereses privados, seguir "el principio de función social del urbanismo".

Morales agregó que la "nueva ley supone un importante retroceso respecto a la maltrecha situación actual": "Se potencia la creación de planes, pero no se penaliza su incumplimiento, lo que supone una verdadera invitación a la especulación". "Esta ley va a incrementar la conflictividad por la discrecionalidad que emite", remachó Morales.